Ubicadas durante décadas como el blanco favorito del comercio organizado para acusar al gobierno de fomentar la competencia desleal y prohijar el paternalismo, finalmente desaparecerán de la escena las tiendas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En la carambola, se colocan en la antesala de los condenados a muerte las que a su vez mantiene el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El pretexto para el desmantelamiento es el mismo: pese a que su operación se realiza en circunstancias ventajosas, dado que el costo del personal lo absorben uno y otro organismos de seguridad social, los establecimientos arrastran pérdidas históricas. Para no ir lejos, el año pasado la cadena del Instituto de Seguridad Social al Servicio delos Trabajadores del Estado (ISSSTE) registró números rojos por 500 millones de pesos, en tanto la del Seguro Social alcanzó 130 millones.
Y como una y otra enfrentan graves problemas financieros ante sus faltantes descomunales de reservas para enfrentar las solicitudes de jubilaciones y pensiones, en el caso del ISSSTE de sus derechohabientes, y en el del IMSS de sus propios trabajadores?
El horno, pues, dice la exposición de motivos, no está para bollos. Lo curioso del caso es que las tiendas del Seguro Social no serán licitadas en afán de recuperar de lo perdido lo que aparezca, pese a lo abultado de sus inventarios, y pese a que más de una cadena de autoservicio estaría interesada en algunas de ellas? las ubicadas, naturalmente, en lugares de alta densidad de población.
De hecho, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), lanzó el anzuelo para ubicar comprador en al menos 30 de los establecimientos.
La orden habla de desaparecerlas. La mercancía, en tal caso, les será devuelta a los proveedores, lo que necesariamente implicaría una negociación para ubicar un descuento, dado su eventual deterioro.
Ahora que la intención del Seguro Social, frente a la exigencia de cubrir el objetivo de facilitar a sus 360 mil trabajadores el acceso a mercancías de primera necesidad a precios accesibles, es ofrecer vales.
El problema es el cómo.
De entrada, las cadenas afiliadas a la ANTAD quieren el pastel para ellas solitas, ofreciendo en contraparte paquetes de despensa con un descuento que podría llegar al 20 o 25 por ciento. El hecho es que la tradición apunta a que el supuesto sacrificio de las tiendas implica inmolar a los proveedores? quienes no están dispuestos a repetir el numerito.
De hecho, como le comentamos en este espacio, el gobierno de la ciudad de México presentó a principios del año una denuncia ante la Comisión Federal de Competencia contra las cadenas afiliadas a la ANTAD, a quienes acusó de integrar un cártel para no participar en la licitación para la entrega de arcones de Navidad a sus trabajadores. El descuento que exigía el convocante para otorgar el multimillonario contrato era de 33 por ciento.
El problema, más allá, es que la principal cadena de autoservicio del país, Wal Mart, no está integrada a la ANTAD, lo que podría provocar una demanda por prácticas exclusivas o discriminatorias. Y el problema, finalmente, es que las tiendas del Seguro Social, ampliada con los años su tarea original, ofrecen algo más que productos de la canasta básica: línea blanca, electrónica, ropa, enseres domésticos, llantas, muebles?
El rompecabezas lo deberá armar el Consejo Técnico? antes de plantearlo al Sindicato de Trabajadores del Seguro Social.
Lo cierto, como ocurrió en su momento con las tiendas de la Conasupo localizadas en el espectro urbano, es que el hilo se cortará por lo más delgado, dado que las pérdidas de las tiendas del IMSS y del ISSSTE se agotan en una sola palabra: corrupción.
Colocados como alfiles de los jefazos en turno, los jefes de compras de una y otras cadenas se despachan con la cuchara grande pidiendo comisiones, regalos, prerrogativas o de plano mordidas a los proveedores? que se repercutían en los precios. De hecho, las tiendas del ISSSTE debieron abrirse a todo el público ante la falta de compradores.
La escuela del PRI, pues, la adoptó corregida y aumentada el gobierno del cambio. Y háganle como quieran.
Balance general
De cabeza la justicia en este país, hete aquí que al menos media docena de jueces le han otorgado a la empresa Mexicana de Lubricantes sendos amparos contra Pemex, en la pretención de la paraestatal de recuperar el control de la firma que privatizó en 1992 sus cinco plantas productoras de aceites y lubricantes.
El problema es que la protección de la justicia se concede contra actos de la autoridad y, a menos que alguien haya modificado la Constitución a espaldas del Congreso, Petróleos Mexicanos no tiene esa calidad.
La empresa pública tiene el status de cualquier firma privada. Lo inaudito del caso, naturalmente, es que la paraestatal haya aceptado sin objeción alguna las suspensiones otorgadas.
El eje del problema se sitúa en una cláusula del contrato de privatización que plantea la cancelación de derechos de propiedad de Mexicana de Lubricantes sobre su 51 por ciento del capital cuando acumule dos años de pérdidas? con la novedad de que desde el año 2000 la firma mantiene escondidos sus estados financieros.
Más aún, en que en la fase previa tenía pérdidas en un año? y al siguiente se recuperaba con una ganancia de siete, 12 o 15 millones de pesos.
La paradoja del asunto es que con una facturación de 300 millones de pesos al año, con un margen de 18 por ciento, la firma que aglutinaba las plantas de Pemex estaba ubicada en 1992 como la número 38 de las compañías gigantes de México.
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Ubicada como misión imposible desde hace 17 años en que fuera incautado por la Secretaría de Hacienda a su propietario original, Sergio Bolaños Quesada, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Públicos que encabeza Luis Miguel Álvarez logró la hazaña de vender el panteón Valle De la Paz.
Extendido en un área de 100 hectáreas en el Valle de Atizapán del Estado de México, el cementerio pasó a poder del gobierno tras el encarcelamiento del que fuera el principal contratista de Petróleos Mexicanos, al que se acusó de evasión fiscal.
Lo interesante del caso es que el precio pactado fue de 136 millones de pesos, es decir tres tantos de lo que ofreció la firma inmobiliaria que colocó la postura más cercana.
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A la callada, los integrantes mexicanos del Consejo de Negocios del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC por sus siglas en inglés), lograron colar en la agenda de la próxima reunión del organismo a celebrarse en noviembre próximo en Hanoi, Vietnam del Sur, su propuesta para un programa de migración en la región.
El documento (?Impacto Económico de la Migración Internacional?), pues, deberá ser analizado por los presidentes de los 29 países que integran el organismo. En escencia, el texto habla de ?considerables beneficios de la migración internacional tanto para los países receptores como para los expulsores?, lo que obliga a desterrar el tratamiento del tema desde el marco de lo criminal, lo ilegal y lo delincuencial.
El team mexicano, integrado por los presidentes de Teléfonos de México, Carlos Slim Domit, y Coraza Internacional, Julio A. Millán, además del director de Negocios de Cementos Mexicanos, Francisco Gutiérrez, logró la victoria en la reunión del APEC Business Advisory Council celebrada hace unos días en Montreal, Canadá.
Por cierto, el último de los señalados será sustituído en los próximos días por Ricardo Charvel Orozco, vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales y Comunicación en México de la firma cementera que encabeza Lorenzo Zambrano.
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