EL SIGLO DE TORREÓN
SALTILLO, COAH.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Coahuila giró una recomendación al ex alcalde de Torreón, el panista Guillermo Anaya Llamas, pues durante su ejercicio como presidente municipal la Policía Preventiva incurrió en abusos al acusar de manera injustificada de robo a un par de jóvenes, quienes también fueron torturados.
David Corrales García, director jurídico de la CEDH, informó que el 11 de diciembre de 2004 la Policía Preventiva de Torreón arrestó a Óscar Alán Segura Echevarría y a Paul Iván Lozano Martínez, a quienes los agentes acusaron de haber robado una joyería localizada dentro de uno de los centros comerciales de aquella ciudad.
Estos jóvenes -dijo Corrales- ?fueron detenidos arbitrariamente pues no se contaba con una orden de aprehensión expedida por la autoridad judicial competente y tampoco se acreditó ninguno de los supuestos de delito flagrante?.
El representante de la Comisión dijo que los dos jóvenes ?también fueron amenazados por elementos de dicha corporación, con el objeto de obtener su confesión?.
Dijo que la recomendación es en el sentido de que los policías Tomás Avitia Pérez, Luciano Juárez Díaz, José R. González, Víctor Ibarra Hernández y Víctor Solís Vázquez sean sujetos a un procedimiento disciplinario ante su actuación.
Pero la CEDH también reprendió a Guillermo Anaya Llamas por ser el responsable de la actitud asumida por los agentes.
TAMBIÉN A LA PGJE
Corrales García dijo que la Comisión también amonestó a la Procuraduría General de Justicia del Estado debido a que una agente del Ministerio Público -no identificada-, rechazó recibir una denuncia de hechos promovida por una sexoservidora de Torreón, quien el 29 de mayo de 2005 fue golpeada por varios sujetos.
?Quedó acreditado que la señora Paula Alvarado Sánchez fue objeto de violación a sus derechos humanos, toda vez que se le negó el acceso a la procuración de Justicia sin que para ello existiera una causa legítima?, informó.
Dijo que la Procuraduría, en aquel entonces encabezada por Óscar Calderón Sánchez, argumentó no haber atendido a la afectada ya que se trataba de una sexo servidora, por lo cual se incurrió no sólo en violaciones a las garantías de las personas, sino incluso en discriminación por el oficio de la víctima.
