Plantean diputados la posibilidad de destituir a funcionarios que atenten contra los derechos humanos
El Siglo de Durango
Carlos García Carranza, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), compareció ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, para ampliar el primer informe de actividades de la dependencia, en donde el diputado independiente, Edmundo Ravelo Duarte, señaló que hay necesidad de que existan las reformas correspondientes para que las recomendaciones se vuelvan sanciones administrativas.
Ravelo Duarte consideró que si bien las investigaciones que hace la CEDH tienen un buen término en cuanto a las recomendaciones que hace, consideró que es necesario que éstas puedan tener una sanción considerable, con respecto a una sanción administrativa, como puede ser hasta la destitución del funcionario, o bien que se genere un seguimiento.
Dijo que hay ocasiones en que algunos funcionarios públicos, por lo general de la Procuraduría General de Justicia, que incurrieron en tortura o en golpear a alguien y que después de las investigaciones sólo hay una recomendación que, dijo, no se cumple al 100 por ciento.
Consideró grave que haya este tipo de abusos a los derechos humanos y que sólo se derive una recomendación, que a fin de cuentas no tiene ningún peso legal.
Por su parte, la diputada petista, Lilia Velia Carranza García, consideró que las recomendaciones tienen, forzosamente, que cumplirse por las instituciones y que éstas deben obedecer los señalamientos que hace la CEDH.
QUE ALCALDES PARTICIPEN
Ayer se llevó a cabo la presentación de la Ley de Hacienda de los Municipios a los 39 alcaldes de los distintos ayuntamientos que hay en la entidad, quienes valorarán en su momento la propuesta de la iniciativa de ley que se discutirá en lo sucesivo.
Los diputados esperan que haya observaciones para hacer las modificaciones correspondientes, según las necesidades de cada Municipio, pues se contempla darles mayor libertad para que cobren sus impuestos, según comentó el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, José Ramírez Guzmán.
Espera IMSS indicaciones
El titular del Hospital General Regional No.1 ?Ignacio García Téllez? del IMSS, José Antonio Castañeda, se encuentra en espera de recibir indicaciones del director nacional del instituto, Fernando Flores Pérez, para proceder ante la recomendación 9/2006 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por negligencia médica que provocó la muerte de Herlinda Casas Corral, ya que actualmente desconocía la existencia del dictamen.
Sin embargo, no descartó que se rescinda el contrato de los médicos que intervinieron, así como la indemnización de los familiares por la muerte de la paciente, suscitada en julio del año pasado.
La CNDH emitió una recomendación a la Dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la falta de atención oportuna a la señora Herlinda, quien ingresó a la clínica No. 1 para que se le practicara un estudio de mielografía lumbar, en atención a diversos problemas de movilidad.
No obstante, durante el tiempo que estuvo internada presentó un cuadro de infección generalizada que provocó daño múltiple, que posteriormente le cortó la existencia.
Al respecto, José Antonio Catañeda, director del citado hospital, reconoció que no estaba enterado de la recomendación, por lo que afirmó que la Dirección nacional de IMSS será quien defina las medidas a realizar y, posteriormente, comunicarlo a la Delegación en Durango.
Luego de señalar que no tiene todavía un documento oficial que hable de esta recomendación así como las indicaciones que se lleven a cabo, dijo desconocer los argumentos en que se basó la CNDH para emitir el mencionado dictamen.
?Entiendo que para esto debieron solicitar el expediente clínico y hacer un estudio conjuntamente con la Conamed u otro organismo médico, o ellos con sus peritos, para emitir un dictamen de esa naturaleza?.
Pese a lo anterior, explicó que el pago de indemnización no corresponde al hospital, pero sí a la Dirección de Finanzas del instituto, de acuerdo con lo que indique el Director nacional.
Asimismo, será la Contraloría Interna o el Departamento de Servicios Contractuales quienes dictaminen las sanciones a los médicos en caso de que así se establezca, aunque se puede llegar hasta la rescisión del contrato del trabajador, destacó.
