El de ayer fue sin duda un mal día para el presidente de la República. Primero, el golpe de fondo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la expropiación de los ingenios azucareros, al revisar el juicio de amparo que promovió el grupo Fomento Azucarero del Golfo. La máxima instancia jurídica del país llegó a la conclusión de que para que se realice una expropiación es necesario que el Gobierno primero dialogue y escuche a los propietarios de los bienes que pretende expropiar, mediante una audiencia previa, y esto simplemente no ocurrió.
Segundo, el golpe de forma: en el “Informe Especial sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en México”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que la lucha contra la inseguridad pública durante la Administración de Fox “ha quedado como un compromiso inconcluso, condenado a la frustración a sus cuatro planes de seguridad” y es un signo de ineficacia e incapacidad, según agrega su presidente, José Luis Soberanes. Por igual directo y contundente, el informe de la CNDH señala que “ni la vida, ni la seguridad, ni el patrimonio, que son derechos fundamentales, están siendo debidamente protegidos; en casi tres lustros los planes y programas federales para enfrentar la inseguridad sobrepasan la docena y cuando menos la mitad de ellos han sido procedimientos tendentes a enmendar el abierto fracaso de los anteriores”.
En suma, a cuatro años del polémico y discrecional decreto expropiatorio de ciertos ingenios azucareros -que no todos- la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara como ilegal lo que significó el más importante de los procesos administrativos en esta materia del presente sexenio, y básicamente por incumplir con formas elementales -como el justificar la causa de interés social- y violentar derechos fundamentales como lo es el de audiencia.
Y no sólo eso, sino que en el tema de mayor impacto social, como lo es el de la seguridad pública, se denuncia hoy ineficiencia e incapacidad por parte del Gobierno foxista para asegurar uno de los reclamos más sonoros y generalizados de la ciudadanía. Debería existir un límite al número de yerros y omisiones por parte de la autoridad, pero como en los hechos no lo hay, habrá que esperar por el próximo gazapo de la “Administración del cambio” en su errática recta final.
