Advierten que la libertad de prensa en las Américas experimentó un grave retroceso durante el último semestre.
El Siglo de Torreón
México, DF.- Con un enérgico llamado a las autoridades locales y federales para aclarar los asesinatos cometidos contra periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su 62 Asamblea General, lamentado el retroceso que sufrieron las garantías para el ejercicio periodístico durante los últimos seis meses.
?La vigencia de la libertad de prensa en las Américas experimentó un grave retroceso durante el último semestre, con el asesinato de nueve periodistas y una escalada de amenazas de muerte y agresiones de todo tipo se abatió sobre decenas de medios y reporteros de todo el continente?, advirtió el organismo en las resoluciones que aprobaron sus delegados la tarde de ayer.
La violencia ejercida por el narcotráfico y el crimen organizado contra los comunicadores, especialmente en la frontera norte fue una de las mayores preocupaciones de la SIP, junto a las agresiones generadas contra medios de comunicación en el estado de Oaxaca.
?En México, la tarea periodística, particularmente en la frontera con Estados Unidos es una especie en extinción. Los periodistas viven amordazados y amenazados.
?El narcotráfico ha corrompido a policías locales, estatales y federales, a alcaldes y jueces (...) y también a periodistas. Desde 1982, 53 reporteros y columnistas mexicanos han sido asesinados?, destaca el documento.
En el capítulo de ?Impunidad?, aprobado de igual forma por la asamblea, el organismo hemisférico destacó los casos de 13 periodistas asesinados en México, uno secuestrado, otro desaparecido y uno más que sufrió un atentado, los cuales no han sido aclarados por las autoridades a pesar de que se registraron entre 1988 y 2006.
Entre ellos, se encuentra el asesinato de Benjamín Flores González, director de La Prensa, de San Luis Río Colorado, Sonora.
La SIP destacó que a nueve años del homicidio aún faltan por ejecutar tres órdenes de aprehensión y el presunto autor intelectual del crimen, Gabriel González Gutiérrez, quien fue sometido a juicio hace cinco meses, podría ser absuelto ante lo frágil de las acusaciones, que en años anteriores permitieron que otros detenidos relacionados con el caso fueran liberados.
Por ello la Asamblea General resolvió: ?Demandar a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora para que revise el expediente sobre el homicidio del periodista Benjamín Flores González, encuentre a los responsables y obtenga una sentencia condenatoria contra Gabriel González?.
Además, pidió a la Fiscalía Especial de la PGR para atender delitos contra periodistas que revise el expediente y atraiga el caso.
El caso de José Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial, de Sonora, desaparecido desde el dos de abril de 2005, también fue destacado en el informe contra la impunidad.
?La Asamblea aprobó urgir a la PGR para que ofrezca resultados concretos y claros sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y someta a juicio a todos los responsables?, señala el documento.
La resolución de los tres asesinatos contra periodistas cometidos durante el semestre pasado fue una de las principales exigencias de la SIP a las autoridades federales y estatales.
En su resolución, el organismo demandó que se investiguen a fondo y detengan a los responsables de los homicidios de Enrique Pérez Quintanilla y Ramiro Téllez Contreras, en Chihuahua y Tamaulipas, respectivamente, así como de la desaparición de Rafael Ortiz Martínez, en Coahuila.
También exigió que indaguen, resuelvan y eviten las agresiones contra medios de comunicación y trabajadores de la prensa en Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán.
El documento destaca que de acuerdo con el Artículo Cuarto de la Declaración de Chapultepec ?documento que condensa las bases de la lucha del organismo- establece que ?el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coarta severamente la libertad de expresión y de prensa, (y por ello) estos actos deben ser investigados y con prontitud y sancionados con severidad?.
