Hay quienes piensan que los lamentables sucesos del viernes 27 y domingo 29 en la capital de Oaxaca configuran un final feliz para el conflicto político y magisterial ya parece eterno. Pero las soluciones no son fáciles, ni los grupos políticos que las protagonizan son cofrades de Santa Teresa de Calcuta.
El domingo 29 entró la Policía Federal Preventiva al centro histórico de la nueva Antequera y ocupó una parte de las posiciones urbanas ya conquistadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; pero no todas, pues aún están en poder de los ?appistas? los edificios de la Universidad del Estado y la radiodifusora de la casa de estudios, la cual constituye un constante medio de comunicación y convocatoria para los insurrectos de la APPO, de la sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los intranquilos habitantes de la capital oaxaqueña, que ya no saben para dónde hacerse. Así no está resuelto el conflicto.
La decisión del Gobierno Federal al imponer la paz en la capital de Oaxaca por medio de la fuerza pública fue tomada in extremis, cuando falta menos de un mes para que el presidente Vicente Fox deje el poder en las manos del electo Felipe Calderón Hinojosa, quien el uno de diciembre va a recibir un país en una triple situación crítica: social, política y económica. Nadie arrienda las ganancias de esa herencia.
Si continúa el poco confiable e irascible tono de las conversaciones del secretario de Gobernación con los representantes de la sección XX del SNTE y los líderes de la APPO, es posible que el diálogo iniciado mucho después del estallido del conflicto, se alargue hasta el primer día del próximo diciembre o después, visto que constituyen organizaciones fácticas con las que es difícil alcanzar cualquier arreglo, y menos si la extraviada lógica de los maestros llega a invocar la intervención de Andrés Manuel López Obrador, ridículamente llamado ?presidente legítimo de la República?.
Se nos ocurre pensar cómo podría ser que el lópez-obradorismo demandara justicia al Gobierno de Felipe Calderón, si éste es considerado por el Frente Amplio Progresista como un ?gobernante ilegítimo? aunque sea público y notorio su reconocimiento como único y verdadero presidente de la República electo por la mayoría de los ciudadanos en comicios organizados, supervisados y certificados por el Instituto Federal Electoral, y legalmente convalidados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación...
El intríngulis de la falsa situación oaxaqueña es complejo e irresoluble, y no porque los problemas tengan esa característica, sino porque así fueron planteados para jugar al gato y al ratón. Mientras más se muestre obsequiosa y accesible la parte oficial para las demandas de profesores y appistas los arreglos no cristalizarán en hechos, así les cedan la cabeza de Ulises Ruiz o entreguen los muchos millones de pesos que costará la vieja demanda de reubicación de plazas para el profesorado.
El objetivo de los levantados es crear problemas, no solucionarlos. Y que el país se entrampe, y que en la bola se pierda el orden público, y que el nuevo Gobierno encalle en la anarquía. Entonces no quedarán otras soluciones para el poder público que las ya previstas en nuestras leyes: tarde o temprano el conflicto tenderá a hacerse grande y enmarañado, podría haber contagios en otras entidades y el recurso del diálogo -tan inútil en Oaxaca como en otros lados- no será suficiente para arreglar los entuertos. Sólo restará saber de a cómo y de a cuánto les va a tocar a unos y a otros.
Resulta inevitable la defenestración, voluntaria o no, del gobernador Ulises Ruiz. Sería un error que se le erigiera como mártir inocente en esta batahola, pero tampoco puede resultar un triunfador. La dirigencia nacional del PRI y sus diputados necesitan entender que es tiempo de allanar el camino para que el Senado de la República aplique la fracción V del artículo 76 constitucional sobre la desaparición de poderes. A grandes problemas, grandes soluciones, si se busca que prevalezca el Estado constitucional sobre la anarquía social y política.
No debe temer el PRI ninguna deterioro de poder con la salida del gobernador Ruiz Ortiz. Quien lo sustituya puede ser un político oaxaqueño de la divisa tricolor, en la cual deben existir priistas buenos, sensatos y capaces de lograr la reunificación de la sociedad de Oaxaca. No será el actual mandatario el primer gobernador del PRI que saliera de un cargo político que no supo o no pudo ejercer, ni siquiera allí mismo en la nueva Antequera. Y el PRI se fortificará simplemente al evidenciar que el interés de la sociedad va por delante en cualquier conflicto.
Lo que importa ahora, en esta coyuntura, es la tranquilidad de Oaxaca y el encauzamiento de la vida institucional. Se lo merece después de tantos meses de sufrimiento, y de haber perdido tantas vidas de oaxaqueños.
