¿Qué pasa en Coahuila? ¿Por qué transcurren los días y retrocedemos en el tiempo? ¿Por qué seguimos viendo prácticas que tanto despreciamos? ¿Qué hicimos para merecer gobernantes como los nuestros?
Por definición, un funcionario público es una persona que busca ejecutar obras para el beneficio de una comunidad. Cuando alguien ocupa un cargo de elección popular, debe obedecer el mandato del pueblo, pues fue éste quien lo contrató con su voto.
Sin embargo, en Coahuila sucede todo lo contrario. Aquí nuestros gobernantes siguen perteneciendo a una clase privilegiada que cada día disfruta las mieles de estar en el poder. Aunque Humberto Moreira, presuma que su Gobierno es de la gente, con el tiempo hemos descubierto que no hay una mentira más grande.
En esta Administración hemos visto cosas a las que ya no estábamos tan acostumbrados. Igual como hizo Carlos Salinas al otorgar un poder sin precedentes a su hermano Raúl, actúa ahora nuestro gobernador al haber integrado a las filas estatales a Rubén Moreira. Sin importarle que lo acusen de nepotismo, el mandatario coahuilense ha colocado a sus hermanos en una posición muy privilegiada.
Recuerdo que hace años, cuando el ex gobernador Enrique Martínez, nombró a su hijo como director del DIF Coahuila, las críticas llovieron. ¿Por qué no sucede lo mismo ahora?
Otro foco de alarma que se ha encendido durante la presente Administración, es la falta de apego a la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin importarle que los ciudadanos tengamos derecho a conocer los movimientos financieros de la Administración estatal, Humberto Moreira ha mostrado un desprecio total por la transparencia. Cuando fue alcalde de Saltillo dio una probadita de lo que haría más tarde: mantener la cerrazón en las dependencias oficiales.
Pero entre las cosas que más nos debe escandalizar, es la vergonzosa presencia de prácticas corruptas en la Administración estatal. Para desgracia de los coahuilenses, el gobernador y su familia han dado muestras de aprovechar el poder para emprender prácticas corruptas. Esto explica en parte el afán por eliminar el acceso a la información pública.
En una acción censurable, el Gobierno del Estado otorgó nueve contratos por más de 50 millones de pesos a una minúscula empresa de Nuevo León que, casualmente, opera en las mismas oficinas que ocupa un negocio de Óscar Moreira Flores, tío del gobernador.
Sin saber cómo se llevó a cabo la licitación, esta empresa fue contratada para hacer trabajos de ingeniería civil para la construcción de distintos puentes viales en el estado.
Es insultante para los coahuilenses que se beneficie de una manera tan descarada a una empresa que mantiene claros nexos con la familia Moreira. Ignoro qué explicación dará el gobernador a los coahuilenses sobre este oscuro contrato. Sin embargo, de ahora en adelante la sombra de la corrupción estará siempre presente en su Administración.
Por desgracia la corrupción es un problema tan arraigado en nuestro país como el festejo a la Virgen de Guadalupe, y Coahuila no parece estar al margen de ese mal.
Pero Humberto Moreira y familia, deben entender que los ciudadanos no somos los mismos de antes. A diferencia de tiempos pasados, ahora manifestamos nuestra indignación cuando se cometen actos ajenos al bienestar común, y buscamos la implementación de instrumentos que nos permitan conocer cómo se gastan los gobernantes nuestros recursos.
Moreira podrá tener muchas herramientas para ganar el beneplácito de la gente, sin embargo, ni un baile ni una broma al micrófono, podrán librarlo del desprestigio que trae consigo el privilegiar a unos cuantos, en lugar de gobernar, como él mismo dice, para la gente.
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