Danza de millones
Hace unos días, al júbilo de la sentencia de un Tribunal que en el papel ponía el punto final de un pleito de 10 años con el ex propietario de los Almacenes Blanco, Gigante notificaba a la Bolsa Mexicana de Valores que el asunto no le había quitado ni una pluma a su gallo
Aunque el órgano judicial de segunda instancia le obligaba a pagar 27 millones de pesos, éstos se habían depositado al inicio del pleito en un juzgado, vía un billete de depósito de Nacional Financiera, lo que garantizaba el entero de la contingencia.
Lo que soslayaba la cadena de tiendas de autoservicio es que de acuerdo con lo pactado en la transacción origen del diferendo, es decir la compra de los legendarios Almacenes Blanco propiedad de Estanislao (?Tanis?) Blanco, la mora en el entero de los recursos se castigaba con un rédito equivalente al de los Cetes a 28 días? multiplicados por dos.
Y hete aquí que la espiral empezó a girar a partir del nueve de febrero de 1996, en un escenario en que las tasas de los papeles colocados por la Tesorería de la Federación llegaron a ubicarse en el lapso transcurrido en 36.20, 37.40, 38.04, 39.23 y hasta 40.17.
De acuerdo con una corrida realizada por un prestigiado banco comercial, la deuda ascendería en este momento a 795 millones 967 mil 679 pesos. Ahora que el eje del pleito no son los 27 millones de pesos que reconoce el Tribunal de Justicia del Distrito Federal al ratificar una sentencia de primera instancia, sino los 150 millones que dejó Blanco en calidad de depósito de garantía a la venta de sus tiendas diseminadas en el país.
De acuerdo con el contrato de depósito mercantil pactado por las partes, el dinero permitiría cubrir cualquier contingencia, pasivo oculto o no registrado que se identificara en la auditoría de compra realizada por Gigante? previa notificación y en su caso aprobación por parte del vendedor de la partida a ejercer.
Textualmente, el acuerdo estipulaba que cada pasivo ubicado debería notificarse a Estanislao Blanco, presentando la factura correspondiente, con 48 horas de antelación a su pago, en afán de que éste aprobara la transacción y en su caso se descontara del depósito? en el entendido que Gigante tendría un periodo de tres años para hacer disposiciones.
En calidad de garante del cumplimiento estricto de las cláusulas se designó al despacho de auditores Galaz, Gómez Morfín, Chavira, Yamasaki, que opera hoy bajo la razón social Deloitte.
Los recursos se entregaron el 9 de febrero de 1993, nueve meses después de realizarse la venta de las tiendas vía un cruce de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación se cerró el 29 de abril de 1992.
El hecho es que el ex propietario de los Almacenes Blanco, en su tiempo su tienda eje una de las referencias urbanas del centro histórico de la ciudad de México, nunca recibió notificación de algún pago.
Lo curioso del caso es que el 29 de noviembre de 1995, el empresario recibió un informe del despacho de auditores señalado, enlistando una serie de supuestos esqueletos en el clóset encontrados, con la novedad que ninguno de ellos se sustentaba con el respectivo comprobante de pago.
De acuerdo con éste, Blanco sólo tendría un remanente del depósito de garantía por 27 millones de pesos. Naturalmente, el interesado rechazó las cuentas ante la fe de un notario público.
Ahora que cumplido el plazo previsto, el 9 de febrero de 1996 Estanislao Blanco se presentó ante las oficinas de Gigante topándose con el mismo argumento: el dinero se gastó pero no hay comprobantes fiscales. Así de fácil, además, es que la cadena de tiendas, encabezada entonces por Ángel Lozada Gómez, condicionaba la devolución del supuesto remanente a la firma de un finiquito del asunto.
Sin embargo, la negativa de Blanco de recibir los recursos no provocó una ruptura inmediata entre las
partes, abriéndose un largo periodo de dos años para intentarse la conciliación.
Las pláticas fueron infructuosas.
El caso, pues, llegó a los tribunales, con la novedad de que no fue Blanco sino Gigante el demandante, quien para entonces había consignado los 27 millones de pesos de la discordia ante un juzgado.
A partir de ahí se inicia un tortuoso procedimiento judicial, a cuya vera van saltando uno y otro eslabones de una cadena de inconsistencias, absurdos y contradicciones que bien podrían documentar el enésimo capítulo negro de la justicia a la mexicana.
Por lo pronto, esta mañana los abogados de Estanislao Blanco presentarán una solicitud de amparo contra la resolución del tribunal colegiado, en lo que parece ahora sí la recta final del caso.
Ya le contaremos más detalles.
Balance general
Previsto para junio el desenlace del litigio entablado por el Grupo Santos contra el gobierno federal para intentar la recuperación de sus negocios expropiados hace justo cuatro años, dos meses después el tribunal colegiado que maneja la última instancia no da señales de vida.
Lo curioso del caso es que, previendo el rumbo de la resolución, la Secretaría de Agricultura está ya en tratos con el propietario del imperio azucarero? para negociar una devolución ordenada.
Y es que en el camino la autoridad se ha topado con un imprevisto de graves magnitudes que podría desembocar en una contingencia fiscal, dado el cambio de régimen de contribuyentes de los ingenios al integrarlos a un fideicomiso, después de operar como sociedades privadas. De hecho el problema saltó a la entrega de tres de los cuatro ingenios expropiados al grupo Machado de Teresita Machado, en este caso con un obstáculo adicional: el hecho de que las factorías tenían acciones cruzadas con la que mantendrá en su poder el gobierno.
Ahora que la intención es limpiar la casa antes de la llegada del nuevo régimen.
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Lo curioso del caso, en el litigio de un grupo de ex accionistas del banco Inverlat contra el Scotiabank de Canadá, no es tanto que el pleito se haya llevado a Nueva York, sino que se entable contra la intermediaria en lugar del gobierno mexicano.
Como le comentábamos el viernes pasado, el eje de la discordia es un supuesto derecho de los ex socios de la intermediaria, entre ellos los empresarios Juan Gallardo Thurlow, Marcos Katz y un grupo de familiares directos de Xavier Autrey, de mantener 9% de la propiedad de ésta tras su venta al poderoso banco del país de la hoja de arce, con la novedad de que el compromiso lo pactó el gobierno zedilista.
Dicho con todas las letras, el incumplimiento, de documentarse éste, no es atribuible a los canadienses sino a la Secretaría de Hacienda, encabezada entonces por Guillermo Ortiz.
A mí que me esculquen.
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Pendiente el desenlace de su querella ante los tribunales para obligar al grupo hotelero Posadas a documentar su exigencia de reducción en el precio pagado por la privatización de Mexicana de Aviación, el consorcio Aeroméxico repartirá la semana próxima entre sus accionistas parte de los recursos obtenidos en la
operación.
Estamos hablando de 125 millones de dólares? de los 165 que ingresaron a la caja.
El remanente se quedará en espera de que se resuelva la controversia, por más que se sabe que el ajuste solicitado por la firma de Gastón Azcárraga Andrade es de 35 millones de dólares.
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