El Siglo de Durango
Las diversas fracciones políticas representadas en el Congreso del Estado coincidieron en que el discurso anti-corrupción del gobernador Ismael Hernández Deras debe traducirse en hechos concretos en los tres niveles de Gobierno.
Los diputados de oposición adujeron que el catálogo de sanciones para funcionarios corruptos ya existe en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, el contenido de la misma prácticamente no se aplica.
Sin embargo, uno de los legisladores entrevistados, Alfredo Salas Andrade, incluso se pronunció por penalizar la corrupción y agravar las sanciones administrativas para que realmente el texto legal inhiba que los servidores incurran en anomalías.
Los legisladores locales Lilia Velia Carranza García, del PT; Arturo Yáñez Cuéllar, del PRI; Juan Quiñones Ruiz, del PAN y Alfredo Salas, del PD, consideraron lamentable que la corrupción sea un problema endémico en las esferas gubernamentales.
Tras la denuncia de corruptelas en el Gobierno del Estado hecha por el propio mandatario estatal, Ismael Hernández Deras, el diputado Yáñez Cuéllar, del Revolucionario Institucional, hizo un exhorto a la Secretaría de Contraloría a efecto de que intensifique los mecanismos de detección y combate a la corrupción.
?Sin duda el llamado del Gobernador es interesante para que la propia ciudadanía sea la encargada de combatir la corrupción denunciándola. Lo primero necesario es evidentemente que Contraloría haga su trabajo con firmeza?, dijo.
Salas Andrade, diputado del Partido Duranguense (PD), expresó que en la entrega de viviendas a los compradores hay todo un proceso de corrupciones y anomalías que encarecen los precios y merman las políticas de promoción de vivienda.
?Yo creo que no hay otro camino nada más que penalizar las distintas formas de corrupción, pues si eso no ocurre, pese a las medidas internas que se tomen en las dependencias, el problema seguirá vigente en los gobiernos?, acentuó.
Lilia Velia Carranza, del Partido del Trabajo (PT), señaló que en el terreno de los hechos no se ve la aplicación de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, como tampoco se ven sanciones ejemplares a los corruptos.
?Sabemos que existe el mal, tenemos la medicina para curarlo pero no lo queremos curar. De nada sirve que tratemos aquí de adecuar las leyes si no se implementan. Por eso veo con buenos ojos que el Gobernador denuncie la corrupción, pero vería de mejor manera que se apliquen responsabilidades ejemplares?, puntualizó Carranza.
El panista Juan Quiñones, en tanto, estimó trascendente no ver hacia el pasado sino advertir que en el presente y el futuro, quien sea sorprendido o detectado en actos de corrupción, automáticamente se hará acreedor a sanciones graves.
?Nada más se trata de poner a cada quien en la responsabilidad que tiene encomendada. Entonces, en ese sentido, si alguien quiere conservar su trabajo que no caiga en corrupción ni la tolere, porque lo primero es que actúen contra quien lo permite, por negligente?, concluyó el canatleco.
Contraste
Mientras los diputados ven relajamiento en las áreas de Contraloría del Estado, pues no se percibe la aplicación de las leyes contra la corrupción, en un comunicado la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa dio a conocer los reconocimientos que hizo la iniciativa privada a esta dependencia.
En el escrito la Secomad informa sobre una reunión con empresarios de la entidad, en la cual los dirigentes patronales presentes habrían afirmado tener confianza en el buen manejo de los recursos por parte del Estado, así como en el trabajo realizado por la Contraloría.
?Tenemos la seguridad que el manejo de los recursos del pueblo que el Gobierno del Estado administra es el más adecuado, porque las secretarías de Finanzas y de la Contraloría han demostrado que las cosas se están haciendo bien?, afirmó, según el comunicado, Juan Francisco Gutiérrez Fragoso, presidente de Canaco Durango.
En el evento participaron María de Lourdes Nevárez Herrera y Jorge Herrera Caldera, secretarios de Contraloría y Modernización Administrativa, y de Finanzas y Administración, respectivamente.
