El Siglo de Durango
El alcalde Jorge Herrera Delgado reprochó a la Barra de Abogados la solicitud que hace al Gobernador del Estado, para intervenir, y en su caso remover de su cargo al titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), Roberto Bravo Ontiveros, ya que es un planteamiento que refleja el desconocimiento de la ley de los litigantes.
Herrera dejó claro que ésta decisión es facultad exclusiva del Presidente Municipal, y no del mandatario estatal, por lo cual sentenció: ?¡me parece que no conocen las funciones, y eso no se vale en abogados!?.
El regidor panista José Luis López Ibáñez, ex presidente y actual miembro de la Barra de Abogados de Durango, informó que en la asamblea extraordinaria del pasado viernes, el organismo profesional acordó pedirle al gobernador Ismael Hernández Deras hacer uso de sus facultades constitucionales para deponer a Bravo Ontiveros de la DMSP.
El reclamo de los abogados se originó por la supuesta negligencia con que ha actuado Bravo en el caso de las agresiones que presuntamente sufrió un miembro de la Barra, Víctor Samuel Valles, a manos de agentes policiacos el pasado 2 de junio.
López Ibáñez argumentó: ?es facultad del Gobernador nombrar y remover en dado caso al Director Municipal de Seguridad en la ciudad donde radican los poderes del Estado, que es Durango. Por eso, la asamblea de la Barra le pidió al Gobernador que intervenga?.
Sin embargo, el Presidente Municipal reviró las intenciones de la Barra de Abogados, y condenó que los conocedores del Derecho hayan acordado hacer un planteamiento fuera de norma al Ejecutivo del Estado.
Lo anterior, al pedirle los litigantes que intervenga en algo que ya no es su facultad, pues desde hace años se modificó la Constitución Política del Estado de Durango, y desde entonces, al titular de la DMSP ya no lo nombra ni remueve el Gobernador, sino el Alcalde.
Herrera Delgado aseguró, sin embargo, que no habrá impunidad en caso que se compruebe la supuesta agresión al abogado Víctor Samuel Valles por parte de agentes policiacos de la DMSP, en hechos ocurridos el pasado 2 de junio.
López Ibáñez admitió más tarde que fue un error pedir la intervención del Gobernador en un asunto que constitucionalmente ya no es de su competencia, pues se fueron con la idea de que esta disposición seguía vigente en la Constitución local.
El panista reconoció que la Barra de Abogados (y él) se habían ?resbalado?, al fijar un acuerdo y una exigencia con base en un asunto competencial del Ejecutivo que fue derogado hace años de la Constitución del Estado.
Hechos
El viernes 2 de junio del año en curso, el abogado Víctor Samuel Valles dijo haber sido objeto de agresiones físicas y verbales por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, al intentar asumir su función como representante legal de unas personas que participaron en un choque.
Una semana después, el viernes 9 de junio, la Barra de Abogados de Durango sesionó de manera extraordinaria para analizar el caso.
El acuerdo fue votado por abrumadora mayoría en el sentido de pedir la intervención del gobernador Ismael Hernández Deras en este caso, basados en las supuestas facultades constitucionales que tiene (tenía) el Ejecutivo en la designación y remoción del titular de la DMSP.
Este lunes 12 de junio el Alcalde Jorge Herrera Delgado abordó el tema y de inmediato reprochó que los litigantes pidan algo fuera de la ley: la intervención del Ejecutivo estatal en un asunto que es exclusivo del Municipio.
