Luz verde a Arca
En intento desesperado por contener lo que se califica de ilegalidad, el lunes pasado el diputado Jesús González Schmal presentó ante el pleno de la Cámara Baja un punto de acuerdo para exhortar al gobierno a frenar la colocación en los mercados del 85 por ciento del capital del Grupo Aeroportuario del Pacífico.
El llamado, con proa hacia los Secretarios de Hacienda y Comunicaciones y Transportes, llegaría tarde, dado que para entonces los papeles que mantenía el gobierno federal en un fideicomiso de Nacional Financiera estaban ya en manos privadas nacionales y extranjeras.
A quién le importa si en la víspera del inicio del proceso de colocación la Asociación de Prestadores de Servicios del Aeropuerto de Tijuana, que encabeza Alejandro Vizcarra, entregó un escrito en la Bolsa Mexicana de Valores advirtiendo que estaba subjudice una solicitud de revocación de la concesión que permite la explotación de los 12 aeropuertos que constituyen el conjunto.
Y aunque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le dio una respuesta negativa al reclamo bajo la figura de revocación administrativa, los solicitantes interpusieron un amparo en revisión ante los tribunales. La colocación de las acciones, pues, no podía realizarse hasta no agotarse el juicio de garantías correspondiente.
A quién le importa, más allá, si la Subcomisión de Aeropuertos de la Cámara de Diputados le había pedido a la dependencia detener el proceso hasta en tanto se agotaran las revisiones a la empresa concesionaria solicitadas a la Auditoría Superior de la Federación, ante un cúmulo de irregularidades detectadas.
Las solicitudes se plantearon el 29 de octubre de 2003; el 25 de mayo de 2005, y el cuatro de enero pasado. A quién le importa, finalmente, si la Comisión de Comunicaciones y Transportes del propio órgano legislativo presentó una solicitud para realizar una compulsa entre los compromisos de inversión previstos en el título de concesión por 50 años otorgado a la firma y las inversiones realizadas por ésta.
De acuerdo a las evidencias, las firmas que detentan el paquete de control de las terminales aéreas, es decir las españolas Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, Unión Fenosa y Dragados, además de un socio mexicano, sólo han invertido en los últimos cinco años mil 682 millones de pesos? frente a los cuatro mil 500 millones que ingresaron a caja sólo en el aeropuerto de Guadalajara.
Más allá, se aduce que las compañías pagaron por las terminales de Hermosillo, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Puerto Vallarta, San José del Cabo, Tijuana y Manzanillo, 240 millones de dólares, y la Secretaría de Hacienda les reembolsó 180. Se entregaron, pues, instalaciones que constituyen el patrimonio nacional prácticamente a título gratuito.
A la letra, el fallido punto de acuerdo señalaba que la operación bursátil del 85 por ciento del capital del GAP ?supone una burla a la Ley de Aeropuertos, donde se percibe que el capital extranjero no puede rebasar el 49 por ciento de las acciones, lo que podría hacerse fácilmente a través de prestanombres?.
Adicionalmente, se asienta que ?las maniobras de despojo del patrimonio nacional a favor de grupos de inversionistas se deslizan silenciosamente y al margen de la ley, aprovechando el ruido de los temas electorales?.
Más aún, se desliza la posibilidad de que los beneficiados le paguen el favor al Presidente de la República una vez que éste concluya su periodo? como ocurrió con Ernesto Zedillo y las empresas estadounidenses que participaron en la privatización de los ferrocarriles.
Lo cierto es que la participación de accionistas mexicanos en la empresa operadora de las terminales ha sido accidentada. El comprador original, es decir el Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Raña, lanzó la toalla a los tres años? llevándose, dicen, un guante, es decir un remanente, de 13 millones de dólares al venderle su parte a la firma Holdimex, propietaria de Jugos Del Valle.
El caso es que existen evidencias de que ésta no pagó la factura pese a la multimillonaria devolución de impuestos que le había concedido la Secretaría de Hacienda. Esta la cubrieron las firmas españolas Unión Fenosa y Dragados.
De hecho, ellos habían impuesto como presidente a su paisano Carlos Del Río Carcaño, a quien asesora desde las sombras el ex presidente del país ibérico, José María Aznar. El hecho es que desatada la voracidad, los hispanos dejaron de pagar el impuesto predial a las ciudades donde se asientan las terminales; maquillaron las cifras de inversión, y llenaron de locales comerciales los pasillos? tras correr a los arrendatarios nacionales para dar paso a firmas europeas. Por lo pronto, la colocación le redituó al gobierno un ingreso de mil millones de dólares. Consumatum est.
Balance general
El grupo ICA confirmó lo que le habíamos adelantado el martes pasado en este espacio: la colocación ante el órgano interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de un recurso de revisión frente a la decisión de la dependencia de descalificar a todos los postores por la concesión para construir y operar la carretera de cuota México-Irapuato. El argumento de la firma encabezada por Bernardo Quintana es simple: Nosotros presentamos la mejor oferta y no incumplimos ninguno de los requisitos previstos en las bases. Lo interesante del asunto es que el documento plantea suspender el segundo concurso a que se convocó para reponer el procedimiento, en tanto se desahoga la inconformidad.
El problema es que la dependencia ya inició el proceso. De hecho, ya recibió nuevas propuestas del resto de los postores inscritos en la pelea. Estamos hablando, pues, del segundo desplante al hilo de la SCT, tras haber adjudicado el contrato para el libramiento Arco Norte de la ciudad de México a un consorcio del magnate Carlos Slim Helú, pese al recurso de revisión planteado por las empresas española CCC Construcciones y Acciona.
De hecho, las firmas Impulsora del Desarrollo de América Latina y Promotora Inbursa ya están trabajando en la construcción de la carretera de cuota de 223 kilómetros.
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Esta semana la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dará luz verde a la oferta pública con que embotelladora Arca pretende alcanzar mayoría de acciones de la firma fabricante de alimentos enlatados y conservas Herdez.
Formalizada la adquisición del 25 por ciento del capital a la familia Hernández Pons, la firma productora de las marcas Coca Cola y Topo Chico en el norte del país ofrecerá 16 pesos por acción a los tenedores que acudan al piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores.
El desembolso global de ésta sería de dos mil 200 millones de pesos, de los cuales mil 900 saldrán de sus existencias en caja.
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En intento, dice, de crear confusión entre los votantes para favorecer la reelección de Cuauhtémoc Martínez, la Canacintra emitió dos convocatorias para desahogar el proceso electoral para cambiar la mitad del Consejo Directivo.
Las urnas, como quiera que sea, estarán listas a partir de las ocho de la mañana de hoy.
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La oferta de la nueva línea aérea de bajo costo en proceso de despegue Aeroenlaces, propiedad mayoritaria del ex banquero Roberto Alcántara, cuyo operador será la empresa irlandesa Ryan Mex, es alcanzar las ciudades de Estados Unidos con mayor concentración de mexicanos, empezando por Los Ángeles, además claro, de hacer vuelos locales.
El lanzamiento de la firma está previsto para septiembre, con dos aviones 737-300 de primera generación, que se multiplicarán a diez, en espera de transportar a 1.5 millones de pasajeros al año.
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