EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- Un acuerdo de los líderes parlamentarios del PAN y PRI en el Senado impidió que esa Cámara declarara ayer improcedente la desaparición de poderes en Oaxaca, como lo pidieron desde agosto varios ciudadanos vinculados con los maestros y organizaciones que exigen la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
El senador del PRD, Ricardo Monreal, denunció que con esa maniobra legislativa se pretendía engañar a los representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) que negocian con la Secretaría de Gobernación la solución al conflicto político y social en ese estado.
El pasado primero de agosto los ciudadanos Israel Ezequiel Lázaro Serna, Gilberto Hernández Santiago, Sonia Fuente Villalópez, Samuel Hernández Morales, Alejandro Eleazar Cruz López, Jorge Albino Ortiz y José Alberto García Raymundo pidieron al Senado ejercer su facultad constitucional para declarar la desaparición de poderes en Oaxaca y nombrar un gobernador provisional.
Sin embargo, el 16 de agosto, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Gobernación del Senado, que aún era de la LIX Legislatura, dictaminó que los documentos que presentó ese grupo no aportaban elementos para hacerlo.
El dictamen ya no se presentó al pleno del Senado en los días restantes de la anterior legislatura y se dejó el asunto a los nuevos senadores.
La Gaceta Parlamentaria del Senado publicó ayer el dictamen en el sentido de no declarar la desaparición de poderes en Oaxaca, pero el asunto nunca se presentó ante el pleno de la Cámara durante la sesión, lo que provocó un enérgico reclamo del senador Monreal, quien además intentó infructuosamente que se debatiera el tema.
En entrevista, el vicepresidente de la Mesa Directiva, Ricardo Torres Origel, explicó que los coordinadores parlamentarios habían determinado, junto a la Mesa Directiva, diferir la presentación del dictamen por prudencia, debido a las negociaciones que se realizan con los dirigentes de la APPO.
Sin embargo, el senador perredista Ricardo Monreal declaró, por separado, que se trata de un engaño a la APPO porque la decisión de no declarar la desaparición de poderes como lo exigen los maestros y las organizaciones civiles de Oaxaca ya está tomada desde la anterior Legislatura.