La carta que dirige el presidente del Instituto Federal Electoral a los empresarios, en la que pide se abstengan de realizar gestión alguna en apoyo de los candidatos que contienden por la Presidencia de la República, constituye una amenaza a las libertades cívicas.
La carta censura la promoción del voto que hace la asociación México por la Democracia, cuya labor impugna el Partido de la Revolución Democrática, ya que por el solo hecho de provenir del sector empresarial es vista como hostil al candidato Andrés Manuel López Obrador.
Luis Carlos Ugalde incurre en equívocos, al manifestar una preocupación respecto a que “los electores sean inducidos, presionados o coaccionados antes y durante la jornada electoral...”.
La redacción es engañosa, porque pone en un mismo plano a conductas diferentes, lícitas unas e ilícitas otras. Una cosa es que cualquier ciudadano que pertenezca al sector que fuere de la sociedad, promueva el voto razonado, libre y secreto e incluso invite o induzca antes de la jornada electoral a sufragar en favor de un candidato y otra cosa muy distinta es que alguien presione o coaccione a sus semejantes el día de la elección, para generar un voto en determinado sentido.
Los empresarios de nuestro país son mexicanos en el pleno ejercicio de sus derechos, son parte de la sociedad y están legitimados para actuar en el proceso electoral en el sentido que les parezca, siempre y cuando no violen la Ley. Tienen derecho para actuar así en forma espontánea y con mayor razón si avizoran la posibilidad de un régimen que los considere enemigos del Estado.
No se trata de una apreciación infundada, el candidato López Obrador se ha empeñado en difamar a los empresarios que no piensan como él, insistiendo en que se trata de un sector privilegiado, parásito y que evade el pago de impuestos, cuando en realidad el mayor porcentaje de los impuestos captados en nuestro país por mucho, proviene de la empresa privada.
Lo anterior es lógico porque la empresa es generadora de riqueza y por el contrario, la estructura de Gobierno es precisamente eso y no es instrumento de producción. Nadie espera que el Gobierno sea generador de impuestos. De hecho, los impuestos que pagan los funcionarios y empleados de los tres niveles de Gobierno, lo hacen por un principio de equidad respecto del resto de los ciudadanos, pero en ese caso, se trata de dinero público reciclado y no implica una aportación adicional a favor del erario.
Esto lo sabe López Obrador, sin embargo, basa su estrategia política en el enfrentamiento de diversos sectores de la sociedad entre sí porque lo que en verdad ofende a este candidato, es que los ciudadanos piensen y que la comunidad se organice y exista por sí misma, al margen de las estructuras burocráticas que el perredista concibe como un ídolo frente al cual la sociedad tiene que vivir postrada.
Todos los candidatos a la Presidencia han proferido ataques a sus oponentes y ninguno escapa a las acusaciones que se hacen unos a otros. Sin embargo, López Obrador es el único que además de atacar a sus contrincantes, ha rebasado los límites para denostar a todo aquel miembro de la sociedad civil, sea empresario, comunicador, encuestador, organismo intermedio o simple ciudadano, que no piense como él o se resista a brindarle su apoyo.
El mal ejemplo cunde y ahora el presidente del IFE se ha contagiado del síndrome que considera que la sociedad civil, está llena de chachalacas a las que hay que callar.
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