Este domingo son las elecciones. Por varias semanas he comentado varias de las políticas públicas que aplicaría Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en caso de llegar a la presidencia de la República. El tema parece inagotable, considerando todas las tonterías económicas que propone. No hay en su arsenal nada que presagie un buen final. Por el contrario, todo apunta a un regreso a los momentos más negativos para nuestro desarrollo. Su eventual triunfo se traduciría, sin duda, en una mayor intervención del gobierno en la economía y un menor respeto por los derechos de propiedad.
Una de las expresiones de ese mayor intervencionismo gubernamental y que encuentra apoyo en algunos sectores empresariales tradicionalmente vinculados al gobierno para hacer dinero, es el resurgimiento de la ?política industrial?. Para AMLO México no ha contado con políticas públicas para el desarrollo industrial ni energético desde 1982. Él, en cambio, impulsaría al sector energético, los proyectos de infraestructura y obra pública, así como los sectores que él considera clave para el desarrollo industrial.
En energía, por ejemplo, ?la propuesta consiste en fincar las bases del desarrollo nacional sobre el aprovechamiento y la modernización del sector energético?. La carta a Santa incluye aumentar la inversión y producción de gas, petróleo y electricidad sin privatizarlas, así como ser autosuficiente en gasolina y gas natural a precios justos y competitivos. No precisa los recursos que serán necesarios para alcanzar estos objetivos, como tampoco nos dice como enfrentará los intereses de los poderosos sindicatos de las empresas públicas.
El planteamiento energético de AMLO tiene otros problemas, que se ven mejor en su plataforma electoral 2006. Ahí se dice, literalmente, que se devolverá ?al autoabastecimiento y a la cogeneración de energía eléctrica su carácter original y terminar con la figura de productor externo o independiente?. En otras palabras, la política energética de México al oponerse a la inversión privada en este sector iría totalmente en el sentido opuesto al de todos los demás países del planeta.
Su enfoque sobre el papel de la inversión pública es un regreso a las ideas que dominaron las políticas públicas de los gobiernos del PRI, en particular las administraciones de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo (JLP). AMLO dice que su gobierno jalaría a la inversión privada, y esta sería una nueva época para ?administrar la abundancia?, ya que los energéticos se convertirían en la turbina económica central del país. Ya habíamos oído eso antes.
AMLO cae, además, en la tentación de definir desde los escritorios burocráticos a los sectores industriales prioritarios, como en otra época lo hizo JLP. Estos incluyen varias actividades industriales donde la apertura comercial ha mostrado que carecen de ventajas comparativas, como son la cadena fibras-textil-vestido, manufacturas eléctricas, calzado, juguetes y la cadena café en grano-café tostado-café soluble.
También plantea combatir el contrabando mediante un Programa de Importaciones Especiales para permitir la importación libre de impuestos y barreras de los productos textiles y de los juguetes, pero exclusivamente para las empresas fabricantes, lo que en la práctica es en detrimento de los consumidores, ya que equivale a trasladar la renta económica que recibe el contrabandista hacia el que tiene la exclusividad de la importación.
Para los mexicanos, una "política industrial" que otorga privilegios y cree seleccionar ganadores desde los escritorios de la burocracia es una pésima noticia económica, que significa un retroceso importante en la asignación eficiente de los recursos y un obstáculo para mejorar la competitividad del aparato industrial del país.
Es normal que con los mitos de que el gobierno "debe" velar por "la integración de cadenas productivas" y el "apoyo a la pequeña y mediana industria", así como con otras ocurrencias, cada sector productivo promueva y defienda sus intereses. Nadie puede culparlos por utilizar su poder político para convertir la política industrial en un mecanismo que les otorgue subsidios, protección y tratos preferentes. Esto es cierto en cualquier sistema (capitalista, socialista y comunista), pero tiene más éxito en los países donde hay un mayor control público sobre la actividad económica, y ese es el panorama que nos presentaría una administración encabezada por AMLO.
La intervención del gobierno en la economía mexicana generó muchos estragos económicos y fue el origen de muchos trastornos y deficiencias estructurales, e impidió, por décadas, que nuestro aparato industrial tuviera la flexibilidad necesaria para competir de acuerdo a las condiciones cambiantes del entorno. Cuando parecía que habíamos dejado atrás ese paternalismo gubernamental tan pernicioso, existe la amenaza de que regrese vestido otra vez como ?política industrial? dirigida por un estado Orwelliano, benefactor y ?omnisciente?.
Las propuestas de AMLO en este tema tendrían, como mucho de su Proyecto Alternativo, resultados muy pobres. Una política donde el gobierno selecciona "ganadores" cuesta mucho y fracasa. Si él insiste en un mayor intervencionismo porque no tienen sentido la economía de mercado y las reformas estructurales, no tardaríamos mucho en ver lo que su ignorancia puede costarnos. Es mucho pedir, sin embargo, que un populista sin preparación como AMLO lo entienda. Ojalá y los electores no le demos este domingo la oportunidad de trastornar nuevamente nuestra economía.
