Hace algunas semanas un reportero de El Diario se enteró de la existencia de un caso de Sida en San Juan de la Vaquería, una comunidad ejidal del sur de Saltillo. En dicho poblado opera un restaurante que sirve como cantina, tiene anexos y es servido por mujeres. El periodista entrevistó a la encargada del “negocito” y ésta confirmó la noticia: Sí, dijo, parece ser Sida, pero nadie lo ha investigado y la mujer sigue “trabajando”.
El mismo reportero fue después a la Secretaría de Salud Pública y al Ayuntamiento de Saltillo. Directores de alto nivel, en ambas instituciones, restaron importancia a la denuncia y ni siquiera se comprometieron a certificar si existía la citada enferma de Sida o era solamente una versión sin comprobar.
“No podemos tomar el problema, carecemos de inspectores, no es de nuestra competencia” coincidieron ambas dependencias; y se deslindaron de averiguar, aislar y medicar, en su caso, a la susodicha afectada por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Es cosa del Municipio, afirmaron en la Secretaría de Salud de Coahuila. Es cosa de Salubridad, replicaron en el Ayuntamiento. Es cosa de responsabilidad, pensamos nosotros...
Por otra parte, hace algunos días un funcionario de la Secretaría de Salud de Coahuila declaró al periódico Palabra, que la carne de burro podía ser libremente comerciada y adquirida para consumo humano.
Cuando el reportero interrogó al declarante si existía alguien en la dependencia que inspeccionara la matanza de asnos y certificara el buen estado de la carne. “No, nadie, y nada podemos hacer, dijeron, pues rebasa nuestras facultades; en todo caso carecemos de presupuesto para pagar a un inspector. Compete a la Procuraduría del Consumidor o del Ayuntamiento, quizá caiga en el área de la Secretaría federal de Comercio o puede que sea un asunto de la Canaco de Saltillo”.
Item más: es de conocimiento general que existe una disposición legal que impide el funcionamiento de expendios de bebidas alcohólicas a menos de cien metros de una iglesia, escuela, edificios oficiales o centros de trabajo y sin embargo, vemos cómo operan muchos “negocitos” a menores distancias; sólo los funcionarios municipales parecen ignorarlo. Aclaran que los permisos operantes los dio la Administración anterior y aún ésta podrá decir que fue la anterior de la anterior hasta llegar al más pretérito de los pretéritos. Por eso hay tantos expendios de cerveza, vinos y licores en la zona urbana y aún en las carreteras federales, contra la disposición expresa de la Ley de Vías Generales de Comunicación y con la omisión de vigilancia de la Policía Federal de Caminos. Además, como se puede corroborar fácilmente, los “negocitos” ya están apoderados de las áreas rurales, donde la ignorancia, la pobreza y el alcohol hacen muy mala mezcla.
Desde hace mucho tiempo se observa que algunas autoridades prevarican sus deberes. Nadie asume el compromiso de señalar y perseguir las lacras que deterioran a nuestra sociedad. Es una confabulación virtual, amplia y compleja, que favorece a la ilegalidad. Los empleados y funcionarios públicos se sacuden las obligaciones como si fueran polilla o comején; pero no renuncian a los cargos, ni rechazan los honores, ni se niegan a las prebendas y mucho menos desdeñan los sueldos y los bonos que reciben.
Aquí caemos en otro tema, del que se habla casi a diario: el abuso de poder que significan los “ahorros” procedentes de fondos públicos que se reparten los senadores y diputados federales, algunos funcionarios, los diputados locales y los miembros de los cuerpos edilicios. Esto repugna a la sociedad que condena el saqueo de fondos fiscales en beneficio de unos cuantos privilegiados. Y nadie toma la iniciativa de prohibirlo mediante la acción de la Ley. Los beneficiarios se aprietan la nariz y se hunden en el magma del silencio. “Lo estudiaremos en el próximo período de sesiones” dicen los legisladores, pero ¿por qué no en el actual? repreguntamos los ciudadanos.
Es cuestión de ética pública, aunque ya sabemos que citar responsabilidades morales es igual que arar en el desierto. Es posible que en el ejido donde se detectó un caso de Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida exista ya una red de contagio; ahora mismo todos podemos empezar a comer carne de burro sin darnos cuenta. El alcoholismo y la prostitución se extienden cada vez más en las ciudades y en el medio rural, ante la indiferencia de las autoridades y el contento de la manga muy ancha que concede patentes de bebidas alcohólicas.
La permisividad es una simple inacción: dejar hacer y dejar pasar por comodidad o conveniencia todo lo molesto, todo lo irregular. Pero el hecho de que una autoridad no atienda las quejas ni acate las obligaciones legales que conlleva cada cargo público, eso constituye un ilícito previsto por el código penal. Así pues, si prevaricar es un delito. ¿Por qué no se persigue?..
