La consecuencia más funesta de la crisis por la que atraviesa la política mexicana desde hace varios años, se halla en la incapacidad para resolver los problemas fundamentales del Estado nacional, que todos los días afectan a millones de ciudadanos.
Lejos de los cada vez más frecuentes y vergonzosos escándalos protagonizados por los partícipes del Gobierno y los aspirantes a serlo; más allá de los insultos y descalificaciones de los integrantes de partidos y facciones contrarias, de los disparates y cinismos, de las dietas y sueldos millonarios, de las prestaciones insólitas y ofensivas, de la corrupción evidente y el doble discurso, lo que más lastima al pueblo es la inoperancia de una inmensa burocracia que hasta ahora se ha mostrado incompetente para resolver los grandes pendientes que todos los candidatos prometen solucionar sin que ninguno lo consiga al ser electo alcalde, gobernador, diputado, senador o presidente. Dichos problemas son la pobreza, el rezago educativo y la inseguridad pública.
Sobre el primero, mucho se ha hablado pero poco se ha avanzado. Sabemos que la mitad de la población en México es pobre, es decir, no cuenta con los recursos materiales que le permitan vivir con dignidad, en una vivienda bien construida, con una alimentación sana y suficiente, con acceso a educación y salud y servicios básicos como agua potable, drenaje y luz. Pero de nada sirve conocer lo anterior si lo poco que se hace para mitigar la situación se ve rápidamente rebasado por la realidad. Mientras en las ciudades las fuentes de empleo bien remunerado escasean por el lento crecimiento de la economía, el campo se queda vacío de gente ante la falta de oportunidades y la crisis del agro nacional. El destino de esas personas son los cinturones de miseria en la periferia de las zonas urbanas o la migración hacia Estados Unidos.
Acerca de la educación, también ya se ha dicho bastante pero el país no sale del atolladero en el que se encuentra desde hace dos décadas aproximadamente. México ocupa los últimos lugares en materia de preparación académica y capacitación en la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Aunque la mayoría de la población sabe leer y escribir, el nivel cultural y académico es tan deficiente al grado que se puede decir que vivimos en una nación de “analfabetas funcionales”, cuyo índice de lectura no rebasa un libro al año. Los planes de estudio y las mafias al interior del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, representan verdaderos lastres para la formación integral de ciudadanos comprometidos con su desarrollo individual y el de toda la sociedad. La autorrealización y la planeación del futuro personal son privilegio de unos cuantos y son muy pocos los que se preocupan por el trabajo en beneficio de la comunidad.
Respecto a la seguridad pública, hemos sido testigos en los últimos dos sexenios del creciente poder de la delincuencia organizada. El narco ha penetrado las estructuras sociales y políticas de la República y ha puesto en jaque, en muchas regiones, a las autoridades. La venta y consumo de droga entre menores de edad, las ejecuciones, los enfrentamientos entre grupos, la corrupción de las corporaciones, en vez de disminuir con los costosos operativos implementados, se incrementan. Cuando un capo es atrapado, surgen dos o tres. Mientras un “puchador” es detenido, existen cientos esperando ocupar su lugar. Los traficantes han desafiado al Estado mexicano y a la sociedad le han arrebatado su tranquilidad y certidumbre. Nada hasta el momento los ha parado. La guerra contra el narco no parece tener fin.
Este es el panorama al que se enfrentará quien gane las elecciones del dos de julio. Preocupados y ocupados, pues, debieran estar los candidatos y sus seguidores en estos menesteres, en vez de estar sacándose la lengua, dándose de topes y pellizcos, descalificando e insultando al contrincante o discutiendo acerca de poner o no una silla en un debate.
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