Comparece el procurador ante diputados locales.
El Siglo de Torreón
Saltillo, Coahuila.- El procurador Jesús Torres Charles aseguró que la dependencia a su cargo cuenta con algunos indicios sobre la posibilidad de que Silvia Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, conocida como Fanny, se encuentre en Estados Unidos y esté libre, pero aclaró que ya en otras ocasiones ?se han ventilado algunos rumores y todos han resultado falsos?.
Al comparecer anoche ante diputados locales de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, como parte del desglose del primer informe de actividades que el gobernador Humberto Moreira Valdés entregó hace días al Congreso local, Torres Charles fue cuestionado por los legisladores sobre las indagatorias que se realizan en torno a la desaparición de la joven torreonense, cuyo paradero se desconoce desde el cinco de noviembre de 2004.
El procurador indicó, sin embargo, que esta pista la sigue de cerca un grupo de investigadores especiales nombrados por la PGJE e incluso aseguró que la madre de la desaparecida ha participado en las indagatorias.
Cita PGJE a Camarillo
En otro tema el procurador informó que la Procuraduría General de Justicia en el Estado giró una orden de comparecencia en contra del ex delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Coahuila, Pedro Camarillo Adame y de al menos cinco inspectores de la misma dependencia.
Lo anterior, con el propósito de que argumenten sobre las normas oficiales de seguridad que evitaron sancionar en la mina de carbón Pasta de Conchos, antes de que ésta explotara y se derrumbara atrapando en su interior a 65 trabajadores.
Advirtió que la responsabilidad penal por la tragedia minera se aplicará sin importar el nivel que los culpables ocupen en el organigrama tanto de la empresa concesionaria del yacimiento, Industrial Minera México, como de la Administración pública federal.
Indicó que 127 personas han comparecido ante el Ministerio Público para aportar detalles sobre los hechos fatales ocurridos la madrugada del 19 de febrero pasado y mencionó que hay testimonios tanto de trabajadores de la mina, de empleados de la empresa concesionaria del yacimiento, Industrial Minera México y de algunos servidores públicos.
?Algo importante es que ya fueron citados a declarar el ex delegado de la Secretaría de Trabajo, Pedro Camarillo, y los encargados de inspeccionar la mina. La intención es que declaren con relación a las normas oficiales que se debieron haber observado? , anotó.
Confió en que ?en un término relativamente corto? la averiguación a cargo del Ministerio Público sobre la tragedia minera se consignará a un juez y señaló que en el expediente sólo resta anexar las declaraciones de Camarillo y de los inspectores y los dictámenes periciales que no se han terminado de elaborar ante las de inseguridad de la cantera.
Buscan acotar participación de gobernador durante informe
El Congreso Estatal analiza una iniciativa de Ley que pretende acotar la participación del gobernador del estado en turno durante la presentación anual de sus informes de Gobierno, a fin de ?evitar el faranoísmo político y el gasto excesivo e inútil? en este tipo de eventos.
El planteamiento, que fue presentado por diputados del Partido Acción Nacional, señala que el titular del Ejecutivo se deberá sujetar a los lineamientos explícitos de la Ley Orgánica del Congreso, donde se establece su comparecencia a la sede del Poder Legislativo donde entregará por escrito un informe general sobre el estado de la Administración pública estatal.
La medida pretende evitar el desarrollo de cualquier evento externo al del Legislativo.
El documento establece que en este acto, ?nada más se expresará un mensaje político del Ejecutivo, la oposición fijará su postura y no habrá otros eventos diferentes para evitar el faranoísmo político y el gasto excesivo e inútil?.
La iniciativa firmada por los diputados panistas Jose Ignacio Máynez Varela, Silvia Guadalupe Garza Galván, Jesús Manuel Pérez Valenzuela, Luis Alberto Mendoza Balderas pretende incluso obligar al gobernador a comparecer mensualmente ante el Congreso para discutir la agenda estatal y evaluar la situación vigente de las políticas y acciones de Gobierno de manera permanente.
