Cerco a Ferromex
Telmex no se raja
Sicartsa se dobló
Prevista en el papel una sanción ejemplar por parte de la Comisión Federal de Competencia contra Ferromex por haber efectuado olímpicamente la compra de Ferrosur sin su visto bueno, la instancia optó por el camino más largo, pero seguro: Cercarla en dos procesos. Rechazada, pues, la fusión entre los troncales de carga de Germán Larrea Mota Velasco y Carlos Slim Helú, se abrió de oficio una investigación sobre presuntas prácticas monopólicas de uno y otro en el cobro de derechos de paso en los cruces de vía.
La indagación alcanza al tercero de los grandes troncales en que se dividió el sistema ferroviario a su privatización, en poder éste de Kansas City Southern México? quien lo adquirió de Transportación Ferroviaria Mexicana.
La motivación es simple: el cobro arbitrario de un derecho que de acuerdo al título de concesión debería ser simbólico, encarece las tarifas a los usuarios? justo el principal argumento para negar la fusión consumada en noviembre del año pasado.
De acuerdo al proyecto original de resolución previsto por la dependencia encabezada por Eduardo Pérez Motta, se impondría una cuantiosa multa a Ferromex, además de ordenarle la separación inmediata de los activos de Ferrosur en sus inventarios, lo que habría provocado una carambola de tres bandas. De entrada, la empresa le habría tenido que devolver a Carlos Slim los mil 100 millones de dólares pagados por su troncal? más los intereses correspondientes.
Más allá, Ferromex estaría obligado a cancelar la colocación accionaria conjunta con la que esperaba resarcir parte del precio pagado, que había anticipado a la Bolsa Mexicana de Valores.
Finalmente, lo lógico era que Ferrosur demandara a Ferromex por incumplimiento de contrato al no haber previsto la contingencia.
Ahora que las firmas tenían una rendija por la cual podrían alargar durante siete años el cumplimiento de la sanción: ampararse contra la dependencia por aplicar procedimientos previstos en la nueva Ley Federal de Competencia Económica? que no estaba en vigencia al momento de la fusión.
La CFC, pues, no tenía jurisdicción para ordenar la venta de activos. Más aún, de acuerdo a la óptica de los abogados al servicio de Larrea Mota Velasco, bajo el anterior ordenamiento se permitía la fusión sin una autorización previa de la dependencia.
Naturalmente, el nuevo procedimiento se abrió ya con base en los lineamientos fijados por el ordenamiento vigente.
Por lo pronto, esta semana vence el plazo de ley para que Ferromex presente un recurso de reconsideración frente a la resolución que rechazó la fusión? como paso previo a la búsqueda de un amparo.
Ahora que Ferromex se la jugó al consumar la compra de Ferrosur, en base a que las condiciones habían cambiado radicalmente tras un primer rechazo, hace dos años, de la Comisión Federal de Competencia.
Si entonces el agraviado era Transportación Ferroviaria Mexicana, ahora lo es Kansas City? cuya matriz extiende sus tentáculos a lo largo y ancho de la Unión Americana.
El problema es que ni aún integrando las vías de la filial y la matriz se alcanza el kilometraje que tienen ya Ferromex y Ferrosur tras consumar su unión sin obtenerse aún la mano de la novia.
Estamos hablando de ocho mil 699 kilómetros, frente a los nueve mil 816 que tienen los troncales fusionados.
La diferencia es de 11 por ciento.
Más aún, la primera resolución de la CFC no dejaba grieta alguna: la configuración de las redes integradas de uno y otro troncal, considerando el derecho de paso que tiene Ferromex de Querétaro a Saltillo, sería equivalente a la que tenía el Sistema Ferroviario Mexicano antes de la privatización.
De hecho ?señalaba a la letra la resolución-, los troncales unidos podrían aplicar sin ningún problema tarifas discriminatorias aprovechando su derecho de veto.
Más aún, las únicas ciudades importantes de la república en que no participaría la nueva empresa hegemónica serían Nuevo Laredo y Matamoros, terminales una y otra del troncal de Kansas City.
Y si le seguimos, la posición dominante de las firmas se vería fortalecida además por el hecho de que por el lado de Estados Unidos los principales accesos los tiene Union Pacific? socio minoritario de Ferromex.
La apuesta para destrabar el trabuco está en la mesa.
Balance general
Latente la amenaza del gobierno de Hugo Chávez de nacionalizar a la Compañía Nacional de Telefonía de Venezuela por incumplimiento de obligaciones laborales, Teléfonos de México no se raja en su intención de ampliar su participación minoritaria. Más aún, la firma encabezada por Carlos Slim Domit señala estar en condición de negociar el pago de la discordia, dada su tradición de no enfrentar problemas con sus trabajadores.
El reclamo, sin embargo, no es menor. Estamos hablando de 387 millones de dólares que, a juicio de tres mil 400 trabajadores jubilados, debieron orientarse para nivelar sus salarios a la par de los incrementos otorgados a los activos.
Como recordará usted, en abril pasado América Móvil, el brazo hemisférico de Telmex, firmó un acuerdo con la compañía Verizon Comunications para adquirir el 28.57 por ciento que tenía ésta con la firma de la discordia. La operación se pactó en 676 millones de dólares.
Más tarde la firma mexicana lanzó una Oferta Pública de Adquisición de las acciones que mantenía la venezolana en la Bolsa de Valores local, como primer paso para alcanzar el 100 por ciento. La oferta, pues, sigue en firme.
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¿Se acuerda usted que el año pasado, al fragor de uno de los paros ilegales en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas promovido por el Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos, el socio mayoritario de la firma, Julio Villarreal, mandó derribar a golpes de marro la estatua al minero colocada en la explanada de ésta?
¿Se acuerda que la figura de bronce había sido develada por Napoleón Gómez Urrutia, quien ubicó la acción como agravio personal?
Bien, pues la noticia es que uno y otro quedaron ya como cuates? por más que tras el numerito el primero perdió tres mil millones de dólares y el segundo el reconocimiento por parte de la Secretaría del Trabajo.
El eje central del arreglo que canceló una ?huelga de hechos? que estalló el tres de abril pasado, y a cuya vera murieron dos trabajadores en un intento de desalojo, fue el reconocimiento por parte de la empresa, lo adivinó usted, de la interlocución de Gómez Urrutia.
Lo demás era lo de menos: un incremento salarial directo al tabulador más dos por ciento en prestaciones; el pago del 100 por ciento de salarios caídos; un bono adicional de siete mil 500 pesos por trabajador; casa para los deudos de los fallecidos? y el retiro de todos las demandas penales, civiles y fiscales.
La pregunta es si se repondrá la estatua? ahora con la cara de Napoleón Gómez Urrutia.
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Aunque en el papel Estanislao (?Tanis?) Blanco le ganó a Gigante un largo pleito derivado de la venta de los almacenes Blanco a la cadena de autoservicio, realizada ésta en 1995, lo cierto es que no es descabellado hablar de un empate.
Si bien el Tribunal de Justicia del Distrito Federal ratificó una sentencia de primera instancia que obligaba a Gigante a pagar un remanente en el precio pactado de 27.5 millones de pesos, se soslayó una serie de prestaciones adicionales que demandaba el reclamante.
Ahora que los recursos habían sido depositados en un juzgado desde febrero de 1996? en afán de cancelar el pago de intereses.
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