A los laguneros, como a todos los mexicanos, nos impactó la tragedia ocurrida en la mina de Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida sesenta y cinco trabajadores. Pero sobretodo nos indignó la forma en que los representantes del Gobierno Federal manipularon la información sobre los alcances del accidente, el manejo absurdo de tecnicismos para prolongar la incertidumbre de los familiares, alentando falsas esperanzas y jugando con los sentimientos y el dolor de cientos de personas. Ojalá que no sea cierto el señalamiento de uno de los senadores por Coahuila, en el sentido que se retrasó por varios días la noticia de la muerte de los mineros, que al parecer se sabía, ocurrió el mismo domingo de la explosión, para evitar que bajaran las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores. Si lo fuera estaríamos ante una actitud de los funcionarios federales con una alta dosis de perversidad, totalmente inaceptable. Frente a todo esto, es de destacar la actitud firme del gobernador del estado de Coahuila, su secretario de Gobierno y demás funcionarios, que fijaron una clara posición de defensa de los intereses y la dignidad de los trabajadores coahuilenses y sus familias.
He querido iniciar esta colaboración con el comentario sobre el lamentable acontecimiento por todos conocido, para hacer notar que cuando los funcionarios gubernamentales mienten, manipulan, incurren en simulaciones o resultan ineficaces en su actuación, provocan reacciones ciudadanas de molestia, de cuestionamiento y hasta de repudio o agresión como producto de la desesperación ante la falta de resultados. Pero cuando cumplen cabalmente con su responsabilidad, cuando verdaderamente se ponen de lado de la gente, escuchándola, atendiéndola, con disposición para servirle, no pueden sino recibir el reconocimiento de los gobernados. Esto último quisiéramos los laguneros que ocurriera también en el estado de Durango, pero tristemente nos damos cuenta que algunos funcionarios de la Administración del C. P. Ismael Hernández Deras parecen empeñados en que ello no suceda, según lo explico enseguida.
Buscando darle seguimiento al problema de despojo de un pozo agrícola, al que fueron sometidas con lujo de violencia algunas familias de la comunidad de El Naranjo, Municipio de Santa Clara, Durango, acudió una comisión de ciudadanos a la Secretaría de Gobierno en la capital del estado, a petición de los afectados, con el objeto de intentar encontrarle una solución definitiva a ese caso de injusticia que lleva años sin resolverse. La comisión fue recibida por una alta funcionaria de esa dependencia gubernamental con la contundente frase: “cómo me dan risa” y con una evidente molestia porque se había tratado el asunto con otros funcionarios de la misma Administración. Afortunadamente los integrantes de la comisión le hicieron ver, respetuosa pero firmemente, lo inapropiado de esa conducta en su calidad de subsecretaria de Gobierno, corresponsable de la vinculación de la Administración estatal con los distintos sectores de la sociedad, grupos de ciudadanos organizados o de institutos políticos, para atender y encauzar la solución de sus problemas.
Al parecer a la funcionaria no le gustó que se le hiciera ver que los problemas de los ciudadanos duranguenses no son cosa de risa y que deben resolverse sin darles largas, pues decidió buscar otros interlocutores para tratar el asunto de El Naranjo, negándose a contestar las llamadas de los integrantes de la comisión señalada antes. No obstante esto, se hizo nuevamente el compromiso, con los familiares de los ejidatarios afectados, de resolver en definitiva el caso a más tardar el 24 de febrero de este año, como ya se había hecho el ofrecimiento antes que ocurriría a mediados del mes de diciembre de 2005. Otra vez se volvió a incumplir y se trató de desviar la atención con un papeleo absurdo, consistente en envío de oficios a diversas dependencias, cuando lo que se requiere es una acción eficiente de operación política, combinada con el ejercicio de la autoridad, para que les sea regresado el pozo a quienes por derecho les corresponde.
Este incumplimiento de algunas autoridades duranguenses, a las que les causa risa la existencia de un problema de injusticia en una comunidad de nuestra región lagunera y que resultan de piel sensible cuando los ciudadanos les cuestionan su proceder, esperemos que no se convierta en la tónica de esta Administración que aún le quedan varios años por delante. A los gobernantes y funcionarios les debe quedar claro que el cumplimiento de su responsabilidad pasa por el respeto a los ciudadanos que acudimos a ellos y por la generación de resultados o soluciones a la problemática que se les plantea, pues de otra manera no pueden sino calificarse como ineficaces.
En Durango, todo indica que a pesar del cambio de titular en la Secretaría de Gobierno, las cosas siguen igual en cuanto a la deficiente atención y pocos resultados de parte de esa dependencia, que debiera ser la principal interesada en mantener la gobernabilidad en el estado, cuidar la imagen del gobernador y evitar que le impacten directamente los problemas. ¿Dónde está la falla? ¿En los funcionarios que no cumplen con su tarea o en el propio gobernador que sigue permitiendo que ello ocurra?
