En lo que parece el último round de la pelea de 10 años entre Blanco y Gigante, uno y otro acaban de solicitar un amparo contra la sentencia que obliga a éste a devolver 27 millones de pesos de un depósito de garantía contra posibles vicios ocultos a la venta de los almacenes de aquél
La motivación, naturalmente, es distinta: mientras la cadena de autoservicio apunta a precisar el alcance de la resolución de un tribunal colegiado, la firma vendedora, encabezada por Estanislao Blanco Caldevilla, intenta revocarla.
Ahora que detrás del estandarte de cada uno hay una danza de millones. Para Blanco el interés es doble: avalar jurídicamente que Gigante no acreditó de acuerdo con las reglas pactadas el gasto de 123 millones de pesos de los 150 dejados en prenda, lo que implicaría la devolución total? más un interés equivalente al doble de Cetes a 28 días en la década que arrastra el pleito.
Para Gigante el asunto es más simple: ratificar la sentencia de la tercera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que reconoce la tasa de réditos pactada, pero no avala que el monto sea capitalizable. La palabrita, pues, se constituye como manzana de la discordia.
Sin ésta en la mesa, el reclamo de Blanco, aceptándose como válida la devolución de los 27 millones de pesos, ascendería al inaudito de 795 millones 967 mil 679 pesos.
Ahora que de prosperar su reclamo de devolución total del depósito mercantil, el monto se va a las nubes: 4 mil 422 millones 42 mil 659 pesos, es decir algo más del valor de los activos totales de la cadena mercantil.
Del otro lado de la mesa, empero, de ratificarse a la letra ?ahora por un tribunal federal, el penúltimo que antecede a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero para efectos prácticos el último en el escenario de las jurisdicciones? no sólo la sentencia sino la palabreja de la discordia, el monto adicional a cubrirse, tomando en cuenta que los 27 millones de pesos se protegieron hace diez años con billetes de depósito de Nacional Financiera, sería de sólo 40 millones 985 mil 44 pesos.
De ahí, pues, el doble amparo. La paradoja del caso es que de acuerdo con el criterio del tribunal colegiado que ratificó una sentencia de primera instancia de un juez, la capitalización sólo habría sido válida en caso de que Gigante, agotado el mon to del depósito mercantil, hubiera tenido que realizar pagos adicionales.
Textualmente el órgano de justicia explica así el supuesto: ?Blanco tendrá la opción de reembolsar la cantidad garantizada dentro de los tres días siguientes en que le sea comunicada. De no hacerlo, pagará intereses a una tasa que resulte de multiplicar por dos el rendimiento que producen Cetes a 28 días capitalizables anualmente??
En contraste, en la página 55 de la sentencia, aunque se avala el pago de intereses moratorios a tasa de Cetes a 28 días por dos, sobre un monto de 27 millones 543 mil 404 pesos, se aduce que en la cláusula cuarta del Contrato de Depósito Mercantil correspondiente no se hace referencia a que dichos intereses sean capitalizables.
Lo curioso del caso, de ahí la urgencia de Gigante de precisión, es que en la cláusula quinta de la sentencia dictada el 10 de agosto pasado, se anota textualmente que ?se condena a Gigante al pago de intereses moratorios generados sobre 27 millones 543 mil 404 pesos desde la fecha del vencimiento base de la acción y hasta que la presente sentencia cauce ejecutoria, de conformidad con la cláusula cuarta??
Ahora que la resolución de las magistradas Norma Raquel Lagunas Alarcón, Laura Pérez Ríos y Socorro Santos Ortega no determina quién debe pagar los gastos y costes del largo litigio.
El problema, como lo hemos comentado en este espacio, se inicia el 9 de febrero de 1996, al vencimiento del plazo de tres años que estipulaba el contrato de depósito mercantil para ubicar supuestos esqueletos en el clóset, cuando Gigante le comunica a Blanco que el monto de éstos es de 123 millones de pesos? sin exhibirse las facturas o comprobantes correspondientes.
Más aún, tampoco, a juicio del depositante, se cumplió con el requisito exigido en el contrato, de que el despacho contable Galaz, Gómez Morfín, Chavero Yamasaki hubiese avalado la justeza de los pagos, además de solicitar el visto bueno de Estanislao Blanco Caldevilla.
Último round de una pelea que lleva diez años en el ring.
Justicia a la mexicana.
Balance general
Mientras se resuelve en los tribunales el amparo presentado por TV, la cadena Elektra y la telefónica Unefon contra la nueva Ley del Mercado de Valores, en Estados Unidos le están saliendo grietas a la Ley Sarbanes Oxley, es decir el espejo en que se conformó el ordenamiento.
La preocupación de la Comisión de Valores y Arbitrios (SEC) del país vecino apunta hacia las señales cada vez más frecuentes de desbandada de emisoras en Wall Street, dada la dureza de las exigencias para los participantes. La punta de lanza, al parecer, será Ford Motor Company.
De hecho, la mayor parte de las colocaciones primarias y secundarias de las emisoras ya no se están realizando en las Bolsas de la nación de las barras y las estrellas.
Por lo pronto, el secretario del Tesoro, Hank Paulson, promueve una reforma al ordenamiento que surgió en reacción a los fraudes contables en perjuicio de accionistas minoritarios de corporativos como Enron, Parmalat o MCI World Com. Se les pasó la mano, pues.
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Pues ahora resulta que José Luis Medina Mesto, el ex funcionario de Ajemex, la fabricante de Big Cola, a la que acusó de amenazas de muerte para retractarse de una demanda laboral, es todo un pájaro de cuenta. De entrada, hete aquí que, a contrapelo de sus asertos, su función como subgerente general no tenía ámbito corporativo, es decir, se constreñía a una comercializadora de la compañía, con sede en Puebla. El puesto lo obtuvo por influencias de uno de los integrantes de la familia propietaria de la compañía, Carlos Añanos, quien fue su compañero de cursos en una escuela de Venezuela.
Medina Mesto había solicitado el favor ante los problemas judiciales que enfrentaba en Perú por haber desviado a su bolsillo las ganancias de sus clientes cuando se desempeñaba como broker en la Bolsa local.
El caso es que en una auditoría realizada por la firma a la comercializadora se descubrió un faltante entre la mercancía que salía de almacenes y el monto de facturación, que en un primer cálculo se ubicó en 11 millones de pesos. Sin embargo, sólo se pudieron comprobar 2.5 millones. El caso es que la indagación apuntó en directo al ex funcionario, quien fue despedido de la empresa el 15 de abril del año pasado.
Lo grave del asunto es que al profundizar en las pesquisas se descubrió que Medina Mesto había constituido dos empresas fabricantes de bolsas de plástico? cuyos activos crecieron a la sombra de Ajemex. Digamos que al pedido de tres inyectores de plástico el ex funcionario le agregaba uno más para su causa, con la cual obtenía un significativo descuento, además, naturalmente, de facilidades de pago. La formulita se duplicaba para las materias primas, aprovechando el poder de compra de Ajemex.
Una de las plantas mencionadas está en Venezuela. El 12 de mayo de 2005, Medina Mesto planteó una demanda laboral en reclamo de una indemnización de ¡2.5 millones de dólares!
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