AGENCIAS
MÉXICO, DF.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal reveló que sólo tres elementos de más de 600 que participaron en los operativos de San Salvador Atenco, son investigados por el Consejo de Honor y Justicia de la Policía Federal Preventiva (PFP), por las abusos de autoridad cometidos contra los detenidos.
Mientras que 67 policías federales acudirán ante las autoridades judiciales del Estado de México, como agraviados por las agresiones que sufrieron por parte de los pobladores durante los enfrentamientos.
Esta es la respuesta oficial que dio la PFP a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ante la solicitud del organismo que investiga las quejas presentadas por los 207 detenidos en los operativos del tres y cuatro de mayo pasados, ante las presuntas violaciones a las garantías de los aprehendidos, así como por las acusaciones de abuso sexual de las mujeres aseguradas.
La Policía Federal reiteró ante el organismo que la intervención de sus elementos en los hechos, que se originaron por el retiro de floricultores, tienen sustento constitucional y legal, además de que “se acredita que la absoluta mayoría de los elementos de la corporación que participaron en los referidos sucesos cumplieron con su deber, acatando plenamente las normas”.
A través de un comunicado, la PFP informó que en el informe enviado a la CNDH, se reiteró que “ningún elemento policial portaba armas de fuego, sólo su uniforme y equipo antimotín”, durante los operativos.
Además de que “no cuenta con evidencias de que algún elemento de la corporación haya atentado contra la integridad de alguna de las mujeres detenidas. De haberlo, la propia institución promovería que se le sancionara”.
De hecho, en la investigación interna que inició la PFP a través del Consejo de Honor y Justicia para determinar si alguno de los elementos, de un total de 628, incurrieron en violaciones al reglamento, sólo tres están sujetos a un procedimiento administrativo.
Mientras que 51 policías federales han acudido ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, para rendir su testimonio como agraviados por las agresiones sufridas por los pobladores durante los enfrentamientos en San Salvador Atenco, y 16 uniformados más comparecerán en los próximos días.
Por su parte, los abogados del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad presentaron dos amparos, uno contra secuestro equiparado y el otro contra ataque a las vías de comunicación, informó ayer la defensa de 100 de los 207 detenidos en el caso San Salvador Atenco.
En conferencia de prensa realizada el día de ayer en el Club de Periodistas, los abogados Juan de Dios Hernández y Pedro Raúl Suárez Treviño denunciaron “la violación masiva y sistemática de las garantías individuales, de los derechos humanos y de todas las normas fundamentales vigentes en el país y la vulneración del Estado de Derecho”.
Resaltaron las detenciones ilegales, cateos y allanamientos en domicilios sin órdenes judiciales, suspensión de garantías individuales, redadas masivas con detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas a todos presos politicos y violencia sexual en contra de 45 de las 47 mujeres detenidas, reclusión en el Penal de Santiaguito en conciliación y sin informar la causa de la detención, imposición arbitraria de licenciados de oficio, simulación de actos jurídicos, ocultamiento de información para procedimiento penal y la negación sistemática de atención médica a los presos.
Por otra parte, informaron que las denuncias de violencia sexual contra las detenidas se ha demorado debido a que las mujeres solicitan la revisión médica de peritos independientes; sólo así aceptarán la revisión de médicos legistas de la Procuraduría General de la República.
Bárbara Italia Méndez, una de las mujeres agredidas sostuvo que la negativa de las autoridades para aceptar a sus peritos tiene el propósito de dejar pasar el tiempo para que las huellas físicas de la tortura desaparezcan.
