Creo que la congruencia es una de las normas fundamentales de la vida.
No debemos andar por ella diciendo una cosa y haciendo otra.
Sin embargo, a cada paso nos encontramos con actitudes incongruentes. Personas que se llaman a sí mismas honestas e incurren en grandes actos de deshonestidad.
Otras más que se dicen profundamente cristianas, en específico católicas. De esas que de cuando en vez que uno acude a esos ritos, las ve encaminarse a comulgar con una mirada de profunda humildad y luego resulta que son en verdad déspotas y groseras con su familia y empleados.
Las hay que forman parte destacada en asociaciones de caridad, pero les niegan a sus trabajadores el justo salario y los hacen trabajar horas extra sin ninguna retribución y aún en días como el de Navidad hasta bien entrada la noche.
Las hay también que se desempeñan en el servicio público, pero no tienen ni noción de lo que es éste, porque actúan con prepotencia e incurren constantemente en abusos de autoridad.
Casos genéricos de incongruencia podríamos seguir citando muchos. Pero creo que con unos cuantos basta para justificar que mientras nos conduzcamos de esa manera seremos un pésimo ejemplo para las nuevas generaciones.
Pienso que esto mismo le sucede a ciertos medios de comunicación o concretamente a algunos periodistas y comunicadores.
Durante meses fuimos testigos de la forma en que integrantes de la APPO se comportaron en el conflicto de Oaxaca, saqueando, robando, destruyendo, incendiando y hasta golpeando y asesinando.
Ellos detenían, juzgaban y sentenciaban a sus enemigos políticos y sin embargo lo hacían impunemente.
No soslayo, dicho sea de paso, la irresponsabilidad de un gobernador como Ulises Ruiz que tercamente se aferra al cargo, pudiendo con su retiro abrir una puerta de solución al conflicto.
Pero lo cierto es que era verdaderamente lamentable ver cómo, cual modernos atilas, los de la APPO arrasaban con cuanto se interponía en su camino sabedores de que nada abría de pasarles.
Ante tal escenario, muchos manifestamos nuestra inconformidad ante las autoridades locales y federales, que permitían tantos desmanes.
Cada semana eran mayores los daños que causaban y más grande la impunidad y suficiencia con que se conducían sus líderes.
Los medios de comunicación clamaban por una solución o cuando menos la imposición del principio de autoridad.
Llegó el momento en el que a la autoridad no le quedó de otra más que aplicar la ley, aunque lo haya hecho tardíamente.
Los que algo debían tenían que pagar. Y así se detuvo a 141 personas, en primer término y después a Flavio Sosa y acompañantes. Unos fueron detenidos in fraganti. Otros tenían órdenes de aprehensión federales o locales.
Ante tales actos de autoridad, uno esperaría el respaldo unánime de los medios y comunicadores a las acciones largamente esperadas por la sociedad.
Pues no fue así. No pocas voces y medios denunciaron que la autoridad había actuado con exceso y hasta con traición.
La verdad, yo no podía creerlo cuando lo leí. Destacados periodistas y ciertos medios en sus espacios periodísticos reaccionaron contra la autoridad federal.
El colmo fue cuando leí que habían detenido a “luchadores sociales”.
¡Qué incongruencia! Ahora resultaba que la autoridad, que había actuado en el sentido en que la sociedad lo exigía, era censurada por aplicar la ley.
¿Cómo puede ser considerado luchador social aquel que para defender su causa violenta el derecho de otros?
¿Cómo puede ser que le exijamos a la autoridad que actúe y cuando lo hace la critiquemos por haber actuado?
Por eso avanzamos tan lentamente. Porque nos negamos en forma sistemática a aceptar el imperio de la ley y el orden.
Algunos en la superficie, pero otros en el fondo, somos una sociedad de incongruentes.
