Temen que el Gobierno Federal busque ocultar el informe "Que no vuelva a suceder", entregado desde el 15 de diciembre pasado.
MÉXICO, D.F., (EL UNIVERSAL-AEE).- José Sotelo Marbán, jefe del Grupo Interdisciplinario que realizó la investigación sobre la llamada "Guerra Sucia", manifestó su preocupación sobre la tardanza del Gobierno Federal en difundir el informe: "Que no vuelva a suceder", entregado desde el 15 de diciembre pasado al fiscal especial, Ignacio Carrillo Prieto.
Durante el primer foro-debate "Por la importancia de aclarar los delitos del pasado", aseguró que el documento se entregó al "área más timorata" de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), el área jurídica, encabezada por Salvador Osorio, y dijo que la revisión parece
tender hacia el ocultamiento de la verdad histórica.
"Me gustaría que el informe tuviera aportaciones, no cortes, apelo al fiscal y al Presidente de la República para ello", dijo en su intervención.
Citó como ejemplo de la posible censura al informe, el cambio en algunos términos empleados por los investigadores, que definieron como campos de concentración algunos de los centros ilegales de detención que operaron durante la lucha contrainsurgente que emprendió el Gobierno Federal y que en una versión posterior se denominan sólo como centros ilegales de detención.
"Yo no me voy a pelear por los términos, si quieren llamarlos así está bien, pero queremos que se diga todo lo que ocurrió, casi todos los campos militares del país operaron como centros ilegales de detención, pero los de Atoyac, Pie de la Cuesta y el Campo Militar Número 1, funcionaron como campos de concentración", sostuvo.
En el foro, también participaron el general Francisco Gallardo, Rodolfo Echeverría, activista del movimiento estudiantil del 68, y Carlos Mendoza, director del canal 6 de Julio. Los cuatro coincidieron en cuestionar la utilización del Ejército mexicano en funciones de policía y se pronunciaron por una reforma a las Fuerzas Armadas, que delimite su actuación.
Sotelo Marbán aseguró que sólo con base en documentos desclasificados de la Secretaría de la Defensa Nacional, los investigadores pudieron acreditar 80 desapariciones forzadas, pero que en el contexto de toda la investigación se documentaron 644 casos.
"¿Por qué se acortó el tiempo de elaboración del informe, si después de cinco meses no ha sido aún entregado a la sociedad?, ¿Por qué se interrumpió el trabajo de elaborar los 644 casos que pudimos acreditar de detenidos-desaparecidos por el Estado?", cuestionó.
Afirmó que se han agotado los tiempos políticos para dar resultados en este tema y que el pueblo de México tiene derecho a conocer el informe para que los hechos que en él se documentan no vuelvan a ocurrir.
