EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- La devolución de tres vehículos de su propiedad que se llevó la grúa de afuera de su casa al corralón por órdenes de las autoridades municipales, exige el dirigente del grupo político Colosio, Miguel Ángel Orozco Rendón, a siete meses de ocurridos los hechos.
Desde el ocho de noviembre de 2005, dice, él y su padre interpusieron denuncia ante la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales, contra el alcalde Octaviano Rendón Arce y la titular del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Yadira Narváez Salas, por los delitos de abuso de autoridad, robo con violencia y los que resulten, pero a la fecha no se la ha dado seguimiento.
Es una camioneta Ram Charger, modelo 1987, color plateado; un automóvil Ford Fairmont Futura 1979, color melón con logotipos Colosio en sus puertas, así como una vagoneta Ford Falcon, modelo 1961 color verde, que estaban estacionadas en calle Juárez, frente al número 161 poniente de la zona centro.
Como se informó en su oportunidad, Orozco Rendón se opuso a la obra hidráulica que realiza Sideapa desde el año pasado, hasta en tanto se informara a satisfacción de la sociedad los pormenores, ya que considera que existen grandes fallas y gastos inútiles, motivo por el cual ni retiró sus vehículos por donde se harían excavaciones, por lo que la Presidencia Municipal ordenó el retiro de los vehículos por medio de la grúa.
?Es ya el séptimo mes que se cometió la infamia de la incautación de los tres vehículos por Octaviano Rendón Arce y nadie sabe el porqué, ni qué Ley lo faculta para retenerlos sin ningún aviso ni notificación escrita o demanda interpuesta. Nadie sabe el porqué y por qué no los ha regresado al lugar donde se los llevó?, dice Orozco Rendón.
Impunidad
Con este penoso caso, añade, se constata que en Durango la Ley tan sólo se aplica contra los pobres ciudadanos que se atreven a cruzarse en el camino de los malos gobernantes y que el gobernador está para protegerlos y procurarles impunidad.
Miguel Ángel Orozco Rendón asegura que tanto el procurador de Justicia como el gobernador, Ismael Hernández Deras, quienes prometieron ver el caso en forma personal, no han hecho nada en lo absoluto, pues de eso hace ya más de dos meses.
El afectado advierte que seguirá luchando hasta que el alcalde ordene que le lleven sus vehículos al lugar donde se los llevaron el año pasado, toda vez que fue una acción autoritaria y fuera de la Ley.
