Tras el segundo de los debates programados entre los candidatos a la Presidencia de la República se han generado muchos comentarios y consideraciones tanto respecto de lo dicho o dejado de decir por los candidatos, pero sobre todo dos de ellos, cuanto por otras circunstancias acontecidas poco antes o después del famoso debate al que ya se presentaron todos incluido Andrés Manuel López Obrador.
Por primera vez en los procesos electorales el máximo organismo representativo de los empresarios organizados de este país: el Consejo Coordinador Empresarial ha suscrito una carta abierta con términos por demás enérgicos contra la posición adoptada por un candidato, precisamente en el debate referido del seis de junio.
Recordemos que en una de las intervenciones de López Obrador sostuvo que el gran empresariado incumple con el pago de impuestos por lo que son las clases medias y los pobres los que acaban aportando al fisco lo que éste requiere para hacer posible el gasto público.
Una generalización como la suscrita por el candidato del PRD es cuando menos una simpleza irresponsable que no puede permitírsele a alguien que aspira a conducir los destinos de la nación mexicana.
De ahí que el Consejo Coordinador Empresarial con justa razón establezca que frases tan irresponsables como la anterior por principio de cuentas resultan ser una mentira absoluta y un peligrosísimo medio para exacerbar pasiones en momentos tan delicados como los que son los presentes, en los que estamos a punto de tener una elección histórica en la que debiera consolidarse el paso franco de México hacia la democracia, la competitividad, el progreso y el desarrollo compartido.
Es una rotunda mentira en dos sentidos distintos y muy claros. El pago de los impuestos de las grandes, medianas y micro empresas registradas en el padrón fiscal es indudable.
Los mecanismos que mantiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el S.A.T. a todo aquel causante registrado son rigurosas y en ocasiones han sido criticadas precisamente por su complejidad y rigidez, por lo que una generalización como la dicha con todas sus letras por López Obrador es una injusticia flagrante contra los causantes cautivos, llámense personas físicas o morales y dentro de estas últimas principalmente a las grandes empresas.
Yo diría que la injusticia está precisamente en esa economía subterránea que él tanto alentó a su paso por el Gobierno del Distrito Federal puesto que gracias a ella nutre políticamente a sus redes ciudadanas en las que estriba la mayor fuerza de la presencia lopezobradorista en el Distrito Federal.
La multiplicación de vendedores ambulantes en todos los rumbos de la otrora “ciudad de los palacios”, el pingüe negocio organizado con la “piratería” inclusive dentro de ese reducto cerrado del Gobierno capitalino que es el Metro de la Ciudad de México, es indudablemente evasor fiscal por antonomasia además de competencia desleal al comercio organizado que paga completos sus impuestos y las regalías a la investigación y desarrollo tecnológico que por supuesto la “piratería” tan alentada por los Bejarano y Padierna se ahorran absolutamente.
