La ciudadanía no debe tolerar que los gobiernos, elegidos y mantenidos por ella, realicen obras de mala calidad, por la sencilla razón de que el dinero con que se ejecuta proviene de sus bolsillos.
El poblador común -un profesionista, un albañil, una secretaria, un comerciante, un obrero, por ejemplo-, trabaja mínimo ocho horas diarias para conseguir el sustento y hacerse de los bienes necesarios para tener una vida digamos decente: un lugar dónde vivir, alimento qué comer, ropa qué vestir, procurar para sí mismo y para los suyos educación y salud, y contar con medios de transporte y de comunicación. Es decir, cosas hoy indispensables.
Pero una buena parte de su percepción diaria, semanal, quincenal o mensual, es desviada de su destino original para el pago de los impuestos federales, estatales y municipales. Dicha aportación pesa y merma la economía personal y/o familiar pero, como es una obligación, no puede sustraerse de hacerla. El consuelo que le queda al ciudadano es que ese dinero se vea reflejado en acciones de Gobierno que ayuden a mejorar el nivel de vida de la comunidad y en obras que hagan de su ciudad un lugar cada vez más habitable y transitable.
Desde el momento de cumplir con su obligación, el contribuyente tiene todo el derecho de exigir a los gobernantes, primero, el análisis profundo de las necesidades de la población; segundo, la elaboración de proyectos acordes a dichas necesidades, y, tercero, la ejecución eficaz y eficiente de las obras.
Drenaje, pavimentación, agua potable, electricidad, alumbrado público, servicio de limpieza, transporte, hospitales, escuelas, semáforos, puentes y vialidades rápidas, son las demandas frecuentes de la ciudadanía de cualquier municipio. Sí, son muchas, tantas como las carencias, pero si, como es lógico, las autoridades en turno no son capaces de satisfacerlas todas, por lo menos deben garantizar que lo poco que hagan esté bien hecho. Pero, lamentablemente, la mayoría de las veces ni siquiera esto sucede.
En Coahuila, hay buenos ejemplos de ello: el Distribuidor Vial Revolución (DVR) en Torreón, y en Saltillo, el puente vehicular Otilio González. Estas dos estructuras viales han conseguido que el estado forme parte de la estadística nacional de entidades con obras públicas mal hechas, según la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana. Tanto en el DVR como en el puente Otilio González, se gastan ya más recursos de los programados debido a las correcciones que requieren.
Pero hay otros casos. Tanto el Gobierno Estatal como el Municipal han invertido en la elaboración de estudios y proyectos para modernizar el caótico y deficiente transporte colectivo, sin que hasta el momento se observe mejoría sustancial. En esta ciudad se realizó con recursos federales, estatales y municipales la ampliación a ocho carriles del Periférico Raúl López Sánchez, el cual, una vez inaugurado, tuvo que ser cerrado porque los “detalles” que quedaron pendientes, provocaron accidentes fatales. También hay que recordar las inversiones que se han hecho en el drenaje pluvial del oriente de la ciudad sin que el problema de las inundaciones haya sido abatido.
Paralelamente a la disminución del erario que traen consigo los errores o negligencias en la ejecución de obras, se merma la confianza del ciudadano en la aplicación de su dinero por parte de los servidores públicos, de la misma manera que se incrementa la incertidumbre de la sociedad frente a todas las acciones de Gobierno. Además, como se ha visto, muchas fallas representan un riesgo para la vida de las personas a las que, paradójicamente, se supone deben beneficiar.
Es por eso que la ciudadanía tiene que exigir que se castigue a los responsables de las deficiencias en las obras construidas, así como demandar la transparencia total en la aplicación de los recursos públicos. De lo contrario, el contribuyente seguirá siendo testigo de cómo el dinero utilizado para pagar los impuestos, y conseguido a base de su esfuerzo diario, termina muchas veces en la basura por culpa de una Administración ineficiente.
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