Tanto en Carrillo Puerto como en Antonio Amaro sobreexplotaron el bosque
EL SIGLO DE DURANGO
GUADALUPE VICTORIA, DGO.- El presidente municipal de Guadalupe Victoria, Mario Alberto Ramírez Corral, y autoridades ejidales de Felipe Carrillo Puerto y Antonio Amaro tienen ocho días hábiles para mostrar a la Profepa los permisos que avalen la explotación y comercialización de recursos forestales; de no ser así, se harán acreedores a sanciones, esto a partir del 7 de abril del año en curso.
En entrevista exclusiva con El Siglo de Durango, Paulino Córdova Quiñones, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; Bernardo Flores Vázquez, subdelegado Jurídico, y Rafael Vázquez Rivera, subdelegado de Inspección, fueron contundentes al señalar que se aplicará todo el rigor de la Ley General y del Reglamento de la institución en caso de que no exista un permiso expedido por la Semarnat.
Esto a raíz de la visita que la dependencia federal hizo el pasado 3 de abril a la localidad de Felipe Carrillo, para hacer una investigación de campo en atención a la denuncia interpuesta por Rubén Ibarra Alcántar, presidente de la Junta Municipal de la comunidad citada.
Al dirigirse a la zona señalada como afectada por los mismo ejidatarios, los inspectores pudieron corroborar la tala que se realizaba en la zona hasta apenas unos días, pues en el lugar aún había montones de postes, y evidentes huellas de tala.
De esta manera se procedió a asegurar toda la madera que se encontró en el lugar, almacenándola en una bodega del poblado Felipe Carrillo Puerto, ante la presencia de ejidatarios del lugar y del mismo Presidente de la Junta Municipal.
En una segunda visita de los inspectores de la Profepa, fueron descubiertos postes en el vecino poblado 2 de Abril, mismos que habían sido comercializados y presuntamente tenían como destino utilizarse en la aplicación de un programa municipal para la colocación de cercos.
Ese mismo día, la Profepa procedió a asegurar todo el material encontrado en el poblado, en una bodega que fue rentada en el mismo lugar, y ahí permanecerá hasta que se aclare la situación legal del producto, externó Córdova Quiñones.
El Delegado de la Profepa admitió que en un principio se consideró la acción como aprovechamiento de tipo doméstico, porque así era realmente; era muy poco el producto extraído. De esto se le dio respuesta a Rubén Ibarra, quien fue el que puso la queja por primera vez el 11 de enero de 2006.
Sin embargo, también fue atendida su segunda llamada de atención, que fue cuando la Profepa pudo percatarse de que la explotación de la reserva forestal se había excedido y tal fue la situación que se detectó que en el territorio del ejido Antonio Amaro la situación era similar.
Fue así como se procedió a reconvenir a los involucrados en la explotación de dichas reservas forestales a entregar el documento expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un plazo de ocho días como máximo.
De la misma manera, Córdova Quiñones advirtió que ?en ningún momento hemos soslayado, ignorado o dejado pasar por alto ninguna actividad ilícita en la zona boscosa de Guadalupe Victoria, mucho menos hemos solapado a ningún tipo de autoridad ni persona que aproveche indebidamente la reserva forestal?.
Agregó que por tal motivo han sido severos, tanto con la autoridad municipal como con los representantes ejidales, a fin de obtener cuentas claras de la tala que se venía haciendo hace escasos días.
Procedieron en su derecho
Paulino Cordova Quiñones, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), manifiesta que los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto del municipio de Guadalupe Victoria tienen todo el derecho a molestarse por el daño que se hace en su territorio.
No obstante, indicó que a pesar del esfuerzo de la dependencia federal por atender a la brevedad sus denuncias, ellos no han sabido manejar los tiempos y han intentado llevar el problema de índole forestal a otro contexto.
Dijo además que el reglamento de la Profepa es claro y efectivo respecto de la protección de la naturaleza, y que con o sin presión la obligación de la dependencia es evitar y sancionar irregularidades que dañen al entorno.
De la misma manera, invitó a este matutino a dar seguimiento al caso, para que de esta manera no haya duda de que el proceso se llevará con transparencia.
Enfatizó que la Profepa no es un reflector para las personas interesadas en buscar proyección popular; sin embargo, su trabajo es netamente la protección al ambiente, por lo que con base en su reglamento darán seguimiento a la situación forestal en Guadalupe Victoria hasta sus últimas consecuencias.
Córdova Quiñones mostró además los documentos en los cuales tienen plasmados todos los pormenores de la investigación que llevan a cabo en el municipio de los Llanos y se puso a las órdenes de los ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto, para el momento en el que estén dispuestos a hablar personalmente con él.
