Ha estado difundiéndose la idea de que el dos de julio se va a definir más que el poder ejecutivo para el siguiente sexenio, planteándose que lo que estará en juego es el destino de una generación de mexicanos, si no es que más. Sin duda alguna se trata de un punto de vista muy interesante por lo que resulta muy útil hacer unas reflexiones en torno al mismo.
Se atribuye a la libre operación del mercado la propiedad de generar crecimiento; en virtud de ello, la creación de empleos bien remunerados y, como consecuencia la reducción de la desigualdad y la pobreza.
Mencionar esto ya es recurrente, pero necesario porque es parte medular de la reflexión. Como sabemos, los resultados económicos y sociales obtenidos bajo la estrategia económica aplicada privilegiando al mercado como el mecanismo para asignar y hacer eficientes las decisiones individuales y sociales, no han sido los prometidos, no sólo en México, sino en buena parte de América Latina. Cosa que cotidianamente documentan las estadísticas de todo tipo de fuentes.
Y es que en esta visión, el horizonte de la política social ha estado limitado por la satisfacción de los llamados fundamentos macroeconómicos, que se reducen a buscar la estabilidad de precios y el equilibrio (cuando no superávit) entre los ingresos y los gastos públicos. Esto es así porque el gasto social se considera como un factor pernicioso para la estabilidad de precios y de la eficiencia.
En otras ocasiones nos hemos referido al empleo como una de las promesas incumplidas, incluso en países desarrollados en donde se observa crecimiento. En la misma línea están la pobreza y la desigualdad. Así pues, ante la precariedad en las condiciones de vida de amplias capas de la población, que esta política económica ha provocado, aquella ha comenzado a buscar alternativas más acordes a sus intereses. No debe pues de extrañar que en un país como el nuestro en el que casi la mitad de la población vive en la pobreza y una parte importante en la pobreza extrema, se erija un discurso político que llame la atención sobre está realidad incuestionable.
Es verdad, la pobreza y la desigualdad en nuestro país tienen raíces históricas en el pasado lejano, lo cual ha servido a los sucesivos gobiernos de coartada para no reconocer que dichos problemas han encontrado mecanismos de reproducción en el pasado reciente.
De manera que quienes señalan que la actual estrategia va bien, califican como populista a todo aquello que signifique un giro sustancial y señalan que de seguirse por esta ruta en la que se metió al país hace más de veinte años, los rezagos sociales que existen actualmente se resolverán, por lo que no hay que hacer ningún cambio. Particularmente el presidente Fox ha sido enfático en toda su propaganda de los últimos meses, buscando apuntalar a su candidato.
La próxima difusión de los datos sobre la pobreza es un campo más de batalla a este respecto. Para empezar todavía hay una fuerte controversia sobre la imparcialidad del ente encargado de medirla, además de la disputa sobre el reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Luego está el dato en sí, ya sea que haya un mejoramiento o empeoramiento de los niveles de pobreza y la posible utilización electoral de las cifras, por todos los bandos según les convenga.
Como en otras ocasiones lo hemos expresado, los últimos gobiernos que hemos tenido han resultado más ortodoxos (sería interesante saber porque) que las propias instituciones que en su momento han sido las promotoras por excelencia de esta línea económica, particularmente el Banco Mundial, quien ha expresado que uno de los desafíos más grandes que enfrenta América Latina es ?transformar al Estado en un agente que promueva la igualdad de oportunidades y practique la redistribución eficaz?.
Parece ser, pues, que la polarización social está animando la intensa confrontación electoral en curso. Visto así, efectivamente las fuerzas políticas en pugna encarnarían estas distintas visiones, una de las cuales propugna por seguir la senda de los últimos 25 años y la otra por agregar a los necesarios equilibrios macroeconómicos, el no menos necesario enfoque de justicia social
Entonces sí, en este próximo dos de julio se podría definir más que una elección, en donde el relevo del poder no signifique solamente un desplazamiento en el personal de la clase política y de siglas del partido, por un cambio (cuesta trabajo utilizar esta palabra ya tan devaluada) sustancial en las relaciones económicas y sociales en este país.
Esta será una buena ocasión para que las demandas de democracia social pongan a prueba la democracia electoral, y así veremos de que está hecha está última. Es decir para que la observancia de los derechos económicos y sociales hagan efectivo los derechos políticos. Hay tareas.
