Los procesos de selección de magistrados y consejeros atribuidos por la Ley al Poder Judicial de la Federación, ponen de manifiesto el alto riesgo, la inclinación al menos de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación construya un círculo de favoritos que se alimente a sí mismo de modo excluyente. Lo muestra la insistencia de ese órgano en promover a un número reducido de personas a las diversas posiciones respecto de las que tiene capacidad de propuesta o nombramiento. Sin duda, beneficia a un cuerpo que encarna poder la capilaridad orgánica, la posibilidad de ascenso o de promoción horizontal. Pero ese beneficio se obtura si las decisiones se concentran en un menguado ámbito de personas que tienen ventaja sobre otras, en círculo no virtuoso, por su proximidad a quienes deben integrar o contribuir a integrar instituciones.
En este momento la Suprema Corte desahoga dos procedimientos de especial importancia. Por un lado compone las ternas de candidatos a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expondrá al Senado para la designación respectiva. Y, por otra parte, se ocupa de seleccionar a uno de los integrantes del Consejo de la Judicatura, que sustituirá al magistrado Adolfo Aragón Mendia (que podría pasar de ese Consejo al Tribunal Electoral ya que figura en la primera selección practicada por los ministros).
Los ministros convocaron el 11 de septiembre a todo interesado a formar parte de la Sala Superior del máximo órgano de justicia electoral. Se recibieron, en el curso de la siguiente semana, 160 solicitudes (y en un periodo posterior, escritos con objeciones a 82 aspirantes, así como 76 de apoyo a 20 candidatos). Uno que se había apuntado y luego desistió fue Javier Bernardo Aguilar Álvarez de Alba, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia y comisionado en la Comisión Federal de Competencia Económica.
Los ministros fijaron como mínimo para considerar a los aspirantes dignos de convertirse en candidatos obtener seis votos, de los once posibles. Veintisiete lograron pasar esa cota en la primera ronda, en la segunda lo consiguieron dos más y tres en la tercera. El propósito original era escoger a 36 aspirantes para que uno de cada dos formara parte de la terna. Pero fue trabajoso, y a la postre imposible, encontrar ese número total de justos.
Sólo dos candidatos alcanzaron el reconocimiento de la totalidad de los ministros, es decir los once votos posibles. Se trata, en efecto, de un reconocimiento en los diversos sentidos de la expresión. Por un lado, se apreció la calidad de su desempeño, del que los ministros tienen noticia directa; y de una nueva valuación de sus capacidades pues ya antes las conocieron. Hay que recordar que el pleno es casi el mismo elegido por el Senado a propuesta del presidente Zedillo en 1995. De entonces acá han sido sustituidos tres de los once ministros, de modo que los ocho restantes han tomado parte en las designaciones previas de Javier Aguilar y de Constancio Carrasco Daza, los aspirantes más apoyados por los ministros.
Si bien el primero llegó al cargo que actualmente ocupa, secretario general de acuerdos del pleno en 1985, los nuevos ministros lo conservaron en la posición, en lo que debe haber sido determinante la opinión de los ministros Juan Díaz Romero y Mariano Azuela Güitrón, supervivientes de aquella etapa. Los seguidores del canal judicial lo conocen bien porque su sitial cierra la virtual herradura formada por los que ocupan los ministros. También se hizo público su papel cuando se le supo responsable de la pésima presentación y publicación de un acuerdo general que rigió al Tribunal Constitucional en la controversia sobre el presupuesto de egresos del año 2004.
Si bien el nombramiento de Carrasco Daza fue hecho por el Senado (recuérdese que los miembros del Consejo de la Judicatura son nombrados por los Tres Poderes de la Unión), es de suponerse que, como magistrado que era a la hora de su elección el pleno hubiera sido consultado. Recuérdese también que preside la Corte y el Consejo una misma persona. Son aún más notorios los casos de los también consejeros Elvia Díaz Rosa Díaz de León de D’Hers y Adolfo Aragón Mendía, ellos sí llevados a su actual cargo por quienes ahora los impulsan a ocupar uno nuevo. La magistrada Díaz de León, por añadidura, fue candidata anteriormente a la misma magistratura electoral y a un sitio en el pleno de ministros.
Pasado mañana los 32 aspirantes serán entrevistados por los ministros durante diez minutos y 14 quedarán al margen del proceso, mientras que los 18 restantes serán presentados hoy lunes al Senado, para que elija los seis magistrados del Tribunal Electoral.
La única mujer en ese órgano, que dentro de un mes deberá ser renovado, está en situación de continuar su carrera en el poder judicial federal. La magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo no volverá, como podría ser, a un Tribunal de Circuito sino que forma parte de la lista de 28 candidatos a un puesto en el Consejo de la Judicatura federal, publicada el viernes pasado. La Corte la incluyó hace diez años en la lista para integrar la inicial Sala Superior y trata ahora de llevarla a otro cargo de rango similar. Dos magistrados bien conocidos del pleno son también candidatos a la consejería. Emma Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín fueron comisionados en abril para averiguar si se violaron las garantías individuales de Lydia Cacho y su informe fue considerado insuficiente.
