Como cada año, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) elabora el informe de la revisión de la Cuenta Pública, entregando, a finales de marzo, el documento correspondiente a 2004. Este es un hecho que debiera suscitar mayor interés puesto que estamos hablando de uno de los pilares que pueden darle sustento y legitimidad a nuestra todavía incipiente, pero ya maltrecha, democracia representativa.
En efecto, es necesario insistir que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de la esencia democrática. Del fortalecimiento y efectividad de estas prácticas depende que sigamos ostentando esta condición como sociedad, y no que las sumemos a la ya larga lista de promesas incumplidas, hasta ahora, de la democracia, en nuestro país.
Sería pretencioso, por decir lo menos, tratar de resumir los pormenores de este sustancioso informe en este espacio; sin embargo es ilustrativo de la importancia de esta labor mencionar que la ASF detectó irregularidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el manejo de Fondo de estabilización, con los recursos excedentes, entre otros asuntos; en la gestión contable y administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como en convenios de esta empresa con su sindicato.
De igual forma, la ASF identificó un mal manejo de los recursos federales en algunos estados, municipios y el Distrito Federal; ha hecho una clara y precisa censura de los bonos que alegremente se autoasignan los ministros en la Suprema Corte bajo el eufemístico argumento de Ayuda para el Fomento de la Cultura de la Legalidad, entre otros bonos. Y ni así camina la justicia, por cierto.
En este mismo contexto, el auditor señala que aún hay varias zonas de penumbra que se advierten en la fiscalización de las cuentas públicas, y que desde luego preocupan por su potencial impacto sobre las finanzas gubernamentales. Uno de ellos es la eficiencia recaudatoria del Estado, que no está en los mejores términos, una cuestión que sin duda habrá que tomar muy en cuenta para una discusión a fondo de una auténtica reforma fiscal, que apunte a ser integral.
Otro elemento es el de las pensiones públicas, en donde no hay un diagnóstico claro del problema, lo que dificulta definir soluciones. En la misma categoría de oscuridad están los fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos, en donde a pesar de que la ley ya permite fiscalizarlos todavía hay problemas con la información financiera que éstos presentan. Para tener una idea de lo que se está hablando, son alrededor de mi 300 fideicomisos que manejan activos por 600 mil millones de pesos, cerca del ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
De singular importancia, por la coyuntura política y los pronunciamientos que algunos de los candidatos a la presidencia han hecho, son los señalamientos que la ASF hace, por enésima vez, sobre el manejo del rescate bancario que condujo al Fobaproa-IPAB. Asunto que incluso ha provocado una controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo contra la entidad de fiscalización.
El auditor es muy puntual al señalar que: ?Si tuviéramos que hacer un diagnóstico de aquel momento y aventurar una opinión, la crisis bancaria se dio, entre otros factores, por la falta de regulación y supervisión en aquel momento, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco de México, que no cumplieron con su responsabilidad de vigilar la buena marcha de las instituciones bancarias?.
Y también señala que otra de las grandes fallas fue la ?discrecionalidad con que se actuó en el Comité Técnico del Fobaproa y cómo se hizo el rescate, cómo permitieron que muchos vívales aprovecharan las circunstancias para meter créditos basura?. Remata preguntándose por qué de las 62 opiniones de delito que se configuraron, 31 se resolvieron como improcedentes y una gran cantidad de las acciones prescribió, además de que otras ocho fueron sobreseídas y la PGR se abstuvo en una querella.
Sin duda alguna, estos señalamientos precisos del auditor, aparte de sugerir la revisión del ?acta de defunción? del Fobaproa, de manera simultánea tocan la sustancia de la pretendida autonomización de los entes reguladores del sector financiero. Una cosa que habrá que tener presente, en caso del reflujo de esta discusión.
