EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Falló la coordinación. Ni con el helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), comandos ministeriales especiales o agentes preventivos que estaban en operativo, se logró acertar en la detención de autores de un asalto con violencia que se cometió frente al edificio de la Secretaría de Protección y Vialidad.
El hermetismo que se guardó sobre el número e identidad de las personas detenidas en relación al asalto, se disolvió al comprobase que los tres jóvenes aprehendidos preventivamente nada tuvieron que ver con el delito cometido a las 18:30 horas, en el bulevar Rebollo Acosta, casi esquina con Lázaro Cárdenas.
Emmanuel, Aldo, y Guillermo, son los nombres de las tres personas que para su mala fortuna, se desplazaban en un auto VW Jetta color negro, con vidrios polarizados, sin placas de circulación y fueron detenidos durante el operativo en calidad de sospechosos.
Como se informó en su oportunidad, el botín fue de 150 mil pesos que presuntamente fueron robados a Gabriel Gómez Lizalde, de 29 años, luego de salir de un banco de la colonia El Campestre, a bordo de una camioneta Ford Lobo blanca.
El dinero estaba destinado para la nómina de la empresa Mármoles Rosario ubicada en la colonia Hortensias pero fue arrebatado por tres tipos armados que en el camino agredieron a un agente de Tránsito y amenazaron a un taxista.
En el reporte oficial de la Policía Preventiva se indica que fue por medio de un agente vial como se notificó del delito y fue ratificado por un taxista, iniciándose la persecución luego de dar aviso a la central de radio y avisar a la tripulación del flamante helicóptero de la PGJE.
El vehículo negro sin placas fue interceptado en Miguel Alemán y Rebollo Acosta y sus ocupantes fueron trasladados a las oficinas de la Policía Ministerial, donde después de cuatro horas y por presiones de sus abogados, lograron su libertad.
Será el agente del Ministerio Público el encargado de llevar las investigaciones, toda vez que fue ratificada la denuncia penal por el robo, del cual se harán los peritajes necesarios para descartar un delito simulado o tratar de obtener mayor información para dar con los responsables.
