Uno de los legados más lamentables de la administración del Presidente Vicente Fox es el clima de anarquía e ingobernabilidad en el que deja sumido al país, lo que mina considerablemente nuestro atractivo económico. El permitió que se debilitara a lo largo de su gobierno el orden institucional, se violaran los derechos de propiedad, se rompiera impunemente la Ley y se hiciera una burla del Estado de Derecho en México.
Las primeras expresiones graves de descontento que violentaron la ley fueron encabezadas por los macheteros de Atenco, y desde entonces han aparecido diferentes grupos que promueven sus intereses infringiendo las leyes y atropellando los derechos de los demás, ante la complacencia irresponsable de las autoridades. Estas, con el pretexto infinitamente elástico del derecho a la manifestación y el privilegio del diálogo, toleran cualquier tipo de vejaciones, a pesar de que los inconformes han cometido delitos y afectado los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos.
En una sociedad regida verdaderamente por leyes tales actitudes motivarían sin miramientos la intervención de la fuerza pública. Ese no ha sido nuestro caso, donde la ilimitada tolerancia de Fox a las expresiones delictuosas de descontento ha hecho que éstas aumenten en periodicidad y trascendencia. Este año, por ejemplo, hemos visto cómo el berrinche de Andrés Manuel López Obrador tuvo de rehén a la Ciudad de México por varios meses, sin que se hiciera algo al respecto. En paralelo, el sindicato de mineros cometió varios delitos por defender a su líder y fue premiado con el logro de sus demandas y con el pago completo de sus salarios, a pesar de que la huelga había sido calificada como legalmente inexistente por las ?autoridades?.
El caso más patético, sin embargo, es el de la ingobernabilidad en que se encuentra el Estado de Oaxaca desde hace meses. Ahí no existe el orden, ni la ley. Los derechos de propiedad son impunemente violados, lo mismo que la libertad de tránsito, lo que ha minado considerablemente la capacidad de la entidad para generar ingreso y empleo. Hemos llegado a esta situación por la ineptitud de nuestros gobernantes, que no cumplen siquiera con la función básica y elemental de cualquier gobierno, que es garantizar a los ciudadanos su seguridad y la vigencia del Estado de Derecho. Esa es la tarea fundamental y razón de ser de un gobierno, todo lo demás es secundario.
Fox deja una herencia muy triste en este aspecto. Su incapacidad y temor a ejercer la autoridad y aplicar la ley abrió la caja de Pandora de tal forma, que ya rebasó el momento en que con el sólo dialogo se pueden resolver los reclamos delictuosos de los grupos sociales. La enseñanza que deja es lamentable. Cualquier grupo de poder sabe que puede alcanzar sus objetivos violando la ley y trastornando el Estado de Derecho, porque sus acciones delictivas quedarán impunes, como ha sido el caso hasta ahora. Cada vez son más graves y duraderas esas manifestaciones de inconformidad, por lo que muy probablemente el costo social y político para romper ese patrón de comportamiento será elevado, si es que alguna autoridad tiene el arrojo y la voluntad para hacerlo.
El conflicto en Oaxaca, en particular, coloca al gobierno saliente de Fox y al gobierno entrante de Felipe Calderón entre la espada y la pared. La situación se ha deteriorado tanto, que en las condiciones actuales no hay manera de que se salga bien librado de ella. Hay, para todo fin práctico, dos caminos. Por un lado, el camino del ?diálogo?, ya sea que desemboque o no en la salida de Ulises Ruiz, implica por lo menos dos costos importantes para la próxima administración. El primero consiste en que ceder a las presiones de la APPO, sin un castigo ejemplar para sus integrantes por haber violado la ley y trastornado la vida institucional y pública de los habitantes de Oaxaca, sería un ejemplo más de que la protesta callejera y el atropello de los derechos ajenos es un medio exitoso para conseguir lo que se quiere. Nada impediría que cualquier descontento futuro trate de ventilarse por la misma vía, incluyendo porqué no, un movimiento que pida la renuncia de Calderón si este se atreve a proponer alguna reforma que no agrade a los revoltosos tradicionales.
El segundo costo estaría en función de que se diera la salida de Ulises Ruiz sin la anuencia del PRI, puesto que implicaría perder el posible apoyo de este partido para las reformas que plantearía el gobierno de Calderón, lo que dejaría al país en la mediocridad económica y abriría nuevamente el camino para que el PRD vuelva a trastornar el ambiente electoral y político del país, no sólo en las elecciones de medio término, sino más importante aún, en las presidenciales de 2012. El otro camino consiste en el uso de la fuerza pública para reestablecer el orden institucional en Oaxaca, opción que no está exenta de costos pero que desde mi punto de vista es necesaria. El uso de la fuerza pública para aplicar la ley y hacer efectivo el Estado de Derecho es una acción crucial ante las crecientes señales de anarquía que se viven en el país. Lamentablemente, su aplicación en las condiciones actuales dejaría varios lesionados, porque me temo que los integrantes de la APPO no aceptarían dócilmente la reimposición del Estado de Derecho en su entidad. Como sucede siempre en este tipo de situaciones, aparecerían las voces ?ofendidas? de los grupos que han hecho del desorden y la anarquía su modo de vivir, lo que probablemente desemboque en violaciones adicionales de la ley, así como en más enfrentamientos con las autoridades.
La pusilanimidad de Fox nos colocó en esta tesitura anárquica, donde no hay salidas sin costos. Está por verse cuál de ellas prevalecerá y si Calderón logrará reencauzar al país por el camino del Estado de Derecho.
