Nunca ha sido fácil y menos ahora la tarea de un gobernador. Las entidades federativas, por modestas que sean, soportan la parte proporcional de la pesada carga que lleva el país en materia de Seguridad pública, Educación, empleo y gobernabilidad, capítulo éste que aglutina de muchas maneras a los tres primeros problemas y hace que la acción de gobernar -guiar, dirigir y mandar- se constituya un prioritario deber para cualquier mandatario estatal.
Rebasado el autoritarismo que presidió las funciones públicas en México desde los tiempos porfirianos hasta el año 2000, la autoridad como expresión imperiosa y ejecutiva del poder público ha quedado en desuso ante las protestas populares por cualquier acto oficial a favor de la legalidad y de la paz pública.
Cuando las tremantes, histéricas y masivas expresiones colectivas intranquilizan a la ciudadanía su fracción conservadora reacciona para abrir otro frente de protesta ante el Gobierno, al que recuerda su deber de mantener la paz social y por lo mismo la urgencia de hacer uso de las facultades que autoriza la ley en estos casos, ¿Y cuáles son éstas?
Claro, exigir la observancia de las normas de convivencia social. ¿Y qué dice la Ley sobre eso? En genérico que todas las peticiones y demandas de los ciudadanos en actos públicos tengan lugar sin alteración del orden ni daño personal o en sus bienes contra terceras personas. ¿Y cómo impone el gobierno esta disposición? Con el uso de su autoridad moral y jurídica, y en casos de resistencia por medio de los órganos de seguridad bajo sus órdenes. Y aquí es donde entra la Policía y lanza su grito: ¡Ora si jijos! de la jijurria...
Los sucesos de hace unos días en el municipio de Atenco, Estado de México, ejemplifican la relación de odio que puede llegar a existir entre un segmento del pueblo y los cuerpos policiacos. Y las peligrosas consecuencias de enfrentar, con ánimo de vindicta, así sea legal, a quienes ya se habían visto las caras cuando fracasó el Gobierno de la República con su táctica expropiatoria de tierras ejidales para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
La Ley es el camino, se le ocurrió postular entonces al presidente del país, pero cuando presentó atajos o alternativas de diálogo los opuestos al mega proyecto no los aceptaron. Luego la Policía mostró sus ominosos bastones y las respuestas fueron los machetes. ?Cada vez que el tiempo ha hecho crecer un bastón -filósofó Almutanabbi- el hombre ha puesto una lanza en lo alto del bastón?
Obviamente reculó el proyecto presidencial; Vicente Fox cedió en reversa, horrorizado ante lo que podría pasar si trataban de imponer con violencia lo no logrado con paciencia. Los aviones siguieron elevándose y aterrizando donde siempre y como siempre y los campesinos volvieron jubilosos al trabajo; pero en Atenco quedó sembrado y a punto de fructificar un racimo de peligrosos intocables: después los líderes macheteros fueron cortejados y seducidos por los políticos de la izquierda radical y el EZLN, cuya especialidad histórica es la fabricación de mártires. Y pronto, apenas hace una semana, vimos polvos de aquellos lodos a propósito de unos pequeños espacios de venta en un mercado municipal controlado por el grupo de Atenco.
Quienes osaron usufructuar espacios sin uso fueron secuestrados por los atenquenses en una acción ilegal que la Procuraduría del Estado de México estimó oportuna para imponer la autoridad antes pretermitida. Se hizo el desalojo popular por la fuerza, a la carga, sin medida. Los atenquenses respondieron violencia con violencia y los numerosos policías volvieron a cargar. Saldo lamentable: muchos golpeados, un niño muerto y un policía en estado grave. La Policía encarceló a más de 170 personas que fueron acusadas de organización criminal, las cuales ahora resultan víctimas de atentados a sus derechos fundamentales y por lo tanto propicias a la acción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otras censuras oportunistas, por lo cual no tardaremos en ver que las obligaciones de los gobernadores respecto al orden público y la legalidad van a seguir siendo una materia pendiente de aplicación.
El Estado de Derecho, tan demandado por la sociedad y ofrecido por los candidatos presidenciales, queda siempre en lista de espera, por una u otra razón.
