El Siglo de Durango
El cierre del Internado ?Profa. Juana Villalobos? implica dejar a los niños sin educación, lo cual a su vez conlleva una violación a los derechos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) revela -en lo que concierne a la recomendación enviada a dicha dependencia por las irregularidades detectadas en el plantel-, que aún están pendientes dos puntos que engloban el hecho de que se iniciara un procedimiento administrativo al personal.
José Gandarilla González, vocero de la CEDH, da a conocer que, en efecto, el organismo emitió una recomendación a la SEED por diversas irregularidades presentadas en el Internado, pero jamás hizo alusión al cierre del mismo.
?Queremos ser enfáticos en el sentido de que esta institución en ningún momento recomendó el cierre del Internado, toda vez que con ello se viola el derecho a la educación y a la asistencia social, que el Gobierno en sus tres niveles a través de la Secretaría de Educación está obligado a proporcionarles a los niños de la entidad?, notifica Gandarilla González mediante un comunicado de prensa.
En los últimos días de mayo de 2005, se dio a conocer que algunas madres de familia se presentaron ante la Dirección de Averiguaciones Previas para interponer una denuncia por la supuesta violación de tres menores de edad que se encontraban en el Internado Juana Villalobos.
A raíz de ese momento se iniciaron las pesquisas correspondientes. El Presidente de la CEDHD dio a conocer que con fecha 23 de mayo del año pasado se recibió una denuncia formal, la cual fue firmada por ?personal inconforme con el manejo del internado?, la cual fue radicada dos días después.
Por razones obvias omitió los nombres de los padres de familia y de los menores objeto de esta investigación, que quedó asentada en el expediente CEDHE/3012/05.
Y aunque en la actualidad la SEED decidió cerrar el plantel con el argumento principal de que había perdido la misión para la que fue creado, la CEDH afirma que el caso aún no está concluido.
?Con relación a los hechos conocidos por la comunidad duranguense, donde trasciende el cierre de operaciones y funcionamiento del Internado No. 8 ?Profa. Juana Villalobos? de esta ciudad, esta Comisión, cumpliendo con la responsabilidad de velar por la protección de los derechos fundamentales de todos, iniciamos y le dimos seguimiento a la investigación que arrojó como resultado la Recomendación No. 8/05 que emitiéramos a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, por diversas irregularidades detectadas desde nuestro ámbito de competencia en dicho Internado?, narra el Director de Comunicación Social.
Enseguida completa: ?de los ocho puntos contenidos en la recomendación, seis se han cumplido en su totalidad, los otros dos que son prácticamente los más importantes, sólo tenemos respuestas de su cumplimiento parcial?.
Especifica que dichos puntos son referentes a la petición de que se iniciara un procedimiento administrativo al personal del plantel que incurrió en algunas violaciones a los derechos de los menores de edad. Pero, hasta el momento, afirma que no han tenido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes y, de no obtenerla, continuarán con el procedimiento correspondiente, según advierte Gandarilla González.
Defensa
La CEDH pronuncia que es obligación del Gobierno en sus tres niveles garantizar el bienestar de todos los habitantes, reducir el número de delitos, mantener la paz y el orden público y asegurar el respeto a la vida.
?Le debe quedar claro a la ciudadanía que esta Comisión ?no defiende a delincuentes? como peyorativamente se nos califica; si aquellos evaden la justicia, muchas veces es por causas imputables a las instituciones encargadas de la procuración de justicia de la misma?, indica José Gandarilla González, vocero oficial.
En el marco del respeto a los derechos humanos adquiere una particular relevancia, si se considera que su función es precisamente velar por la armonía y convivencia social.
?Sin embargo, debido a la facultad que los cuerpos de seguridad tienen de emplear la fuerza o la coerción para que se cumplan las leyes y también a lo peligroso de su labor, es muy fácil traspasar la línea que divide el correcto uso de la fuerza con el abuso de ésta?.
?La responsabilidad o no le corresponde determinarla a la autoridad jurisdiccional, nosotros solamente velamos porque sus derechos sean salvaguardados como a todo ser humano le corresponde?, pronuncia.
