POR FABIOLA PÉREZ-CANEDO
y Leopoldo ramos
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- El Ayuntamiento de Torreón exigirá al Gobierno del Estado que dentro del costo del proyecto para la demolición y reconstrucción del Distribuidor Vial Revolución (DVR) se incluya la creación de vías alternas para la circulación de los vehículos, que sean lo más funcionales posible.
Aniceto Izaguirre Martín, director de Obras Públicas, explica que el Municipio labora en conjunto con el Estado en la planeación de las vías alternas y se ha solicitado que se incluya en el proyecto la construcción de estos caminos, a fin de que no resulte dañada la economía del Ayuntamiento con estos gastos adicionales.
?Estamos pidiendo que sean lo más funcionales posible y que se afecte lo menos a la gente?, expone el funcionario, pues indica que serían muchas las empresas afectadas en cuanto al traslado de mercancía que diariamente se realiza en este sector de la ciudad.
Respecto a la posible demolición total del distribuidor, el funcionario refiere que no existe todavía un proyecto para llevar a cabo este derrumbe, por lo que el Gobierno del Estado aún busca opciones para esta cuestión, que marcará la pauta en cuanto a si se quedan o no las columnas que sostienen cada uno de los cuatro viaductos.
?Si se utilizan explosivos para demoler el puente, obviamente van a afectar la estructura de las columnas, aquí sería cuestión de cuidar mucho la seguridad?, manifiesta el funcionario, ?si se afecta la estabilidad de las columnas, tendrán que ser demolidas también?.
El director de Obras Públicas señala que es muy factible que se puedan reutilizar las cimentaciones, dado que están enterradas, pero insiste en que todo dependerá del sistema de demolición que determinen aplicar las autoridades estatales.
Sobre el vencimiento de las fianzas de las empresas que participaron en la construcción del DVR, Izaguirre Martín confía en que la Ley de la Función Pública contemple otro tipo de sanciones, aparte de las establecidas por medio de las fianzas, pero indica que ello dependerá del deslinde de responsabilidades que realicen las autoridades estatales a los culpables por los errores en la obra.
Dice que la postura del alcalde, José Ángel Pérez Hernández, es clara en cuanto a no dañar las finanzas del Municipio reparando una obra que está mal hecha, y se deslinda del asunto, pues asegura que aunque el Ayuntamiento participó con el 50 por ciento de los gastos del DVR ?realmente la ejecución y supervisión corrió a cargo del Estado?.
