En nuestras últimas entregas, ya en pleno cierre de las campañas, hemos hablado de algunos de los principales temas que más preocupan a los mexicanos, y que por lo mismo es muy frecuente que los políticos los enarbolen como una bandera para allegarse votos, pero en muchas ocasiones sin tener una preocupación genuina sobre ellos. En este sentido hemos mencionado el crecimiento económico, el desempleo y la pobreza entre otros.
Y bueno, en este mismo caso se encuentra uno de los mayores problemas actuales, cuyo resultado ha sido el incremento notable de la deuda pública, la cual tendrán que hacer frente varias generaciones de mexicanos. Por este hecho nada más sigue generando mucha polémica, pero también por la manera como se manejaron las cosas que desembocaron en esta pesada carga; y esto es importante porque cuando las decisiones, por difíciles que sean, se toman de manera transparente y democrática, lo que implica distribuir las cargas equitativamente, pues se asumen, pero no es el caso.
Seguramente usted ya intuyó al tema a que nos estamos refiriendo: por supuesto al Fobaproa-IPAB, al cual los funcionarios financieros y banqueros le han extendido varias actas de defunción. Es una demanda ciudadana, por más que sus beneficiarios, con el poder para echar a andar a los medios, se empeñen en sepultar bien hondo.
El presidente Fox lejos de asumir un papel neutral en esta profunda disputa nacional, que ya hubiera sido criticable, se convirtió en abierto defensor de los banqueros al interponer una controversia constitucional para evitar que la Auditoria Superior de la Federación exigiera a los bancos regresar un monto importante de los recursos mal habidos; y ahora con las sospechas, en curso de investigación, sobre el tráfico de influencias de la familia presidencial para hacer negocios ilícitos con la cartera del IPAB, el Ejecutivo no se ha mostrado nada cooperativo, con lo cual está contribuyendo a desenterrar el cadáver.
Por si eso fuera poco, en días pasados la Secretaría de Hacienda y el IPAB publicaron un desplegado en varios medios de comunicación titulado: ?Rescate a los ahorradores? (como si ese hubiera sido el fin principal de la maniobra), en donde señalan que ?se completa el ciclo de fiscalización del rescate de los ahorradores y deudores de la banca?
Como en los otros intentos de enterramiento, se han manejado una serie de inexactitudes y falsedades, pero lo más sorprendente, y quizá indignante, es que ahora también dicen que la causa original del entallamiento de la crisis de 1994 fue ¡la estatización de la banca de 1982! ¿Podría verse mayor actitud de soberbia, y de cinismo?
Así pues, es lógico que la cuestión del Fobaproa-IPAB sea traído a la arena política por uno de los contendientes a la presidencia, puesto que las consecuencias de este manejo han implicado el crecimiento de una deuda cuyo servicio anual implica decenas de miles de millones de pesos, que se distraen del presupuesto público.
Pero no solamente por eso, sino por la ilegalidad e inconstitucionalidad con la que se llegó a esta situación, la cual está ampliamente documentada, así como la nula transparencia que ha habido en el manejo de esta situación, por más que Hacienda y el IPAB lo nieguen en los mencionados desplegados. Las reiteradas denuncias ante el IFAI y la entrega de actas ?rasuradas? de las sesiones del Fobaproa hablan de ello.
Por eso, reiteramos, a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a los banqueros y al sector financiero en general les urge que esté asunto del Fobaproa-IPAB sea enterrado de una vez por todas, no obstante que ya son varias las actas de defunción que le extienden. A la par de los mencionados desplegados, el secretario Ejecutivo del IPAB anda declarando que el rescate de los bancos es una ?historia de éxito?.
Al margen de la disputa electoral presente, está claro que para la sociedad mexicana el asunto del Fobaproa-IPAB no está muerto, porque aceptarlo sería seguir alimentando la impunidad, que en este caso es mayúscula, amén de que es uno de los más fuertes lastres que en este país está costando desterrar.
Si verdaderamente se hubiera tratado de rescatar a los ahorradores (la gran mayoría de ellos pequeños) como no se cansan de hacer énfasis los involucrados en ese manejo, el costo del mismo no habría sido demasiado alto. Pero como evidentemente no se trató de eso principalmente, sino de rescatar a los grandes ahorradores y deudores, así como los manejos fraudulentos de los grupos de poder político y económico, el costo se elevó de manera extraordinaria y la factura fue pasada a la sociedad en su conjunto.
Luego entonces, hay temas que no son ?electoreros? en sí mismos; que la banalidad, el oportunismo y la superficialidad con la que los políticos los toman como banderas hagan que parezcan como tales es otra cosa. No debe pues asustar que esta forma de rendición de cuentas que demanda la ciudadanía (rendición de cuentas horizontal le llaman los que saben) que existe en las democracias maduras y responsables, pueda y no deba darse aquí en nuestro país. Hay tareas.
