“A ella le gusta la gasolina, dale más
gasolina”. Daddy Yankee, Regaeton
No hay duda que las gasolineras que despachen litros de menos de un litro deben ser sancionadas. De hecho, estos castigos deben aplicarse sin chistar a cualquier empresa que engañe al consumidor. Pero en muchos medios de comunicación se ha generado un verdadero linchamiento contra los operadores de gasolineras. Se les ha presentado como corruptos y ladrones sin excepción.
Esta campaña ha tenido un efecto perverso. Una vez que la Secretaría de Gobernación logró un acuerdo con los gasolineros para detener el paro programado para el ocho de febrero, los medios informativos presentaron el hecho como un nuevo Atenco: una rendición del Gobierno de Vicente Fox ante un grupo de presión. El primer combate en que se vieron involucrados los gasolineros en los últimos meses fue con la Secretaría de Hacienda, que trató de eliminar los pagos en efectivo en la compra de gasolina. Hacienda determinó que para hacer fiscalmente deducible el combustible los pagos debían hacerse con cheque nominativo o con tarjetas electrónicas.
Los cheques fueron descartados pronto como opción por la dificultad de determinar a priori si había fondos que los respaldaran. El problema con las tarjetas es que los bancos, como lo hacen normalmente, insistieron en que las gasolineras absorbieran la comisión. Ero las estaciones de servicio no son negocios como otros. No tienen la posibilidad de establecer sus propios precios o de buscar a los mejores proveedores. Están sometidas al monopolio de Pemex, que es el único proveedor legal que pueden tener.
Su margen de rentabilidad -la diferencia entre el costo del combustible y el precio de venta- está fijo en 5.92 por ciento, el cual ahora aumentará a 6.5 por ciento si se firman los nuevos contratos de franquicia. De cualquier manera se trata de un monto muy inferior al de cualquier otro género de comercio detallista, en los cuales no es inusitado que se manejen márgenes de más de 50 por ciento sobre los costos. Una comisión típica por el uso de tarjeta, digamos de dos a cuatro por ciento del precio al público, implica por sí sola un desplome de la rentabilidad de las estaciones de servicio.
Pero, además, del margen deben descontarse los gastos de operación. Hacienda, sometida a una lluvia de protestas de los contribuyentes, finalmente aceptó que continuara el pago en efectivo por la gasolina, cuando menos de forma temporal. Pero está creando nuevos requisitos para ello que amenazan con convertir ese pago en efectivo en un complicadísimo laberinto burocrático.
Un nuevo pleito ha enfrentado a los expendedores de combustibles con la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía. Esta última estableció en noviembre del año pasado una nueva norma oficial para bombas o dispensarios de combustibles con chips electrónicos que impedirían la falsificación de los volúmenes despachados. Exigió, además, a las gasolineras que cambiaran de inmediato sus equipos. Un primer problema es que los proveedores no tienen forma de entregar en un plazo breve ni una pequeña parte de las bombas que se requerirían.
Otra es el costo. Se ha calculado que para cambiar el 50 por ciento de los equipos actuales, los cuales no pueden adaptarse a la nueva tecnología, los gasolineros tendrían que gastar más de 200 millones de dólares. Y de este gasto no obtendrían ninguna rentabilidad adicional.
Lógicamente muchos operadores se han rebelado. La Profeco empezó simultáneamente una campaña con el supuesto propósito de sancionar a las estaciones de servicio que despachen volúmenes incompletos. Sólo que a la hora de castigar no se menciona esa falta.
Según Onexpo, la organización de expendedores de combustibles, la documentación de los cierres es por falta de certificación de los dispensarios de gasolina. Al final, los gasolineros llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. En el convenio aceptaron, por supuesto, que se sancione a quienes dan litros incompletos: esa idea, a pesar de lo difundido por los medios, nunca ha sido objetada por los operadores. Éstos, sin embargo, pidieron y obtuvieron una prórroga en la compra de las nuevas bombas. Si de verdad quisiéramos resolver de fondo el problema, habría que eliminar el monopolio de Pemex. Las estaciones de servicio deberían establecerse libremente y comprar gasolina a quien quisieran, dentro o fuera del país.
Tendrían también que competir en precio, calidad y servicio. La autoridad se concentraría nada más en hacer cumplir las normas, como la entrega completa del volumen adquirido. Pero los mismos que se quejan del problema se niegan a aceptar una solución de fondo. Prefieren seguir manteniendo un monopolio con precios fijados por burócratas. No se dan cuenta que así los precios y las condiciones de operación serán siempre objeto de negociación política y de contubernios.
GASOLINERA
¿Gasolinera o gasolinería? Como en tantas disputas lingüísticas, las posiciones se vuelven emotivas y agresivas. El Diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, no deja lugar a dudas. “Gasolinera” es el establecimiento donde se vende gasolina. ¿Y gasolinería? La voz no aparece siquiera.
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