Ahora resulta, ¡válgame Dios!, que no es una sino tres las demandas planteadas ante las cortes de Nueva York contra el Scotiabank de Canadá por un conjunto de ex accionistas del grupo financiero Inverlat, en reivindicación de los compromisos pactados a la compra de éste.
Ahora resulta, además, que entre éstos sí se encuentra el ex presidente de la intermedia.
ria a su privatización, es decir, Agustín F. Legorreta, reputado por décadas como el prototipo de los banqueros del país.
Más aún, ahora resulta que el puñado de reclamantes, entre ellos Xavier Autrey y Marcos Katz, a quienes los canadienses nombraron como presidente y vicepresidente del grupo financiero al asumir el control, representa 50 por ciento del capital original de éste? con opción de ir subiendo al camión a otro 20 por ciento.
La explicación es simple: algunas de las acciones se resguardaron en fideicomisos en los que participan 25, 30 o 50 personas físicas. Y si le seguimos, ahora resulta que no es el ex vocal independiente de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, Alejandro Creel Cobián, el promotor del pleito? por más que a la primera oportunidad sube al ring a quien se deje. Y ahora resulta que el ex ejecutivo del banco que trascendió a la llegada de los canadienses sí tiene condición de reclamante, al poseer un puñado de acciones de lo que fuera el banco Inverlat, si bien a nombre de su esposa.
El hecho es que los reclamos del grupo que logró contactar a un despacho de abogados de Nueva York que se la juega a porcentaje de lo perdido-lo-que-aparezca? y de pasadita el cártel de haber vencido al poderoso banco canadiense de Nueva Escocia, apunta a tres vías. La primera habla del compromiso planteado por el gobierno zedillista y reconocido por los canadienses de mantener en manos de los ex accionistas de Inverlat un paquete equivalente a nueve por ciento del capital a condición de que fueran elegibles, es decir, que no le hubiesen provocado quebranto alguno a la intermediaria vía la ubicación en cartera vencida de préstamos relacionados, digo como se les llama a los autocréditos.
La segunda habla de reivindicar otro de los puntos del acuerdo a que se llegó cuando el Scotiabank, dueño de cinco por ciento del capital del ex Inverlat, alcanzó mayoría con la compra de un paquete de Obligaciones Subordinadas Convertibles en Acciones equivalentes a 45 por ciento, es decir, poner a disposición de los accionistas mexicanos otro 36 por ciento, sea para adquirirlo a precio de libros o para cederlo a título gratuito.
La condición, en este caso, estaba sujeta a la recuperación de la cartera de préstamos en problemas de pago, lo que obligaba al Scotiabank a separar las cuentas buenas de las malas, es decir, los créditos con etiqueta de incobrables, para hacer un corte de caja en el 2000. El movimiento no lo realizaron los canadienses.
La tercera habla de haberse pactado la venta de un paquete adicional del capital de la intermediaria a los ex accionistas que quisieran hacer valer su derecho de tanto. Lo curioso del caso es que los compromisos se hayan pactado a contrapelo de un dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que hablaba de que el capital del banco aportado por el grupo que acudió a su privatización se había extinguido totalmente.
Digamos que al gobierno de Zedillo le temblaron las piernas para cerrar el expediente con la toma del banco, acaso porque el golpe implicaba enfrentarse a un ejército de siete mil accionistas, empezando por el propio Legorreta, alguna vez presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Por lo demás, la respuesta del Scotibank al juez de la causa en la capital mundial de las demandas, en su exploración primaria para aceptar o rechazar las querellas, se centra en una sola palabra: extemporaneidad. El reclamo, pues, está fuera de plazo.
Sin embargo, del otro lado de la mesa se habla que algunos ex accionistas se enteraron hasta el año pasado de los derechos adquiridos, por más que la compra al IPAB, heredero del Fondo Bancario para Protección al Ahorro, de uno de los paquetes de la discordia, el de 36% del capital, se consolidó en 2002.
Desde otro ángulo, se alega que la idea de acudir a los tribunales surgió del propio IPAB, ante casos en los que se ubicaba a la esposa de un accionista como elegible, pero a éste no.
Ahora que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nunca definió con claridad cuáles eran al detalle los requisitos de elegibilidad, por más que el 27 de octubre de 2003 se publicó en el Diario Oficial el ?Procedimiento de asignación de acciones del capital social del grupo financiero Scotiabank-Inverlat?.
La oferta que en diciembre siguiente hacía el banco canadiense a los accionistas con derecho era de un precio por papel de 1.275 veces el valor en libros del banco, es decir, 3.06 pesos por cada uno de los 271 millones que integraban el paquete. Como lee usted, pues, el enredo es mayúsculo.
Ahora que la madeja es signo vivo del desaseo con que el gobierno instrumentó lo que llamó paradójicamente rescate bancario.
Balance general
La razón por la que el Sindicato Minero aceptó levantar el paro ilegal que mantuvo durante cuatro meses en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, más allá del reconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia como interlocutor de la empresa en materia laboral, fue una promesa de la Secretaría de Gobernación de otorgarle la toma de nota a éste por parte de la Secretaría del Trabajo. Entreguen las instalaciones, pues, y al día siguiente regresa su líder.
Más aún, el compromiso hablaba de aceptar como válida la expulsión de Elías Morales, a quien la dependencia había reconocido como dirigente en febrero pasado, tras el intento de llevar a Gómez Urrutia a la vicepresidencia del Congreso del Trabajo. El caso es que a la hora de la verdad la propuesta hablaba sólo de permitirle al grupo afín a Gómez Urrutia plantear una terna de la que saldría su sucesor.
Los nombres se barajarían en una asamblea extraordinaria a la que no podrían acudir ni Gómez Urrutia ni Morales.
Más aún, en una segunda fase se debería aceptar la fragmentación del sindicato en dos ramas, una para minería y otra para siderurgia? cada una de las cuales tendría sus propios dirigentes y sus estatutos.
El fiasco, como se podrá colegir, fue de escándalo.
Lo que no se sabe es si el pacto, del lado de la contraparte, incluía la promesa de otorgarle a la firma acerera con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, una serie de prerrogativas fiscales para resarcirla de las pérdidas provocadas por el largo ayuno de producción. Estas por lo pronto, con promesa o sin ella, las instrumenta ya a toda velocidad la Secretaría de Hacienda.
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Lo dramático del asunto, frente al amago de la Secretaría de Economía de reducir a cero los impuestos de importación de seis mil productos químicos, en afán de abrir la puerta a una catarata proveniente de países asiáticos, es que de suyo la balanza comercial de la industria es deficitaria.
Peor aún, el desequilibrio entre importaciones y exportaciones se ha agudizado en el actual sexenio.
Si en 1995 éste llegaba a mil ocho millones de dólares, en el año 2000 se alcanzó un saldo negativo de 5 mil 371, para llegar a 6 mil 711 en
2004 y saltar a 7 mil 164 en 2005. Estamos hablando de 95% del déficit nacional. Sobre corneados, pues, apaleados.
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barrancoalberto
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