Suceda lo que suceda en el mundillo de la política, el presidente de la República Vicente Fox Quesada y su Gabinete van a empezar a recoger las pertenencias personales que guardan en las oficinas gubernamentales. La mayor parte del secretariado no repetirá ni con la ingesta de grandes dosis de bicarbonato de sodio.
Es natural que los funcionarios de primer nivel deseen dejar memoria de su paso por la dependencia que les tocó atender, si bien su recuerdo podrá ser positivo o negativo, según las funciones desempeñadas y la sensatez y probidad de los responsables. Sucede también que entre éstos hay quienes consideran otra forma de hacer historia y toman decisiones perentorias en lo que dejan el mando.
El presidente del Tribunal Superior Agrario, licenciado Ricardo García Villalobos Gálvez, acordó cerrar la operación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, en una decisión con una gran carga de intríngulis; no para el señor magistrado, claro está, sino para los miles de coahuilenses cuyo patrimonio depende de su sentido de la justicia...
En el caso, los afectados resultan ser todos los campesinos del estado de Coahuila y a un grado tal que si el gobernador de Coahuila, profesor Humberto Moreira, no protesta con diligencia por el citado acuerdo y tampoco promueve su revocación, nuestros hombres del campo van a sufrir las consecuencias, pues en el Tribunal condenado a desaparecer están ahora en trámite miles de procesos agrarios, de diversa índole, en los que se ponen en riesgo los patrimonios de muchas familias que habitan 789 ejidos, tres comunidades agrarias, 79 nuevos centros de población ejidal y 12 nuevos centros de población agrícola; más otros asuntos de justicia agraria que enfrentan miles de propietarios agrícolas, ganaderos y forestales ubicados en los municipios ubicados en el centro, el norte y en el área del semidesierto coahuilense, a saber: Abasolo, Acuña, Allende, Arteaga, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Frontera, General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Juárez, Jiménez, Lamadrid, Monclova, Morelos, Múzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan de Sabinas, Sierra Mojada, Villa Unión y Zaragoza.
De ejecutarse la anulación del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24, los expedientes que mantenga en trámite se repartirán, para su resolución, entre dos Tribunales homólogos: uno de Torreón y otro de Monterrey. Esto implica que todas las gestiones de las partes en los respectivos procesos serán presentadas y resueltas por estas dos últimas instancias y para tal fin sendos magistrados presidentes habrán de estudiar a fondo caso por caso y analizarán las innumerables actuaciones presentadas por las partes en aras de formarse un criterio de resolución; lo cual no es enchílame otra...
Otra consecuencia será, sin duda, la notificación de acuerdos a las partes, así como la posterior realización de nuevos trámites, para los cual unos y otros deberán concurrir, por sí mismos o por medio de su representación legal, a las oficinas correspondientes -ya en Torreón, ya en Monterrey- a leerlos en los estrados o para consultarlos en los expedientes que obran en la secretaría de acuerdos. Esto se dice fácil, pero resulta difícil y lento de realizar: las distancias no son cosa de juego en Coahuila, sino todo lo contrario. Y la pobreza tradicional de nuestros hombres de campo no les va a permitir costear los necesarios gastos de transporte y alojamiento para presentar sobrevinientes documentos probatorios o información pertinente a su causa.
Ciertamente ignoramos los argumentos que movieron la decisión del presidente del Tribunal Superior Agrario para cancelar el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 24 que atiende actualmente la problemática litigiosa del 90 por ciento de los campesinos coahuilenses, mas no podemos soslayar los perjuicios que les significará ese acuerdo.
El Artículo 17 de la Constitución General de la República prescribe en su segundo y tercero párrafos: ?Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales?.
Así lo hacen ahora, seguramente, los tribunales agrarios, pero la decisión que comentamos deteriora el sentido de gratuidad que el Constituyente quiso aplicar a la justicia en general pero además lesiona en grado sumo la limitada capacidad económica de quienes, por causas diversas, están sujetos a las decisiones del Tribunal Superior Agrario. Obligarlos a viajar para argüir en los juicios en que, general e injustamente son parte ofendida, deviene ofensa accesoria para las clases más necesitadas y merecedoras de justicia: los tribunales deben estar siempre geográficamente accesibles para que todos los mexicanos podamos acceder a la justicia, servicio público reconocido como contraprestación equivalente al pago general de impuestos.
Ojalá y el gobernador Moreira se coloque, como en otros casos, al lado de su gente.
