Es España país de zona euro con mayores costos para cerrar empresas .
Agencias
Madrid, España.- España es el país de la zona del euro con mayores costos para cerrar una empresa y obstáculos que van de tener una autorización administrativa hasta las elevadas indemnizaciones que las empresas deben pagar por los trabajadores.
El periódico español especializado en economía Expansión destacó que España tiene un serio problema para atraer inversiones foráneas, en directa competencia con todos los países de la zona euro.
Esto, añadió, dentro de un contexto más o menos homogéneo en el club de países desarrollados y ?cuanto más difícil sea salir de España para las empresas extranjeras, más reticencias tendrán para entrar e invertir?.
El rotativo puntualizó que España y Holanda son los únicos países de la zona euro, y de la antigua Unión Europea (UE) de quince miembros que requieren la autorización administrativa para hacer una regulación de empleo.
El resto de los países se atienen a la directriz comunitaria del obligado proceso de consultas, información y negociación con los sindicatos.
Otra diferencia sustancial de España con sus más directos competidores es que, incluso la jurisdicción de lo social, evalúa técnicamente si la decisión del empresario se justifica desde el punto de vista económico, organizativo, tecnológico o de producción.
En el resto de la zona euro, y en Dinamarca, Reino Unido y Suecia, que no están en la divisa única, ?no se cuestiona la decisión empresarial, sino que sólo se trata de garantizar que se siguen los pasos necesarios para cumplir la ley?.
Además, en esos países no se atenta contra los derechos fundamentales de las personas, apuntó el rotativo.
Expuso que en Francia, en los últimos años, la jurisprudencia "está evolucionando hacia una mayor flexibilidad" en la interpretación de las razones del empresario para hacer una regulación de empleo.
Agregó que España se diferencia de sus socios europeos en el costo económico del cierre de una empresa y con frecuencia, el acuerdo con los sindicatos, pasa por una indemnización a los trabajadores muy superior a lo que marca la Ley.
Precisó que por despido improcedente, la indemnización puede ir desde los 33 días por año trabajado, si se trata del contrato de fomento del empleo indefinido, hasta los 45 días, si la persona despedida tenía un contrato ordinario clásico.
Pese a ello, en ocasiones, la indemnización puede alcanzar los 80 días por año trabajado tras negociar con los sindicatos.
"Eso es precisamente la causa de que muchas grandes compañías se nieguen a financiar además un plan social", subrayó.
