Además de la presunta responsabilidad de policías ministeriales en el secuestro de tres personas, señalan falta de interés de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y lentitud en la Procuraduría General de la República (PGR), en el asunto; a dos años del plagio, aún no ha habido avances en la averiguación, misteriosamente se perdieron algunas pruebas y el actual procurador, Jesús Gutiérrez Vargas, no ha atendido a los familiares de las víctimas.
José Estrada Acuña, de 36 años; Mario Contreras Villanueva, de 36, y Ramón Beltrán Rojas, de 22, fueron secuestrados el 31 de mayo del 2004; se pagó por el rescate un millón y medio de pesos en tres ocasiones; en una cuarta, 90 mil, y en la última vez, 300 mil y no les entregaron a los plagiados, mientras que la Procuraduría argumentaba que era un ajuste de cuentas, como si eso no fuera un delito, comentaron los familiares, y no se han logrado avances.
Además, señalaron, coincidentemente, en algunos lugares donde se iban a ver con los delincuentes aparecían policías ministeriales que nada tenían que hacer ahí.
CRÓNICA DE UN PLAGIO
En 31 de mayo del 2004, José Estrada, Mario Contreras y Ramón Beltrán quedaron en verse con un amigo en las afueras del Hospital San Jorge, a las 11:00 de la mañana y desde ahí no se supo nada de ellos; la camioneta Lincon, tipo Navigator, en la que iban, quedó abandonada en el estacionamiento de la tienda Gigante.
Al día siguiente, José Estrada le habló por teléfono a uno de sus empleados y le dijo que le reuniera todo su ganado -cerca de tres mil cabezas- para que lo vendiera, aunque lo malbaratara, pues necesitaba dinero, situación que alertó a quien recibió la llamada, por lo que se comunicó con un hermano del dueño de las reses y le dijo lo que pasaba.
Para el día 2 de junio, los familiares interpusieron una denuncia en la Policía Ministerial sobre la desaparición de los tres mencionados, provocando que los agentes interrogaran a la persona con la que quedaron en verse los secuestrados en el Hospital San Jorge y al empleado que cuidaba las reses, siendo ellos Rafael Huerta y Miguel Monárrez, respectivamente, para iniciar la averiguación.
Sin embargo, el 3 de junio los familiares de los plagiados recibieron una llamada de los secuestradores para pedir que se retirara el Grupo Anti-secuestros de la Policía, primera coincidencia de la presunta participación de los ministeriales, pues nadie sabía que los familiares habían acudido a la autoridad.
Para el día 8 de junio, se vendió el ganado y se pagó el primer millón y medio de pesos en una carretera solitaria de la ciudad de Chihuahua, Chuihuahua. Transcurrido un mes, los delincuentes pidieron una cantidad similar que se pagaría también en el estado vecino, sin que les entregaran a los plagiados.
Para septiembre, los familiares de las víctimas recibieron otra llamada, para pedir el tercer millón y medio de rescate, pero los afectados pidieron ayuda la Policía Federal Preventiva (PFP) de Chihuahua para que les acompañara en la entrega del dinero; sin embargo, se abortó la operación, pues los delincuentes dijeron que sería en otra ocasión.
Los agentes de la PFP que habían acompañado a la entrega del rescate preguntaron quién sabía que iban a acudir al lugar señalado y ellos respondieron que sólo los agentes de la Policía Ministerial de Durango, por lo que el oficial de la corporación federal advirtió que alguna autoridad estaba involucrada en el hecho.
Posteriormente, se pidió un cuarto rescate, en donde estuvieron presentes elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), de la PGR, pero tampoco se logró nada positivo.
Por su parte, los propios familiares de los plagiados investigaron y supieron que en la tienda Gigante, donde dejaron abandonada la camioneta de José Estrada, contaban con cámaras de vigilancia y solicitaron el video, mismo en el que se observaban las personas que dejaron el vehículo y que al pasar a manos de los agentes de la Procuraduría Estatal desapareció.
En diciembre del 2004, los delincuentes se comunicaron con los allegados de las víctimas y le dijeron que tenían un video donde aparecían sus parientes, para hacerles ver que aún estaban vivos, y que podían recogerlos en un camino de la colonia El Saltito y cuando fueron por ellos no estaba la cinta y misteriosamente ahí se encontraba una patrulla de la Policía Ministerial y más tarde les llamaron nuevamente para decirles: ?ahora sí ya está la grabación donde les dijimos?, situación que coincide también con la participación de elementos policiacos, que no tenían nada que hacer ahí.
La última cita que tuvieron con los delincuentes fue en un camino adjunto a la carretera a La Flor, donde iban a dejar un celular que les habían dado los plagiarios y 300 mil pesos, pero cuando llegó la persona que entregaría lo solicitado lo hicieron que dejara las cosas en un determinado sitio y que caminara varios metros hacia un monte, donde sólo se escuchó el motor de una camioneta que arrancaba con el efectivo y cuando llegó el agente de la Procuraduría, de nombre Godofredo Ramírez, quien tenía encomendado el caso, encontró en el camino señalado a los agentes ministeriales Juan Ferman Ibarra y Roberto César Salas Ramírez, quines tampoco tenían nada que hacer ahí, percibiéndose nuevamente irregularidades en el asunto.
Los familiares de los afectados tuvieron pláticas con José Luis Carrillo Rodríguez y Pedro Chávez Cibrián, procurador y director de la Policía Ministerial, respectivamente, en ese tiempo, y no hubo respuesta favorable y actualmente no han sido atendidos por el procurador Jesús Gutiérrez Vargas.
personas
fueron secuestradas hace más de dos años
4? 890,OOO
pesos
pagaron por el rescate los familiares de las víctimas
ocasiones
depositaron dinero en diferentes lugares
3 veces
por lo menos hubo agentes de la Ministerial sospechosamente en lugares clave
