Varias iniciativas tiene por aprobar o rechazar el Congreso de Coahuila. La más interesante es de la diputada Julieta López Fuentes, quien propone adicionar el Código Civil con un instrumento jurídico de compromiso, atención mutua y solidaridad entre dos personas del mismo sexo que deseen vivir juntas para amarse, protegerse y cautelar sus derechos civiles, sociales y patrimoniales. El tema parece ser tan precavido como polémico, vistas otras experiencias que tienden abiertamente a que el Código Civil reconozca y norme el matrimonio entre homosexuales. Por reformas tan audaces como ésta los ?Estados Unidos? son actualmente ?estados divididos?.
Pero aquí, en nuestro Poder Legislativo, está ya el tema, sin que alguien antes, desde la raíz de la sociedad, lo hubiera planteado o constituyese una demanda exigente de los probables beneficiarios de éste nihil obstat legislativo.
Ya dio su primera lectura del proyecto la diputada López Fuentes, lo que implica que existe interés entre los diputados por discutirla y eventualmente aprobarla.
Lo inquietante es que el nuevo modelo matrimonial responda a una imitación extralógica, simple seguimiento de novedades ahora en boga entre las grandes metrópolis y símbolo de avanzada modernidad para los partidos de izquierda. Verbi gratia: Inglaterra y otros países del Norte de Europa la pusieron en vigencia desde hace varios años. No hace mucho también fue discutida en el Congreso español y devino defendida e impuesta, entre protestas y apoyos populares, por el Gobierno socialista del presidente Zapatero, para disgusto del clero católico. En nuestro país la innovación marcha empujada por el PRD y contenida por el PAN en el seno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Sería beocio negar que el libre intercambio erótico entre individuos del mismo sexo existe de facto, sin legitimación jurídica desde tiempo inmemorial. La homosexualidad es practicada desde los primeros años de la humanidad. Alvar Núñez Cabeza de Vaca cuenta en la crónica sobre la vida de los aborígenes en la Florida que ?hay algunos entre ellos que usan pecado contra natura?. Los filósofos griegos mantenían especial predilección por los efebos. Sócrates los privilegiaba sobre las muchachas e igual debilidad carnal mantuvieron Alejandro Magno y sus temibles generales. Después vino la religión católica y con ella la concepción del pecado y de los pecadores, incluidos los pederastas. Sucedió entonces que los hombres y las mujeres prefirieron ocultar sus preferencias sexuales, pero no interrumpieron sus relaciones.
Ahora, por el contrario, se viven días de generalizada apertura para este fenómeno social y no hay clóset, decoro o pudor (ni siquiera el Sida) que logre tener en total secresía dicha convivencia sexual. Y como su práctica ha subsistido a lo largo de la historia los protagonistas demandan en todo el mundo el reconocimiento social y la protección del Estado al Derecho de vivir su propia vida, pero bajo la Ley.
Seguramente el decreto legislativo no provocará oposición pública si sólo se limita a protocolizar la voluntad de dos personas del mismo sexo que decidan vivir juntas; sobre todo si se prevé que la nueva figura incluya previsiones legales y garantías de observancia para que la pareja pueda crear, administrar y heredar un patrimonio común o individual.
No faltarán quienes pongan tacha a esta innovación legislativa, incitados por un prurito de moralina o en obediencia al ya expresado criterio de la Iglesia Católica sobre el tema, pero cuidado: lo que puede despertar reacciones adversas mayores es que se intente otorgar a los pseudocónyuges la capacidad de adopción para aproximar la unión libre y solidaria de parejas ?gays? a las características tipológicas de una familia común. Este ?plus? no debería ser legislado sin una previa reflexión social multidisciplinaria sobre las consecuencias psicológicas, éticas y sociales que afrontarían, en estos casos, los menores adoptados.
Es de esperar que la protección de los derechos de los menores a vivir en el seno de una familia normal obligue a nuestros legisladores a negar la capacidad de adopción para la unión homosexual. Sería una torpeza pasar por alto que la institución del matrimonio tiene como objetivo esencial la reproducción de la especie, algo biológicamente imposible entre personas del mismo sexo.
Los jueces de lo Familiar suelen ser precavidos al autorizar las adopciones a un matrimonio que no compruebe tener un modo suficiente y honesto de vivir y carezca de la capacidad e intención de cuidar, proteger y educar al menor, empezando con el ejemplo de su propio comportamiento dentro y fuera del hogar. Es decir que se conduzcan en el marco de las buenas costumbres, el trato civilizado, la solidaridad entre los cónyuges, el cumplimiento de sus mutuos deberes y el ejercicio de una paternidad consciente, responsable y afectuosa.
En suma, constituir un paradigma digno de seguir por sus hijos, biológicos o adoptados. El ejemplo empieza desde la constitución del matrimonio entre personas de sexo diferente. Con esta excepción, seamos tolerantes en lo de las uniones solidarias: cada quien su vida y Dios en las de todos.
