Coinciden diputados del PRI y el PRD en que no debe haber impunidad.
El Siglo de Durango
Legisladores locales del PRI y PRD exigieron una investigación a fondo sobre los posibles actos de corrupción que pudieran existir en el recién creado Tribunal para Menores Infractores.
A raíz de la denuncia hecha por este matutino sobre un caso específico de corruptelas, Arturo Yáñez Cuéllar y Jesús Edmundo Ravelo Duarte reprobaron los presuntos actos de extorsión ventilados por El Siglo de Durango en su edición de ayer.
Yáñez, diputado de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que si se comprueban los hechos denunciados por este diario se debe destituir al o los funcionarios del Tribunal para Menores que estén involucrados.
Mientras tanto Ravelo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejó claro que de confirmarse la corrupción en dicho tribunal es necesario aplicar la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, pero también el Código Penal para que sean castigados quienes resulten culpables de la extorsión.
Según la investigación hecha por este matutino, basada en declaraciones de la víctima y sus abogados y familiares, el secretario de Acuerdos del Tribunal, Francisco González Fernández, le pidió en varias ocasiones 30 mil pesos a un infractor para otorgarle la libertad.
El referido funcionario habría amenazado al interno de que si no le daba la cantidad que él exigía, le imputaría más delitos en su expediente para dictarle una pena mayor y que no alcanzara adecuación alguna a su condena inicial.
El priista Arturo Yáñez pidió a las instancias correspondientes que actúen para investigar y sancionar en caso de que se compruebe el dicho del reo, en virtud de que ha sido el propio Gobernador del Estado quien ha llamado a la ciudadanía a denunciar actos de corrupción en su Gobierno.
Sin embargo, se pronunció para que en el Congreso se haga un esfuerzo para hacer las reformas complementarias a la ley que crea el Tribunal para Menores Infractores, a efecto de que lo antes posible pueda incorporarse éste al ámbito del Poder Judicial del Estado.
?El hecho nos debe servir como lección para agilizar dicha reforma, pues si la situación existe es negativo para el Congreso por la forma como se dio la ley de menores, aunque hay que aclarar que el Congreso no controló la contratación del personal del tribunal?, concluyó Yáñez.
Ravelo, en tanto, abonó que la persona encargada de contratar al personal del Tribunal deberá responder por las presuntas anomalías cometidas por este funcionario, en caso de que se demuestre su culpabilidad.
Y coincidió con su par del PRI en cuanto a la urgencia de judicializar el tribunal para menores y definir las reglas operativas del mismo.
Antecedentes
Según los abogados del interno que denunció ser extorsionado por el secretario de Acuerdos del Tribunal para Menores, Francisco González Fernández, éste anteriormente había fungido como agente del Ministerio Público.
Los litigantes señalaron que González Fernández fue también quien hace siete años consignó la averiguación del joven de 22 años, de nombre Noé, quien ahora se convierte en víctima del funcionario que presuntamente lo trató de extorsionar.
Sus representantes afirman que en aquella ocasión hace siete años, los familiares del inculpado tuvieron que darle a Francisco González una cámara de video y 15 mil pesos, pues el entonces MP se los exigió para poder ayudar a su menor hijo (tenía 15 años), lo cual no sucedió.
