Patadas de ahogado
En el insólito de la temporada, un grupo de ex accionistas del banco Inverlat está planteando una querella ante las Cortes de Nueva York, en opción de reivindicar una promesa del gobierno zedillista de mantener a su nombre una rebanada del capital de éste tras su venta al Scotiabank de Canadá
Firmada por alrededor de 90 de los alguna vez socios del banco que sustituyó al Multibanco Comermex, privatizado en 1992, la demanda apunta directamente a la matriz de la intermediaria del país de la hoja de arce.
La manzana de la discordia es nueve por ciento de las acciones del hoy Scotiabank/Inverlat. El artífice del pleito es Alejandro Creel Covián, un ex funcionario del banco al que designaría el propio gobierno zedillista como vocal independiente del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario? del que salió sin haber cubierto la totalidad de su periodo.
El gancho es simple: quienes se suban al litigio tendrán opción de repartirse la rebanada del pastel? sin arriesgar un solo centavo.
Dicho con todas las letras, el despacho de abogados que patrocina la querella trabaja a resultados, es decir si ganamos me entregas mi comisión, si perdemos no hay fijón. La paradoja del caso es que el promotor no fue jamás accionista del banco, es decir no tendría vela en el entierro, por más que detrás de su singular cruzada se esconde un deseo de venganza por la forma en que los canadienses lo despidieron.
Y como a quién le dan pan que llore, se subieron al camión algunos prominentes empresarios como el presidente del Grupo Azucarero México, Juan Gallardo Thurlow; el ex vicepresidente del banco Inverlat, Marcos Katz, y media docena de familiares del vicepresidente de Altos Hornos de México, Xavier Autrey.
La razón por la que el propio Autrey no se metió a la bola es por haber sido el presidente del banco al momento en que se realizó su venta al Scotiabank, lo que lo convierte en juez y parte.
Lo curioso del caso es que Agustín Legorreta Chauvet, el principal accionista de la intermediaria, de hecho su primer presidente y quien dio la cara en la compra del Multibanco Comermex, se negó tajantemente a hacer suyo el pleito. A mí no me metan en sus líos.
La paradoja del caso es que el litigio se arma 10 años después de que llegara Scotiabank al país, asumiendo la administración de Inverlat tras la compra de un paquete de Obligaciones Convertibles en Acciones? después de cinco años.
Como recordará usted, al refuego de la crisis de pagos de 1995, la mayoría de los bancos se encontraron con un grave problema de descapitalización, al agotarse las reservas preventivas al impacto de un crecimiento brutal de la cartera vencida.
Y aunque Inverlat recibió rápidamente una inyección de recursos del Fondo Bancario para la Protección al Ahorro (Fobaproa), las arcas de éste se secaron rápidamente. En la disyuntiva, el gobierno planteó a los accionistas dos caminos: capitalizar a la intermediaria para evitar su quiebra? o aceptar la dilución de sus participaciones al entrar en juego recursos públicos.
Naturalmente, nadie quiso redoblar su apuesta, por más que al gobierno le temblaron las piernas para intervenir al banco por insolvencia, o darle las gracias a sus accionistas.
Al compás, pues, de la Marcha Zacatecas, se decidió mantener bajo un esquema de operación privada al banco, si bien cambiando al Consejo de Administración, empezando por designar como presidente a Xavier Autrey en sustitución de Agustín Legorreta. Los accionistas, decretó olímpicamente la Secretaría de Hacienda, conservarían 9% del capital del banco? siempre y cuando fueran elegibles.
La posibilidad de acceder a la rebanada apuntaría sólo a quienes tuvieran estrellita en la frente, es decir que no hubieran abusado de los autopréstamos; que los pactados estuvieran en cartera vigente, y que demostraran no haber incurrido en conflictos de interés?
La lista jamás llegó a elaborarse completa. En el entretanto, Scotibank hizo efectivo el canje de obligaciones por acciones y se lanzó a la compra del resto del capital.
Por lo pronto, aunque se maneja con cautela la información en respeto a las rígidas leyes de los Estados Unidos, a juicio del Scotiabank la querella no tiene ninguna oportunidad de prosperar, entre otras cosas por la extemporaneidad en que fue presentada. El volado, pues, está en el aire.
Balance general
La razón de la furiosa embestida subterránea que están lanzando los bancos contra la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda le autorice a la cadena Wal-Mart operar como colega se explica ante el grave riesgo de perder sus negocios con ésta.
Más allá del contrato que mantiene BBVA/Bancomer para administrar las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales Suburbia, o el que tiene American Express para las de los socios de las macrotiendas Sam?s Club, media docena de intermediarias mantienen 400 cajeros automáticos en el piso de ventas de Wal-Mart.
Lo curioso del caso es que la cadena rechaza que vaya a romperse su relación de negocios con los bancos comerciales, aún estando en operación su banco. Dicho con todas las letras, tanto las tarjetas como los cajeros permanecerían intactos.
La embestida de los banqueros habla de que la licencia a Wal Mart violaría lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio, dado que la cadena no tiene una matriz bancaria en los Estados Unidos, a la vera de la cual podría ofrecer servicios idénticos a ésta en nuestro país. El pleito apenas empieza.
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La noticia es que el juez primero de Distrito en Materia de Civil y del Trabajo de Nuevo León, Octavio Chávez López, rechazó por supuesta improcedencia la demanda de concurso mercantil que había planteado el Banco Nacional de México contra el grupo Pulsar de Alfonso Romo Garza.
De acuerdo a la óptica del togado, no se dan los supuestos para justificar el procedimiento de quiebra ordenada, dado que la firma no ha incurrido en incumplimiento generalizado de pagos.
La querella la había planteado un fideicomiso de jubilados de la industria textil radicado en la intermediaria propiedad del Citicorp de los Estados Unidos.
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La justificación del grupo ICA frente a la pretención de que su asamblea de socios ratifique una resolución de su Consejo de Administración reeligiendo como su presidente a Bernardo Quintana Isaac, pese a haber cumplido 65 años, es que la exigencia de retiro a esa edad es una costumbre adoptada en la época en que la compañía se constituyó como cooperativa de profesionistas.
La medida, pues, no llegó a plasmarse en los estatutos, por más que la obedecería a la letra en su momento el penúltimo de sus presidentes, Gilberto Borja Navarrete. El status, dice la constructora número uno del país, se cambió radicalmente cuando ésta se volvió pública al cotizar en la Bolsa de Valores.
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Quien estará hoy de manteles largos es el presidente de la firma fabricante y distribuidora de suplementos alimenticios Omnilife, Jorge Vergara, al inaugurarse una planta más del consorcio, ubicada ésta en Tlaquepaque, Jalisco.
La factoría, cuya inversión alcanza 15 millones de dólares, presume de ser la más grande y tecnificada del planeta en su ramo, asentándose en un terreno de 40 mil metros cuadrados, 30 mil utilizados para procesos y el resto para servicios.
La empresa está cumpliendo 15 años.
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