Según informan los medios de comunicación los señores diputados estudian muy en serio la reducción del número de regidores -¿y síndicos?- en los Ayuntamientos del Estado de Coahuila. Una plausible tarea que podrá redituar ahorros considerables al erario público municipal, desvalido desde siempre.
Los cargos de regidores y síndicos fueron acrecidos en sucesivas reformas que acometieron algunos precedentes gobiernos estatales para adecuar las normas electorales a los variados intereses políticos demandantes, saldándolas mediante la dación de cargos y concesiones a favor de partidotes y partiditos.
Vistos en montón, los cuerpos de regidores aparecían ominosos y temibles frente a la reducida autoridad o habilidad de los alcaldes; muchos de éstos, sin embargo, usaron su mali$ia y capacidad de conven$imiento para neutralizar cualquier oposición a sus intenciones: ya jurídicas o ya de obras y servicios públicos, o sobre meros caprichos transitorios.
La principal arma de convencimiento que luego se generalizó entre todos, fueron los salarios, gastos, compensaciones y bonos periódicos; éstos, por cierto, verdaderamente escandalosos.
Decían entonces los observadores de la grilla que los políticos sólo sabían restar y dividir, pero en este caso los alcaldes se pusieron a sumar y a multiplicar. Luego, los totales obtenidos y los cardiacazos de sus tesoreros municipales, los hicieron pensar y apreciar lo oneroso que resulta un cuerpo edilicio sobrerrepresentado y sobreasalariado.
Por falta de recursos a los señores presidentes municipales les ha de haber caído como anillo al dedo la proposición de la diputación del Partido de la Revolución Democrática que se reduzca el número de regidores para los cabildos municipales, por lo cual resulta fácil pensar que proyectan impulsar la iniciativa del diputado Lorenzo Dávila en esa dirección; sin embargo, las reformas no deberían limitarse a la disminución de regidores en cada Ayuntamiento, sino ir hacia una radical e ingente transformación.
Yo propondría las siguientes líneas: Primero: la elección de los regidores no debería hacerse por planillas, sino en forma individual. Así cada candidato a regidor aspiraría a representar la demarcación, distrito o circunscripción municipal en que tuviera su domicilio. Si Saltillo o Torreón requiriesen ocho o diez regidores la autoridad electoral tendría que convocar a la elección de ese número de ediles: uno para cada segmento urbano, después de dividir la población en diez circunscripciones electorales.
Los partidos podrían presentar candidatos a cada una de esas regidurías. No más aquel viejo, hoy injustificado, concepto de posesiones o posiciones, que eran propiedad de las corporaciones o de los sindicatos. La idea es que los regidores puedan recibir el mandato de los vecinos de una demarcación para que se constituyan en gestores de sus demandas y necesidades ante cada Ayuntamiento, ante el presidente municipal o ante el síndico. Y si se quiere y se necesita ante la misma sociedad. El síndico primero podría de asumir plenamente la representación legal del Ayuntamiento, defender los intereses del Municipio y vigilar el cumplimiento de la Ley y el trabajo de las comisiones. Este funcionario se elegiría, igual que el alcalde, por todos los ciudadanos empadronados del municipio, ya que su desempeño atañe a toda la población.
Un segundo síndico habría, como hay, dedicado a ciertas otras funciones y quizá como suplente del síndico primero.
Los regidores podrán ser parte, así mismo, de una o varias comisiones de las establecidas en el Código Municipal; aunque su misión de representar a los barrios, a la demarcación municipal por la que hayan resultado electos y la necesidad de estar vigilantes de la solución de los problemas dará a cada cual un quehacer positivo y constante que la población agradecerá. Nada hay que desespere más a un ciudadano que no tener cerca de sus necesidades y problemas a un funcionario capacitado para ayudar a resolverlas. Este hacer consuetudinario sería mucho mejor que el actual sistema de conciliábulos en que entretienen sus ocios sin beneficio para la colectividad.
Los Ayuntamientos dejarían de ser corporaciones ineficaces que buscan más la satisfacción de intereses personales y políticos, que la atención a los problemas de la comunidad; han sido aptos para acompañar a los alcaldes en las ceremonias protocolarias y poco pertinentes y asertivos para los trascendentes asuntos de la comunidad.
Podrían. por el contrario, integrar un cabildo representativo, conciente y responsable de sus facultades legales y de su propia capacidad decisoria como apoderados de la ciudadanía; ejercerían una mayor libertad de opinión y acción y no volverían a ser los convidados de piedra que han sido hasta ahora, explotados por la habilidad política de los alcaldes o anulados por el mayoriteo de votaciones durante las juntas de cabildo.
Bien conducidos, los Ayuntamientos actuarían por mandato de los electores y no bajo el imperio de la ligereza. Si cada sitial del Ayuntamiento pudiera ser ocupado por un ciudadano responsable, de criterio independiente, terminarían los excesos que han propiciado el desorden financiero, administrativo y político en muchas Administraciones. Así los regidores podrán regir, en la mejor acepción del verbo.
