A unos días de la minicumbre de jefes de Estado de los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en afán de consolidar las propuestas para extender el alcance de éste, está surgiendo una fricción entre México y Estados Unidos.
La paradoja del caso es que el eje del conflicto lo ubican allende el Bravo como un intento de México de meter reversa a los acuerdos pactados al arranque del acuerdo mercantil.
La manzana de la discordia es la pretensión de la Secretaría de Hacienda de retirar el capital del Banco de Desarrollo de América del Norte? para otorgárselo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Banobras, pues, asumiría las funciones de financiamiento de la infraestructura ambiental fronteriza de la instancia crediticia binacional... en lo que toca a nuestras entidades federativas, naturalmente.
El pretexto esgrimido es la aparentemente escasa presencia del banco creado como una de las exigencias de los acuerdos complementarios, suplementarios o paralelos al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), pese a que en sus 11 años de vida se han logrado financiar 90 proyectos, al cobijo de los cuales se han podido realizar inversiones en infraestructura en una y otra frontera por dos mil 348 millones de dólares.
Como recordará usted, firmado el TLCAN por el ex presidente de Estados Unidos, George Bush padre, a su arranque, en 1994, había arribado una nueva administración encabezada por William Clinton.
Los demócratas, pues, le arrebataron el poder a los republicanos. Y como la Casa Blanca quería ponerle su propio sello al acuerdo mercantil, se pactó extender el alcance de la negociación a los ámbitos laboral y ecológico.
El instrumento, pues, para garantizar en este último renglón un flujo de recursos para apuntalar los proyectos que permitieran evitar la degradación ambiental hacia uno y otro lados de la frontera, sería el Banco de Desarrollo de América del Norte.
En paralelo, se crearía una Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, que ubicaría los focos rojos en la materia, en afán de reducir la colosal brecha entre las dos naciones, y de pasadita recibiría denuncias de uno y otro países. El capital-semilla aportado por México fue de 152 millones de dólares.
La instancia crediticia binacional con sede en San Antonio, Texas, apuntalaría proyectos hacia un ámbito de 300 kilómetros al sur de la frontera, en tanto para Estados Unidos la acción se extendería sólo 100 kilómetros. Y aunque cuantitativamente podría parecer intrascendente la acción del banco binacional hacia México al haber apoyado sólo 29 proyectos de infraestructura en seis estados de la frontera norte del país, con una derrama crediticia de 343 millones de dólares, cualitativamente el panorama cambia radicalmente.
El financiamiento, de entrada, permitió consolidar obras por mil 300 millones de dólares en beneficio de 6 millones de mexicanos, con una rentabilidad para la institución crediticia de 15 por ciento anual, lo que la ubica como viable.
Ahora que una parte de los recursos se ha ido a fondo perdido, es decir, se otorgaron con la etiqueta de no reembolsables.
Más allá, el banco binacional ha logrado financiar tareas de asistencia técnica al país por 14 millones de dólares, además de otorgar capacitación para desarrollo de proyectos, especialmente los orientados para infraestructura hidráulica.
En este momento se ubican en proceso de análisis diez proyectos que, de aprobarse, extenderían la derrama de este año a 177 millones de dólares, 119 por ciento más allá de la alcanzada en 2005.
Lo cierto es que la cautela del banco binacional para otorgar créditos obedece a la inercia derivada de la crisis de pagos de 1995 que provocó la quiebra de la mitad del sistema financiero nacional. La intermediaria nació justo en la parte más álgida de la crisis económica provocada por la macrodevaluación de diciembre de 1994.
Por si las moscas, pues, se implantaron rigurosos esquemas de análisis de proyectos, que hoy se empiezan a flexibilizar... cuando México ya no quiere jugar. ¿Yankees go home?
Balance general
La última degradación en la calidad crediticia de los papeles de deuda de General Motors por parte de la tercera calificadora de Estados Unidos, Moody?s Investors Services, encendió los focos rojos en nuestro país frente a la gran cantidad de papel expedido no sólo por la principal armadora del planeta, sino por Ford Motor Company.
Hete aquí que entre las tres acumulan una pérdida de mercado en su propio país de 59% respecto a la rebanada que tenían en 2004, ante el embate de las firmas japonesas, especialmente Toyota, Honda y Nissan.
El caso es que a la callada una y otra filiales de las firmas automotrices de Estados Unidos en México, a la par de DaimlerChrysler, acaparan 14 por ciento del total de emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo que circulan en el país. A las firmas se les conoce en el mercado como Las Big Tres. Como usted sabe, la degradación de General Motors de la calidad crediticia B1 a B2, con implicaciones negativas, es apenas la puntita de un deterioro permanente de las tres emisoras, ante los graves problemas de solvencia que enfrentan, con énfasis en las dos primeras.
En el caso de GM sus emisiones de papeles de deuda en México y Estados Unidos ascienden al escándalo de 30 mil millones de dólares.
La gran pregunta, naturalmente, es dónde estaban las calificadoras de deuda cuando se emitieron los papeles.
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De acuerdo con el calendario previsto por la ley, a fines de marzo la Secretaría de la Función Pública deberá emitir su resolución en torno a la queja presentada por el consorcio integrado por las empresas españolas FCC Construcciones y Acciona, frente a su descalificación en el concurso para construir y operar el libramiento Arco Norte de la ciudad de México.
De aceptar la dependencia como válidos los agravios que argumentó el quejoso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ubicará en el callejón, dado que ya le entregó el contrato a la firma que a su juicio resultó ganadora. Estamos hablando de la Impulsora para el Desarrollo de América Latina propiedad de Carlos Slim.
Como le hemos comentado, los españoles no sólo planteaban un menor costo de obra, sino la tarifa más baja para usuarios. Mientras la firma de Slim imponía un costo de 1.24 pesos por cada kilómetro recorrido, FCC Construcción y Acciona pedían 70 centavos.
El libramiento de la discordia es de 224 kilómetros.
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En el último minuto previo a la firma de un contrato de venta al grupo Santista de Brasil de su filial Inversiones Textiles del Norte, el Grupo Industrial Parras logró amarrar un convenio con los grupos financieros BBVA-Bancomer y Banamex-Citigroup, que le permitió amortizar deudas por 150 millones de dólares, evitándose así la operación. De haberse vendido la fábrica de mezclilla, la producción habría migrado al país carioca.
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Con afán de abatir el monto de los intereses que enfrenta, Innova, la unidad de televisión satelital de Televisa que maneja Sky, está lanzando una oferta de recompra en efectivo de hasta 195 millones de dólares de la emisión de Notas Senior por 300 millones colocada hace dos años. La amortización de los pagarés está prevista para 2013.
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Quien acaba de meterse al difícil campo del manejo de residuos peligrosos es la Promotora Ambiental, tras su adquisición de la firma Prado Refiño, ubicada en Guadalajara.
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