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Guerra sindical/Jaque Mate

Sergio Sarmiento

“Alguna vez convocarán a una guerra y nadie vendrá”. Carl Sandburg

Durante los días que duró el drama de los mineros atrapados en la mina de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, el Sindicato Nacional de Mineros, Metalúrgicos y Similares y su líder, Napoleón Gómez Urrutia, mostraron una agresividad inusitada frente a la empresa y al secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar.

La organización publicó desplegados de prensa en contra de ellos y acusó a Grupo México de homicidio. Cuando frente a los 50 mil pesos que exige la Ley la empresa ofreció 750 mil pesos de indemnización a los familiares de las víctimas, además de becas para los hijos y otros beneficios, el sindicato exigió millón y medio. A muchos sorprendió el súbito interés del sindicato por la seguridad de los mineros. Hoy ya queda más claro lo que estaba ocurriendo.

El pleito no era por los mineros sino por el sindicato. Dos días antes de la explosión, la Secretaría de Trabajo reconoció a Elías Morales Hernández como secretario general. De esta manera se quitaba formalmente el cargo a Napoleón Gómez Urrutia, quien ha sido secretario general desde mayo del año 2000, cuando lo impuso su padre, Napoleón Gómez Sada, quien entonces tenía 86 años de edad y había dirigido el sindicato durante 40 años.

Gómez Urrutia es economista, con posgrado de la Universidad de Oxford. Nadie pone en duda su inteligencia. El problema es que, según sus enemigos, no cumple con los requisitos estatutarios para ser secretario general. Para ocupar ese cargo se necesita haber sido minero durante cinco años. Pero aunque él afirma que lo fue desde 1995 hasta el 2000, cuando su padre le entregó la secretaría general, sus adversarios simplemente se burlan.

El Sindicato Minero ha sido durante mucho tiempo un baluarte del PRI. En la 31 convención ordinaria en que se invistió a su hijo como nuevo secretario general, ante la presencia del entonces presidente de la República Ernesto Zedillo y el secretario del Trabajo Mariano Palacios Alcocer, hoy presidente nacional del PRI, Gómez Sada comprometió “hasta morir” el voto de los mineros a favor del candidato de ese partido a la Presidencia, Francisco Labastida.

Mucho se discutirá ante las instancias legales quién es el verdadero secretario general. Pero Gómez Urrutia, que controla buena parte de las estructuras de la organización, está empeñado en demostrar por la fuerza que él es el verdadero poder en el sindicato.

Por eso ayer convocó a un paro nacional de las industrias minera y metalúrgica del país que, cuando menos hasta el momento en que escribo estas notas, ha sido parcialmente exitoso. Varias minas y plantas metalúrgicas han suspendido actividades en apoyo al llamado del cachorro. Estos paros parecen ser ilegales y las empresas afectadas sin duda se defenderán en los tribunales.

Pero el mensaje de Gómez Urrutia es muy claro: si los mexicanos queremos producción minera y metalúrgica, tendremos que negociar con él. ¿Hasta qué punto los trabajadores realmente apoyan a Gómez Urrutia y están dispuestos a poner en riesgo sus empleos por él? Es difícil saberlo.

No hay duda que Gómez Urrutia, con unas tácticas muy agresivas de confrontación con las empresas, ha conseguido aumentos salariales para los mineros muy por encima de lo que ha sido la norma en los últimos años. Pero sus tácticas de confrontación, que ha enfocado en especial en contra de Sicartsa del Grupo Villacero y de las minas del Grupo México, ponen en riesgo la estabilidad de la actividad minera y metalúrgica del país.

Gómez Urrutia basa su control del sindicato en un sistema poco democrático con líderes locales elegidos personalmente por Gómez Sada y que hoy le han entregado su lealtad al cachorro del viejo Napo.

Pero en esta ocasión se enfrenta no sólo a un movimiento disidente bien organizado sino a una decisión de la Secretaría del Trabajo, que no tiene por qué proteger las viejas estructuras del PRI, de retirarle su reconocimiento legal.

Hay un tema adicional que se está convirtiendo en un tema de conflicto. El sindicato recibió hace poco 55 millones de dólares de Grupo México como pago por haber permitido la privatización de algunas minas hace años. El sindicato afirma que ha entregado ese dinero a los trabajadores que tenían derecho a recibirlo. Pero el grupo de Elías Morales declara que las cuentas no están claras.

En una conversación ayer con Martín Perales, presidente del comité de vigilancia del sindicato, éste me señaló una y otra vez que éste es el meollo de la disputa.

Los mexicanos tenemos que entender que los sindicatos en nuestro país no son organizaciones de trabajadores para defender derechos laborales. Son mafias que se crean para aprovechar los monopolios que reciben por Ley para determinar quién puede y quién no tener acceso a ciertos empleos. Poco importa la muerte de 65 mineros; lo realmente importante es quién se quedó con los 55 millones de dólares.

SHERATON

La jefa delegacional Virginia Jaramillo dice que sólo se está aplicando la Ley en el caso de la clausura del Hotel María Isabel Sheraton. Todos los hoteles y establecimientos mercantiles de la delegación Cuauhtémoc tienen el mismo trato. ¿Será verdad?

Correo electrónico:

sergiosarmiento@todito.com

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