El sindicato de mineros explicó que el tratado de extradición entre México y Canadá contiene cláusulas específicas que impiden la detención provisional de Gómez Urrutia. Según estas cláusulas la detención provisional y la extradición "no pueden tener lugar cuando se funda en delitos políticos o tengan relación con hechos políticos".
MÉXICO, D.F.- El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros aseguró que no procede la detención provisional para efectos de extradición de Napoléon Gómez Urrutia, debido a que el tratado suscrito entre los gobiernos de México y Canadá en esa materia establece que dichos actos no pueden llevarse a cabo cuando se fundamentan en "delitos políticos" o cuando estén relacionados con hechos políticos".
A decir de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana que respaldan a Gómez Urrutia, la persecución en su contra obedece a cuestiones políticas.
En tanto, el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, manifestó que el asunto relacionado con Napoléon Gómez Urrutia dejó de ser laboral y ahora corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las Secretarías de Hacienda y Relaciones Exteriores hacer lo necesario para que rinda cuentas en México.
En conferencia de prensa en los Pinos, el funcionario señaló: "Nosotros lo único que sabemos es que hay siete mil trabajadores que no les ha tocado su parte proporcional de los 55 millones de dólares que recibió el sindicato hace año y medio". Dijo que saber el destino de ese dinero y conocer el paradero de Gómez Urrutia "no me toca a mí averiguarlo".
Ayer por la tarde, en un comunicado de prensa, el sindicato explicó que, de acuerdo con el abogado Mariano Albor, el tratado de extradición entre México y Canadá contiene cláusulas específicas que impiden la detención provisional de Gómez Urrutia.
Explicó que ambos países establecieron que la detención provisional y la extradición "no pueden tener lugar cuando se funda en delitos políticos o tengan relación con hechos políticos".
El gremio insistió en que "el ataque sistemático de las autoridades federales al derecho de huelga que los mineros han ejercido con plenitud constitucional, son motivo suficiente para dejar en la evidencia que Napoléon Gómez Urrutia es un perseguido político y que se han aprovechado las instituciones penales para armar artificialmente acusaciones en su contra".
