Los conflictos en Oaxaca no tienen para cuándo desaparecer, según el pésimo mensaje que ayer, miércoles cuatro de octubre, reprodujeron los medios de comunicación: Ni los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni los ciudadanos afiliados a la organización de redundante nombre -?Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca?- aceptaron concurrir a las reuniones convocadas por la Secretaría de Gobernación para ventilar el intríngulis en que se convirtieron los recientes problemas de la entidad sureña. Todo por no haberlos medido, atendido y solucionado desde su inicio.
La morosidad en pensamiento y en acción del Gobierno de Vicente Fox permitió la permanencia, con agravamiento, de este conflicto bicéfalo, que posiblemente vaya a derivar en un indeseable entronque con otra problemática pendiente y no resuelta: la transición presidencial.
Escudado tras el respeto a la soberanía de los estados, que jamás ha aplicado en el campo de las participaciones fiscales, el Gobierno Federal dejó correr el conflicto magisterial oaxaqueño, de difícil mas no imposible solución y permitió con ello la erupción de otro peliagudo brete: la rebeldía de un grupo de políticos duros -literalmente- quienes aseguran representar a los pueblos oaxaqueños -existen cerca de 600 municipios- que mantienen un gran descontento contra Ulises Ruiz Ortiz, gobernador de aquella entidad.
Nada raro sería que tanto el conflicto magisterial como el político aparecieran perfectamente articulados y operativos el próximo mes de diciembre, al lado de la inconformidad electoral de Andrés Manuel López Obrador, mandamás de la trinidad Por el Bien de Todos. (Tres distintos partidos políticos y un solo objetivo verdadero: la conquista a ultranza de la Presidencia de la República).
No ser entonces por angas o por mangas, sino por un plan preconcebido y concertado, que el conflicto oaxaqueño se vaya a prolongar todavía más. Descontada la crónica parálisis de las autoridades federales, vemos que en el campo magisterial y en la APPO no existe ninguna razón por argüir que justifique la extensión del actual estado de cosas.
Los profesores y los dirigentes de la APPO no van a esconder la intención de injertar sus alegatos económicos y políticos en el movimiento post electoral de AMLO y asociados para unir, dimensionar y revaluar sus propios objetivos con los del tabasqueño. Si los reclamantes obraran con sentido positivo los resultados prioritarios de cualquier concertación con el Gobierno Federal podrían reflejarse, para la Sección 22 del SNTE, en la inmediata regularización de sus demandas económicas y el consiguiente beneficio salarial para los 60 mil profesores de Oaxaca; y la APPO lograría su principal reclamación: la salida del gobernador Ulises Ruiz ya sea por solicitud de licencia, renuncia o desafuero constitucional.
Si la concertación se realizara y tuviera éxito, la capital de Oaxaca retornaría a la actividad económica normal y a la reposición de empleos; la población disfrutaría de la tranquilidad que le fue robada; la niñez podría ejercer su derecho a la puntual y eficiente educación que se le negó por más de tres meses; y los poderes Legislativo y Ejecutivo del Gobierno Federal reivindicarían, para los oaxaqueños y para sí mismos, el Estado de Derecho y la gobernabilidad lamentablemente perdida en este conflicto.
Mas éstas no parecen ser las verdaderas metas de los descontentos. Se han mostrado evasivos, tortuosos en las conversaciones, imprecisos en las conclusiones y puntuales en la consecución de su estrategia para el cierre de calles, la instalación de campamentos, la ilegal detención de ciudadanos inconformes con el paro educativo y demás métodos extremistas de su protesta pública.
El estado de Oaxaca sigue viviendo la incertidumbre de esta encrucijada, sin tener a la vista una solución pacífica y civilizada para sus problemas. No lo merece una entidad respetable por su tradición liberal, por su prestigio cultural y por la eterna belleza de su patrimonio geográfico, arquitectónico e histórico. Ninguna entidad federativa acredita esto, Oaxaca menos que ninguna. Qué injuriosa aparece esta realidad ante la memoria de don Benito Juárez, el esforzado forjador de nuestras mejores instituciones jurídicas.
