A contrapelo de las promesas de tregua de la Secretaría de Gobernación, a cambio de levantar el paro ilegal de cinco meses en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, se está gestando lo que parece la puntilla, o si lo prefiere el Waterloo, para Napoleón Gómez Urrutia.
En lo que en el papel pareciera la denuncia más sólida contra el dirigente no reconocido del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana, el martes pasado se documentaron supuestos desvíos multimillonarios a cuentas del exterior de recursos que legalmente pertenecían a un segmento de trabajadores.
La querella la avaló el secretario general provisional reconocido oficialmente de la instancia de representación laboral, Elías Morales Hernández.
El problema es que ésta apunta también hacia el Scotiabank Inverlat, a quien se acusa abiertamente de complicidad en el despojo, señalando concretamente como presuntos responsables a Jorge Gómez Moreno, Alejandro G. De Anda Arriaga y Felipe Alberto López López, todos ellos delegados fiduciarios de la intermediaria de capital canadiense.
Como usted sabe, la manzana de la discordia se ubica en un fideicomiso al que se le da carácter de irrevocable, abierto el 14 de noviembre de 1988 en el extinto Multibanco Comermex, cuyas cuentas y responsabilidades las heredaron los canadienses.
La figura financiera custodiaría acciones equivalentes al cinco por ciento del capital de las empresas Mexicana de Cobre y Mexicana de Ácido Sulfúrico, Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, Zinc de México y Carbonera de Nueva Rosita, que se entregarían en propiedad a los trabajadores de éstas.
El regalito, promovido por el líder sindical Napoleón Gómez Sada, tenía como anzuelo permitir la modificación del contrato colectivo, a fin de hacer atractivas las firmas para su venta, finalmente realizada a favor del grupo empresarial de Jorge Larrea Ortega.
La intención era que las acciones se conservaran como patrimonio de los trabajadores, a quienes se les otorgarían dividendos anuales, o se venderían para prorratear los recursos como incentivo para permanecer en el empleo o crear un fondo para vivienda.
Lo inaudito del caso es que el pacto fue cumplido hasta 16 años después, exactamente el 22 de octubre de 2004, cuando los imperios sindical y empresarial habían sido heredados a los juniors, es decir Napoleón Gómez Urrutia y Germán Larrea Mota Velasco.
Los papeles, depositados en Nacional Financiera, se tasaron en 55 millones de dólares? por más que al final del día se le vendieron en 50 al grupo Industrial Minera México y American Sales Company.
La factura se pagó el 24 de enero de 2005.
El caso es que sorpresivamente, cinco días después de entregados los papeles, el sindicato decidió cambiar a sus representantes del Comité Técnico del fideicomiso, designándose a Napoleón Gómez Urrutia como su presidente.
Un día antes se había modificado el convenio inicial para sacar de éste a las empresas Ácido Sulfúrico, Zinc de México y Carbonífera Nueva Rosita, sustituyéndolas por Minera de Cananea.
Y el caso, además, es que el 22 de febrero de 2005 el Comité Técnico decidió cancelar el fideicomiso a contrapelo de su condición de irrevocable en tanto no se repartiera el dinero, entregándose los recursos al sindicato, quien los diseminó en diversas cuentas bancarias.
La denuncia señala a la letra que el acto fue ilegal, dado que no se cumplió con los requisitos protocolarios, es decir haberse extinguido su finalidad o firmarse un convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario.
La paradoja del asunto es que tanto el Scotiabank como la Secretaría del Trabajo aceptaron como válida la promesa de Gómez Urrutia de que él se haría responsable de cualquier problema que surgiera tras la entrega de los recursos.
El caso es que en su parte final la denuncia presentada ante la Procuraduría General de la República señala que el grupo de Elías Morales Hernández ha logrado investigar que los recursos fueron desviados hacia diversas cuentas radicadas en el Reino Unido, Suiza ?y otros países europeos?, además de paraísos fiscales.
La operación se habría realizado con apoyo de prestanombres, entre los que se menciona a la esposa de Gómez Urrutia, Oralia Casso Valdez; su cuñado, Tadeo Casso Valdez; su hijo, Ernesto Gómez Casso, y diversos integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional, entre ellos José Ángel Rocha Pérez, Carlos Pavón Campos, Héctor Félix Estrella y Consuelo Aguilar.
Lo curioso del asunto es que en la lista está Juan Luis Zúñiga Velázquez, el presidente del Consejo de Vigilancia del sindicato, a quien la Secretaría del Trabajo ubica como firmante de un documento en el que se basó para quitarle la toma de nota a Gómez Urrutia.
Por lo pronto, el jaque que se lleva entre las patas al Scotiabank y de pasadita a la certeza de un manejo correcto de los fideicomisos, está haciendo resonar otra vez los tambores de guerra del grupo afín a Gómez Urrutia.
¿Otro foco rojo?
Balance general
Le comentábamos el martes de la preocupante incidencia de saqueos de cuentas bancarias en operaciones electrónicas realizadas en línea, cuyo blanco apunta con mayor incidencia al banco Santander/Serfín.
Bien, pues hasta hoy la intermediaria acumula 60 denuncias, dos de las cuales involucran a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, es decir asociaciones de carácter filantrópico.
El caso es que en todos los casos el banco habla de responsabilidades ajenas, al no resguardarse las claves requeridas conforme a las reglas? por más que reconoce que los candados colocados han sido burlados por los piratas cibernéticos.
De hecho, ya se habla de una segunda generación de sistemas de protección que estaría por instalarse? pese a la molestia de los usuarios que reclaman por lo que ubican como carrera de obstáculos.
En el caso concreto de la Organización Pro Derechos de la Mujer, conocida como Semillas, se aduce que aunque no se ha rechazado su reclamo, no existe forma de responsabilizar al banco.
Sin embargo, aparentemente éste resarciría una parte del robo, cuyo monto fue de casi 900 mil pesos, por vía de un donativo.
Por lo pronto, siguen lanzándose como confeti correos electrónicos en los que supuestamente Santnder Serfín, Banamex y Bancomer urgen a sus clientes a actualizar sus datos en línea para no cancelarles sus cuentas.
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Sin abandonar aún la suspensión de pagos que arrastra desde hace siete años, Altos Hornos de México está anticipando inversiones por 822 millones de dólares a agotarse entre éste y el año 2009.
La intención apunta a incrementar la producción de acero en 40 por ciento, aprovechando los altos precios internacionales alcanzados.
Los recursos se destinarán a mejorar la capacidad instalada de las plantas y a la renovación de equipos para la apertura de nuevas minas de hierro y carbón.
En febrero pasado la compañía encabezada por Alonso Ancira había anunciado otra erogación de 400 millones de billetes verdes para este año, en la mira de explorar nuevos yacimientos de hierro.
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Pues ahora resulta que a la cadena de tiendas Gigante le tiene sin cuidado la suspensión de un año que la impuso la Secretaría de la Función Pública para concursar en licitaciones del gobierno federal, toda vez que hace varios meses suspendió la comercialización de vales de despensa.
De hecho, la compañía señala que no está entre sus planes revivir su oferta en el mediano plazo, ante la carga de descuentos que se exigen.
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